Organizaciones civiles sostienen que ningún beneficio económico justifica esta práctica

Desde 2019, el Gobierno Federal ha otorgado recursos por casi dos billones de pesos (bdp) a Petróleos Mexicanos (Pemex). No obstante, la compañía mantiene un crecimiento marginal en su producción de hidrocarburos líquidos, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Las utilidades de la empresa cayeron 69.7 por ciento en el segundo trimestre del año.

El mayor pago de impuestos y los efectos cambiarios presionaron los resultados de la petrolera.

El incidente, detectado el martes, es el noveno de 2026 en la región, reavivando la exigencia de soluciones por parte de las comunidades locales.

Ejército, Guardia Nacional y personal de Pemex aseguraron un inmueble donde fueron localizadas pipas, tanques y maquinaria; la FGR mantiene abierta la investigación.

El hidrocarburo superó las estimaciones de la Secretaría de Hacienda.

Los ayuntamientos rechazaron autorizar el uso de explosivos para actividades de exploración petrolera y advirtieron que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla reactivar la evaluación de yacimientos mediante fracturación hidráulica.

Falta de infraestructura y altos costos logísticos afectan la capacidad de los establecimientos para apegarse al acuerdo.

La agencia advirtió que la petrolera mexicana es la más débil en América Latina.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.

La petrolera atribuyó el incidente a la inundación de sistemas de drenaje por lluvias atípicas.

Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.

La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.

El proceso por violencia familiar continúa y podría resolverse mediante una salida alterna.