El Gobierno adjudicó el 90 por ciento de las acciones por 340.2 millones de dólares a un consorcio privado; el 10 por ciento restante seguirá en manos de los argentinos.
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La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) dio a conocer que, en el país, por lo menos el 30 por ciento de las gasolinas que se venden están adulteradas.
Al respecto, la presidenta de la AMPES, Alicia Zazueta, señaló que esta actividad ilegal se efectúa luego de que el producto se adquiere a Petróleos Mexicanos (Pemex), en alguna de las fases de la cadena de valor, o bien a los importadores, ya que pasa por los comercializadores y distribuidores.
“Tenemos una problemática nacional de combustible adulterado. Se ha cuantificado, cerca del 30 por ciento de las gasolinas que se distribuyen y venden en México tiene adulteración con otros alcoholes”, manifestó.
Explicó que la adulteración las “hacen en tránsito, en carreteras, porque es una manera más sencilla de que en el camino puedan violentar los sellos, adulterarlos (los combustibles) y luego volver a colocar los sellos. En algunos casos, cuando se importa el producto (el adulteramiento) se hace en los carrotanques, en instalaciones de trasvase”.
Asimismo, agregó que en todo el país sólo existen seis laboratorios que verifican la calidad del combustible; por lo que no todas las gasolinerías están cumpliendo con la norma 016 y recurren a las prácticas ilegales.
Indicó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la dependencia que debe aplicar diversos cambios a la norma 016, con el fin de que se puedan detectar algunos alcoholes que se mezclan con las gasolinas para rebajarlas.
Cabe destacar que la práctica de combustible adulterado provoca: pérdidas de los ingresos fiscales, averías de los automóviles, competencia desleal; así como daños al medio ambiente y la salud.
Ante este panorama, el Gobierno Federal decretó de manera temporal la importación al país de algunos petrolíferos que se usaban para alterar la gasolina y el diésel, medida que, dijo, ha ayudado a disminuir el problema desde octubre de 2023; sin embargo, no ha sido erradicado.
El Gobierno adjudicó el 90 por ciento de las acciones por 340.2 millones de dólares a un consorcio privado; el 10 por ciento restante seguirá en manos de los argentinos.
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Escrito por Brenda Perú Hernández
Colaboradora