El mayor pago de impuestos y los efectos cambiarios presionaron los resultados de la petrolera.
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Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), afirmó que Pemex debería aportar recursos a las arcas públicas debido a que el petróleo es propiedad de todos los mexicanos: “se expropió para que contribuyera al desarrollo del país, cosa que no está sucediendo, pues ahora somos los mexicanos quienes estamos salvando a Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante apoyos fiscales y aportaciones gubernamentales”, aseguró.
Al respecto, el investigador de México Evalúa, Jorge Cano, señaló que Pemex está generando menos ingresos para el Gobierno Federal, una tendencia que, según probablemente continuará en los próximos años si la administración de Claudia Sheinbaum mantiene la estrategia de reducir la carga fiscal y cobrar menos impuestos.
Asimismo, explicó que, como empresa estatal, la renta petrolera de Pemex se divide en dos partes: una se destina al Gobierno Federal para financiar políticas públicas, programas y obras, mientras que la otra parte permanece en Pemex.
Destacó que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la proporción de la renta destinada al gobierno ha disminuido, con cada vez más recursos siendo retenidos por Pemex para pagar su deuda, costos e inversiones.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportan que, en la primera mitad de 2024, los ingresos de Pemex ascendieron a 547 mil 199 millones de pesos. De esta cantidad, Pemex retuvo el 83 por ciento, lo que representa 455 mil 479 millones de pesos, mientras que el 17 por ciento restante; es decir, 91 mil 719 millones de pesos se destinaron al Gobierno Federal, la cantidad más baja para la Federación desde 1990.
En contraste, a finales del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto en 2018, Pemex retuvo el 44 por ciento de la renta petrolera, mientras que el 54 por ciento se entregó al Estado.
De acuerdo con Diego Díaz, director de finanzas públicas en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Pemex recibió condonaciones que suman 267 mil 300 millones de pesos entre 2019 y 2023, además de 500 mil millones de pesos por la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) en 2020 y 2023.
Concluyó que, en total, la petrolera recibió 767 mil 300 millones de pesos en estímulos fiscales durante este sexenio, lo que, sumado a las aportaciones de capital del gobierno, supera los 1.81 billones de pesos en apoyos, los cuales no han alcanzado el objetivo previsto, ya que la producción de Pemex sigue estancada y sus finanzas deterioradas.
El mayor pago de impuestos y los efectos cambiarios presionaron los resultados de la petrolera.
El incidente, detectado el martes, es el noveno de 2026 en la región, reavivando la exigencia de soluciones por parte de las comunidades locales.
Ejército, Guardia Nacional y personal de Pemex aseguraron un inmueble donde fueron localizadas pipas, tanques y maquinaria; la FGR mantiene abierta la investigación.
El hidrocarburo superó las estimaciones de la Secretaría de Hacienda.
Los ayuntamientos rechazaron autorizar el uso de explosivos para actividades de exploración petrolera y advirtieron que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla reactivar la evaluación de yacimientos mediante fracturación hidráulica.
Falta de infraestructura y altos costos logísticos afectan la capacidad de los establecimientos para apegarse al acuerdo.
La agencia advirtió que la petrolera mexicana es la más débil en América Latina.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.
La petrolera atribuyó el incidente a la inundación de sistemas de drenaje por lluvias atípicas.
Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
57.8% de las personas privadas de la libertad contaba con sentencia, equivalente a 133 mil 714 personas, mientras que 42.2%, es decir 97 mil 722, permanecía sin sentencia.
La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.
El proceso por violencia familiar continúa y podría resolverse mediante una salida alterna.
Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.
El delito se persigue de oficio y este martes se definirá si enfrenta el proceso en libertad mediante una posible suspensión provisional.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.