Veracruz se ha posicionado como uno de los estados más peligrosos para las mujeres por el número de feminicidios y desapariciones de mujeres durante la última década. A pesar de la emisión de Alertas de Violencia de Género desde 2016, los casos de abuso extremo contra las veracruzanas no cesaron, incluso crecieron a niveles sin precedente, como las 903 desapariciones de niñas y mujeres en 2023.

A pesar de que Veracruz fue de las primeras entidades en activar las declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVGM), un mecanismo federal de emergencia contra la violencia hacia las mujeres y la primera alerta declarada desde el 23 de noviembre de 2016, en la entidad, han aumentado los feminicidios.

Esta iniciativa abarcó inicialmente 11 municipios con altos índices de agresión (incluyendo Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, entre otras localidades). Bajo la AVGM-2016 se ordenaron medidas como la creación de grupos especializados de investigación, mejoras en iluminación y seguridad sobre espacios públicos, capacitación con perspectiva de género para policías y ministerios públicos, y fortalecimiento de los refugios y centros de justicia para mujeres. 

Pese a estas iniciativas, durante los dos años posteriores, los feminicidios no se contuvieron, lo que evidenció rezagos en la implementación, según las propias cifras.

En 2017 se emitió una segunda AVGM por agravio comparado para subsanar deficiencias legales que infringían los derechos de las mujeres (específicamente la negación del acceso a la interrupción legal del embarazo por violación).

A partir de 2019, organizaciones civiles, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, solicitaron una tercera AVGM enfocada en la desaparición de niñas y mujeres, debido al aumento de casos y a la falta de resultados. Esta tercera alerta se solicitó formalmente en 2019, pero no ha sido declarada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, lo que generó críticas por la demora a pesar de la evidente crisis de desapariciones.

Durante los últimos diez años se establecieron unidades especializadas, como la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños (que incluye la atención de feminicidios) y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Esta última fue instaurada tras la activación de la Ley General en Materia de Desaparición (2017) y su homóloga estatal, que dotó a Veracruz con ministerios públicos y policías de investigación dedicados exclusivamente a casos de personas no localizadas. 

Asimismo, se implementó el Protocolo Alba en el estado, un mecanismo de reacción inmediata para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas en riesgo que permite la movilización coordinada de autoridades de los tres niveles de gobierno en las primeras horas tras la denuncia de desaparición y maximizar la localización con vida de la víctima. 

Veracruz también instauró, en 2018, una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que trabaja con colectivos de familias y con la Comisión Nacional. Otra acción fue la apertura de un Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en Xalapa –el primero en el estado– que atiende integralmente a víctimas de violencia de género y sus familiares (psicológica, médica y legalmente).

Y entre las iniciativas más recientes, la gobernadora Rocío Nahle García colocó a Zaira Del Toro al frente del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) luego de que, durante todo el sexenio del también morenista Cuitláhuac García Jiménez funcionara con una encargada de despacho.

En junio pasado, el IVM inauguró diversos Centros de Mujeres Libre –espacios destinados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres–, ahí se brinda asesoría jurídica, de trabajo social y psicológica a mujeres de varios municipios, entre ellos Actopan, Tlaltetela, Jalcomulco, Apazapan, Puente Nacional, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Emiliano Zapata, Córdoba, Xico, entre otros. 

Además, varias dependencias, como el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), Comunicación Social y la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el estado de Veracruz (IPAX) se integraron al Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres. 

Pero la impunidad asciende, incluso con más judicialización: Veracruz tuvo casos paradigmáticos cuyos responsables no recibieron castigo inmediato, lo que genera desconfianza hacia las instituciones. Es decir, las políticas públicas implementadas han sido numerosas y en muchos sentidos pioneras (Veracruz tiene dos Alertas de Género simultáneas, algo inédito); pero la eficacia real ha sido limitada frente a la magnitud del problema. 

Organismos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) han exhortado a México –con Veracruz entre los casos emblemáticos– a redoblar esfuerzos para eliminar la violencia feminicida y la desaparición, con la recomendación de mejorar la diligencia en investigaciones y la protección a las víctimas.

En Veracruz, desde 2018, el gobierno estatal declaró una política de “Cero Tolerancia” a la violencia contra mujeres y niñas. Tal estrategia incluyó un pronunciamiento oficial y la incorporación de la perspectiva de género en todos los niveles de la administración pública veracruzana.

Casos al alza e impunes

Durante los últimos años, en Veracruz se han presentado numerosos casos de feminicidio y desaparición de mujeres que conmocionaron a la opinión pública, como el de Monserrat Bendimes (2021), estudiante de 20 años en Boca del Río, quien fue brutalmente golpeada por su novio, Marlon “N”, tras una reunión familiar; antes de fallecer, agonizó seis días en el hospital, mientras Marlon huía con ayuda de sus padres.

Después de un año prófugo, Marlon fue detenido en junio de 2022 en Yucatán, luego de que se divulgara un video suyo pidiendo la liberación de sus padres (video que provocó que la Fiscal veracruzana declarara “la justicia no se negocia” al intensificar su búsqueda). 

Los padres, inicialmente detenidos por encubrimiento, fueron liberados bajo caución en 2023, cuando se reclasificó el delito como “omisión de auxilio” con suspensión condicional del proceso. Esta decisión causó enojo en colectivos feministas, ya que se percibió flexibilidad excesiva con quienes permitieron la huida del feminicida. 

Viridiana Moreno, joven madre de 31 años, salió el 18 de mayo de 2022 de su hogar en Cardel; iba rumbo a una supuesta entrevista laboral en un hotel cercano, pero nunca regresó. Familiares y vecinos emprendieron inmediatamente su búsqueda. El caso se difundió cuando, apenas dos días después, el entonces gobernador de Veracruz declaró públicamente que Viridiana “no estaba desaparecida, sino resguardada”, e insinuaron que las autoridades ya la habían localizado con vida.

El anuncio fue prematuro y resultó falso debido a la confusión, ofreciendo a la familia esperanzas que lamentablemente no se cumplieron. Días más tarde, colectivos de búsqueda hallaron restos humanos en bolsas sobre la carretera de Chachalacas, a pocos kilómetros de donde ella fue vista por última vez. La sociedad veracruzana, indignada, organizó marchas en Cardel y Xalapa exigiendo justicia para Viridiana y mayor seguridad para las buscadoras de empleo.

En respuesta, la autoridad se comprometió a mejorar sus protocolos de comunicación en casos de desaparición (evitando declaraciones sin sustento) y reforzó las alertas sobre ciberdelitos de enganche. 

El cinco de marzo de este año, una doctora veterinaria de 53 años y su hija, estudiante de Biología, fueron halladas asesinadas en el municipio de Alvarado. Ambas habían sido reportadas como desaparecidas 23 días antes. Tras la confirmación del hallazgo sin vida de las víctimas, la gobernadora señaló que, en Veracruz, “a las mujeres se les respeta”.

Frente al hecho, la gobernante externó sus condolencias; y en una declaración que rayó en la insensibilidad, declaró ante medios locales que “aquí en Veracruz a las mujeres se les respeta y aquí habrá justicia por lo que le hicieron a la señora Angélica, a su hija y a cualquier mujer”. 

La Fiscalía General del Estado informó que el presunto móvil del secuestro agravado fue por una disputa patrimonial y detuvo a tres sujetos: a uno en el estado, otro en Morelos y a un colombiano en Ciudad de México (CDMX).

Apenas el pasado 15 de junio, una mujer fue localizada sin vida en el interior de un domicilio ubicado en la avenida Ferrocarril Interoceánico, en la capital del estado. Las autoridades mantienen abierta una investigación para localizar al o a los responsables de este presunto feminicidio ocurrido en la capital.

El hallazgo fue reportado por un familiar de la víctima, quien alertó a los servicios de emergencia. Los primeros informes revelan que el cuerpo presentaba evidentes huellas de violencia, motivo por el que la zona fue resguardada con elementos de seguridad mientras personal pericial efectuaba las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han aclarado la identidad de la fallecida ni informado si existen personas detenidas relacionadas con el caso.

Han sido pocos los casos en que se realizaron y dictaron detenciones y sentencias. Apenas el dos de julio, elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra Carlos Antonio “N” en el municipio de Banderilla, como probable responsable del feminicidio de su novia.

El 19 de junio vincularon a proceso a Francisco Javier “N” como probable feminicida en la localidad de Monte Blanco, del municipio de Fortín; aunque los hechos ocurrieron el 11 de mayo del 2019 en el interior de un domicilio.

El 17 de mayo de este año, un juez de control emitió una imputación contra Tomás “N” por el delito de feminicidio cometido en agravio de su abuela en la localidad de Sehualaca, perteneciente al municipio de Santiago Tuxtla, donde el ahora imputado presuntamente asesinó a la víctima con arma blanca. El juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Y las sentencias atendidas recientemente se derivan de hechos ocurridos hace muchos años. Por ejemplo, el 27 de junio se dictó una sentencia condenatoria de 45 años de prisión contra José Venancio “N” por haber asesinado a su pareja sentimental en octubre de 2020 en su domicilio situado en Ixcoalco, Municipio de Medellín, donde el ahora sentenciado violentó físicamente a la víctima hasta matarla.

Unos días antes, el 24 de ese mismo mes, se dictó otra sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Avelino “N” como responsable del feminicidio en agravio de su concubina. Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2024 en un domicilio ubicado en la localidad Lealtad de Muñoz, perteneciente al municipio de Playa Vicente, donde el ahora sentenciado agredió físicamente a la víctima hasta asesinarla.

Veracruz, un foco rojo

En el más reciente Informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 30 de abril de este año, se reportan siete feminicidios en Veracruz, de los cuales tres fueron de menores de edad. El corte de violenciageneral arrojó dos más para el mes de mayo.

Hubo 24 mujeres víctimas de homicidio doloso y 66 por homicidio culposo; esa última estadística ubica a Veracruz como la quinta entidad con mayor incidencia. También se reportaron 883 víctimas con lesiones dolosas.

Veraruz ocupa el segundo lugar nacional en secuestro de mujeres, con siete de los 50 casos denunciados en el país; segundo lugar nacional también en delitos de violencia de género, con 669 casos, y quinta posición con víctimas de extorsión contra 126 mujeres que sufrieron este delito.  Además, hubo 16 casos de corrupción de menores; tres mil 609 reportes de violencia familiar y 147 de violación simple y equiparada.

Por su parte, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, de la Universidad Veracruzana (UV), reportó 30 feminicidios durante los primeros seis meses del año: cuatro en enero, tres en febrero, siete en marzo, tres en abril, seis en mayo y siete en junio. 

La Universidad igualmente expuso que, del total de casos en este año, siete fueron por arma de fuego, siete por arma blanca, dos por golpes, dos fueron desmembradas, una asfixiada, una estrangulada y en 10 no está especificado. 25 de las víctimas se encontraron en espacio público.

En el segmento anual de feminicidios, en 2014, cuando comenzó a operar el Observatorio, reportaron 74 casos; 99 en 2015, 142 en 2016; 176 en 2017 –el año de mayor incidencia–, 129 en 2018; 151 feminicidios en 2019; 95 en 2020; 83 en 2021; 85 en 2022; 56 en 2023; 64 en 2024 y 30 en lo que va de este año.

A decir de la agencia de datos TResearch México, Querétaro, Veracruz y el Estado de México (Edomex) son las entidades con más denuncias por cada millón de habitantes. Por citar un ejemplo, en Querétaro se contabilizaron 181 denuncias por cada millón de habitantes, mientras que en Veracruz fueron 83, al igual que en el Edomex.

Las feministas galardonadas con la Medalla Insurgente María Teresa de Medina y Miranda, otorgada por el Ayuntamiento de Xalapa también se manifestaron en el centro de la capital veracruzana, pues señalaron que el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMX) contrató a un hombre señalado por acoso y otros tipos de violencia contra mujeres con discapacidad auditiva para que impartiera un curso de Lengua de Señas Mexicana que inició el 23 de junio de 2025. El sujeto ha sido acusado de acosar a Adriana González Valera, reconocida en 2023 con la medalla, quien además tiene esa discapacidad.

Desapariciones, el pan de cada día

A los feminicidios se suman las constantes desapariciones de mujeres. El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres reportó 411 casos en los primeros seis meses de 2025. En enero fueron 75 casos; 78 en febrero; 73 en marzo; 52 en abril; 66 en mayo y 67 en junio. De los 411 casos, 240 fueron en la región centro de la entidad, 98 en el norte y 73 en el sur.

Otro dato revelador difundido por la UV fue que 235 de las mujeres reportadas como desaparecidas en el primer semestre del año eran menores de edad y 14 adultas mayores. Y que, al cierre de esta edición, 114 de ellas no habían sido aún localizadas y 10 fueron encontradas sin vida.

Por registro anual de desapariciones de mujeres hubo 87 en 2014; 156 en 2015; 334 en 2016; 281 en 2017; 279 en 2018; 271 en 2019; 280 en 2020; 685 en 2021; 696 en 2022; 904 en 2023 –la mayor incidencia de este delito–, 826 el año pasado y 411 en lo que va de éste.

Frente a esta situación, el Congreso de Veracruz se propuso crear una Comisión Permanente para la Atención a la Desaparición de Personas, impulsada por la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez y el diputado Enrique Cambranis Torres. 

La llamada “Ley Monse”, que se propuso en la pasada legislatura con el apoyo de las colectivas feministas para castigar a quien ayude a escapar o encubra a un feminicida, no fue aprobada; y a nueve meses de haber iniciado, ningún integrante de la actual administración ha intentado retomar su aprobación.