El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) obtuvo un nuevo préstamo internacional de 12 mil millones de dólares (mdd) para continuar el “rescate financiero” de Petróleos Mexicanos (Pemex), infructuosamente intentado desde hace siete años con presupuesto anual y créditos sumados a la deuda pública, duplicada desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumiera el poder en 2018. 

Los 12 mil mdd resultarán insuficientes para cubrir los próximos pagos en 2025 y 2026, cuyo sostenimiento de deuda de la empresa al cierre de esta edición, ya alcanzaba 121 mil mdd; 100 mil mdd en débitos financieros y 21 mil mdd en facturas no pagadas a proveedores, según las auditorias de analistas y calificadoras. 

Los pagos a cubrir en 2025 alcanzan los nueve mil mdd, cantidad reconocida por la presidenta Claudia Sheinbaum cuando oficializó el préstamo; y para 2026, el gobierno de la 4T deberá cubrir unos 18.7 mil mdd, según calcularon analistas especializados, como Enrique Quintana.

“Si bien la transacción anunciada busca reducir las presiones inmediatas de deuda, esta ayuda no cubre todos los pasivos financieros y operativos de corto plazo de Pemex”, expuso el pasado 23 de julio la firma calificadora de crédito internacional, Standard and Poor’s (S&P). 

Los 121 mil mdd de la deuda de Pemex incluyen el débito de 21 mil mdd, al corte de marzo, equivalentes a 404 mil millones de pesos (mdp) con empresas proveedoras y contratistas.

Al inicio de 2025, Pemex debía 551 mil mdp, pero el Gobierno Federal pagó 147 mil mdp al primer trimestre del año con ese saldo pendiente de 404 mil mdp, aunque se está incrementando.

Al cierre de esta edición, analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) actualizaron la cifra del adeudo de Pemex con proveedores y contratistas al primer semestre de 2025, e informaron que alcanzó 430.5 mil mdp, monto “18.8 por ciento mayor al reportado al 30 de junio de 2024”, cuando ascendió a 362.5 mil mdp, revelaron.

En el mismo sentido, la paraestatal adeuda incluso a empresas de la construcción, como ha reclamado la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). En este caso, los adeudos de Pemex con empresas de ese sector económico representan una cantidad superior a los siete mil mdp.

Según advirtieron analistas, aparentemente este préstamo de 12 mil mdd sería el primero de otros que se necesitarán para cubrir los gastos más urgentes y sostener a Pemex, que se cargarían también a la deuda pública mexicana.

Con el préstamo se busca sostener el magno débito de la petrolera más endeudada del mundo, que sigue en condiciones de “quiebra técnica”, no formalizada por ser propiedad del Estado y muy lejos de su antiguo esplendor productivo y financiero.

A pesar de los intereses pagados durante siete años de gobierno de la 4T, el monto central de 100 mil mdd de la deuda financiera de Pemex es prácticamente el mismo que en 2018, porque en el informe de resultados del 27 de febrero de 2018 se indica que, al 31 de diciembre de 2018, debía 105.8 mil mdd.

Y si se comparan las deudas de la petrolera con proveedores, en 2018 y 2025, destaca un incremento de 13.5 mil mdd porque, al cierre de 2018, el total era de 7.5 mil mdd; y en 2025, es de 21 mil mdd.

Son diversas las fuentes de ingreso que el gobierno pasado ha utilizado desde 2018 para tratar de “rescatar” a Pemex, en realidad, para mantenerla artificialmente a flote, porque la empresa está perdiendo dinero, carece de recursos propios para invertir y sostiene una magna deuda que no puede pagar.

Bertha Gómez, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda (SHCP) informó, el 30 de julio, que en el presupuesto federal para 2026 se abrirá una nueva partida oficial de recursos para Pemex.

La cantidad se definirá en la iniciativa presupuestal que en septiembre próximo enviará la Presidenta al Congreso de la Unión; mientras, en el plan del gasto federal de 2025 se le asignaron 136 mil mdp, monto que se incrementaría para 2026.

A esa abultada cuenta se suman los 2.2 billones de pesos (bdp) que AMLO ordenó transferir a Pemex entre 2018 y 2024, que fueron 1.16 bdp en aportaciones y 1.07 bdp por reducciones en sus pagos de “derechos” (impuestos especiales), de acuerdo con datos de la organización México Evalúa; todo esto se efectuará sin alcanzar el “rescate financiero” de la petrolera. 

Pensiones costosas 

Otro aspecto resaltado por los especialistas como negativo en la administración de Pemex, corresponde a sus pensiones, las más altas del país en condiciones y montos, que superan los 100 mil pesos mensuales.

“Uno de los grandes problemas, del que también los inversionistas se han quejado, es que Pemex tiene un régimen de pensiones muy alto; si hace una reforma, o se modifican esas pensiones, podría ser benéfico, porque hay pensiones estratosféricas, y ahí se escapa mucho dinero de Pemex”, expuso a buzos el analista económico y financiero Kristóbal Meléndez.

De hecho, el 22 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que Pemex paga al año 90 mil mdp en pensiones, por lo que su gobierno efectúa una “revisión a fondo”, porque son “muy exageradas”; aunque solamente se revisan las del personal de confianza y no de los agremiados al poderoso sindicato petrolero.

Entre tanto, se realizan negociaciones entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que está exigiendo incrementos salariales y mejoras en las prestaciones laborales.

Costos para los mexicanos

Un problema social grave, analizado por especialistas, consiste en que el rescate de Pemex no solamente eleva la deuda externa, sino que absorbe, “como esponja,” recursos públicos del presupuesto federal que deberían destinarse a aspectos más urgentes, como rehabilitar los servicios nacionales, cada vez más deteriorados.

Es el caso de los sistemas públicos de salud, educación, seguridad pública, procuración de justicia, fiscalías y policías locales; infraestructura básica, o para el adecuado y suficiente suministro de agua potable.

Además, el dinero público destinado a subsanar las deficiencias financieras de Pemex también proviene de préstamos que finalmente engrosan la deuda externa o “soberana” en perjuicio de la estabilidad económica del país y de todos los mexicanos. 

“Optar por una estrategia centrada preponderantemente en las empresas del Estado implica dejar de lado otras posibilidades: cada peso que el gobierno destina a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un peso que deja de invertirse en salud, educación, infraestructura o transición energética”, puntualizó Víctor Gómez Ayala, especialista financiero de la organización México, ¿Cómo vamos? en un análisis del ocho de julio. 

Decisiones cuestionables 

En las condiciones actuales de Pemex, el beneficio otorgado a la población “ya es muy reducido”, lamentó a buzos Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa. El analista señaló que tal y como está hoy, “Pemex representa más un costo que un activo para el gobierno”. Representa una presión financiera, “ya que el gobierno está obligado a hacerle transferencias constantes…y con la presión de más obligaciones en salud, educación, seguridad; una población creciente que presionará por el pago de pensiones; una población que está envejeciendo que va a presionar también el gasto en salud”, explicó a este semanario.

“Hemos visto que, en términos netos, la aportación de Pemex al gobierno es prácticamente nula; por un lado, los ingresos petroleros que recibe el gobierno para financiar el gasto público se han disminuido por la reducción del pago de impuestos (de la empresa) y, al mismo tiempo, el gobierno le regresa recursos”, aseguró.

Del total del petróleo crudo vendido internacionalmente por Pemex, sólo cinco por ciento lo administra el gobierno para financiar el gasto en educación, salud, seguridad, y otras secretarías; en tanto, la mayor parte, 95 por ciento, se los queda Pemex “simplemente para mantener su operación”, precisó el experto.

Cano también expuso que durante décadas se cobraron montos elevados de impuestos a Pemex para financiar el gasto público y la empresa se descapitalizó; esto es, se quedó sin dinero, sobre todo para invertir, pero ahora que el gobierno desarrolla inversiones, las destina en proyectos cuestionables.

El gobierno decidió usar la inversión petrolera principalmente en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en lugar de rehabilitar completamente las seis existentes; en la exploración de nuevos yacimientos o en tecnologías para explotar reservas de crudo en aguas profundas.

“Y esto generó que la producción petrolera esté en mínimos no vistos en varias décadas; hablando solamente de la producción de petróleo, está por ahí de 1.4 millones de barriles diarios (mbd), y eso es la mitad de lo que teníamos en 2005; la producción ha caído y esto limita también los ingresos en general”, señaló Jorge Cano a este semanario.

De momento –anotó–, “el gobierno mantiene con respiración artificial a Pemex; pero debido a que no se están haciendo los cambios necesarios, la empresa quebraría en caso de que el gobierno le retirara el apoyo”, alertó. 

Soberanía energética sin respaldo financiero

La “soberanía energética” fue una de las consignas políticas de AMLO al iniciar su gestión; lucía bien en el papel, pero no concuerda con la realidad porque, en las condiciones descritas, México realmente no puede alcanzarla; en ese sentido, en 2024 se reformó la Constitución “para devolver Pemex al pueblo de México”, aunque éste jamás haya perdido su propiedad desde 1938, cuando se nacionalizó la industria petrolera.

El cinco de marzo de 2025 se reformó también la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para ajustar el “régimen fiscal” de Pemex, asignándole el pago de un “Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB)”, quitando tres derechos que solventaba desde 2015; esto se efectuó para reducir más las aportaciones de la petrolera al gobierno, las cuales han disminuido desde 2018.

Esto “reducirá la carga fiscal de la petrolera… aunque disminuyendo los ingresos fiscales de que el Estado dispone para financiar programas sociales y proyectos de inversión”, afirmaron especialistas del IMCO.

Los ingresos federales bajarán más, porque la idea de AMLO también incluye que Pemex ya no venda internacionalmente petróleo crudo para enviarlo a sus refinerías y producir los combustibles necesarios en México, que hoy se compran mayoritariamente en el extranjero, especialmente en Estados Unidos (EE. UU.).

Sin embargo, la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, “inaugurada” por el expresidente en 2022, todavía no logra refinar productos útiles, mientras las seis antiguas plantas de Pemex, que fueron remozadas para producir al 100 por ciento de su capacidad, lo realizan en 50 por ciento promedio.

Margarita Pérez, directora general de PMI Comercio Internacional, firma que comercializa el crudo de Pemex en el mundo, reconoció, el 12 de mayo, que se reducirá en 50 por ciento la venta de crudo al exterior, y que unos 400 mil barriles diarios de crudo serían enviados a las refinerías de Pemex para fabricar todos los combustibles requeridos en México.

Pero hay un problema grave: la producción de petróleo crudo de Pemex desciende; de tal manera que, en su informe Pemex en la Mira, del 28 de julio, los especialistas del IMCO indicaron que, al primer semestre de 2025, Pemex y sus socios extrajeron la menor cantidad semestral de petróleo crudo en 15 años.

Precisó además que, del 1° de enero al 30 de junio de 2025, se produjeron en promedio mil 364 mbd de crudo, una cantidad 10.4 por ciento menor a los mil 523 mbd reportados en el mismo periodo de 2024. 

Simulación

Las calificadoras de crédito internacional advierten que, aunque ahora no sea oficial, ya consideran la deuda mundial de la empresa Pemex como parte de la “deuda soberana” de México porque, en términos prácticos, el gobierno es quien realmente garantiza los pagos.

Por ejemplo, S&P destacó, en un documento informativo del 23 de julio: “El alto nivel de participación del gobierno en todas las decisiones estratégicas y el hecho de que es el único propietario de la empresa, respaldan nuestra evaluación del vínculo entre Pemex y el gobierno”.

El 22 de julio de 2025, la SHCP anunció que buscaba un nuevo préstamo externo por 10 mil mdd mediante un novedoso esquema financiero que no sumaría el dinero a la “deuda soberana”. Unos días después, el 29 de julio, la SHCP aclaró que el débito realmente sería por 12 mil mdd, y confirmó que ese monto se añadiría a la deuda general nacional.

“Se precisa que la operación será incorporada al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública”, reveló.

Cuando empezó la 4T en 2018, la deuda nacional ascendía a 10 bdp; en el informe de la SHCP del 30 de julio de 2025, al cierre de junio de 2025 se había incrementado en casi ocho bdp en siete años, para ubicarse en 17 billones 797 mil mdp, es decir, algo así como agregar anualmente poco más de un bdp en deuda … y sumando. 

Severa degradación

Con el estilo de la 4T se buscó motivar la algarabía popular cuando, el 30 de octubre de 2024, se expidió una Reforma Constitucional proclamando que se “devolvió a Pemex al pueblo de México”; aunque realmente en ningún momento el Estado había perdido su dominio legal sobre la empresa, que mantiene desde 1938, año en que se nacionalizó la industria petrolera.

Los expertos aclararon que ha sido la deficiente administración y la corrupción de los gobiernos anteriores, de todos los partidos, lo que condujo a Pemex a su “quiebra técnica”, financieramente desangrada por los privilegios y azotada por el robo de combustibles.

El 10 de julio de 2025, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reclamó los pagos pendientes de Pemex con proveedores, mientras denunciaba que empresas afiliadas recibían “presiones indebidas y posibles actos de corrupción al interior de Pemex para liberar pagos legítimamente adeudados”.

Reveló también que los pagos recibidos entre el 1^o de enero y el 31 de marzo de 2025 representaron 147 mil mdp, que significan una reducción de 20 por ciento en el adeudo general, que quedó en 404 mil mdp, “el monto sigue siendo de proporciones insostenibles”.

En ese marco se inscribe la opacidad administrativa de la inversión por 20 mil mdd ordenada por AMLO a partir de 2019 para construir la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, “inaugurada” en 2022, pero que a la fecha no ha producido combustibles útiles.

En similar caso están las inversiones de las seis antiguas refinerías de Pemex, que según el plan de la 4T serían actualizadas para producir al 100 por ciento de su capacidad, aunque a la fecha se mantienen en cerca del 50 por ciento.

Igualmente persiste el robo de combustibles mediante la picadura de ductos y, como se reveló este año, también existe un tráfico de “huachicol fiscal” ejercido mediante estrategias del crimen organizado trasnacional.

Para 2024 se aprobó la iniciativa constitucional para anular la reforma de 2013 y restaurar a Pemex como “empresa del Estado”, lo que en nada cambia su imparable endeudamiento, ineficacia empresarial, corrupción, ni sus condiciones de “quiebra técnica”, que no ha sido declarada formalmente porque, a final de cuentas, el propietario es aún el Estado Mexicano.