Recientemente, en Estados Unidos se ha generado una discusión en torno a la naturaleza y los límites de la autonomía del banco central.
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El primer bloque de informes de revisión de la Cuenta Pública 2023 que incluye sólo 68 revisiones de un total de 2 mil 258 auditorías programadas, fue entregada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
La revisión señala que, del total de recursos observados, por más de 605 millones de pesos, las entidades públicas a nivel federal y local encargadas de utilizar el presupuesto, aún deben aclarar un monto de 563 millones 636 mil pesos.
Los datos de la primera entrega de informes de fiscalización señalan que las instancias a las que se hicieron observaciones apenas han aclarado el uso de 42 millones 99 mil pesos.
Los documentos entregados a los diputados federales señalan que la mayor parte de las anomalías se registraron en el Gasto Federalizado destinado a Educación, con una cantidad de 457 millones 767 mil pesos detectados a través de 36 auditorías.
El segundo rubro de revisión del gasto que mayor cantidad de irregularidades reportó fue el de desarrollo económico, donde están pendientes por aclarar 95 millones 937 mil pesos.
Mayores irregularidades en PEMEX y Comunicaciones y Transportes
La instancia que más dinero tiene pendiente por aclarar en ese sector es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con 75 millones 641 mil pesos.
Al momento de la presentación de los informes, la dependencia federal había aclarado el uso de 20 millones 363 mil pesos.
En PEMEX, hay irregularidades por aclarar por más de 17 millones de pesos; mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene cuentas pendientes por 864 mil pesos, a partir de las 3 auditorías que se le aplicaron en el primer paquete de revisiones de la ASF.
En el sector desarrollo social, las irregularidades alcanzan 9 millones 931 mil pesos.
Las anomalías se reparten entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que debe aclarar el uso de 2 millones 728 mil pesos, y el ISSSTE, que debe solventar la utilización de 6 millones 856 mil pesos.
A la Secretaría de Salud le queda por aclarar el destino de 345 mil pesos.
En la comparecencia semipresencial el auditor David Colmenares entregó vía remota, los documentos de las primeras revisiones a la Cuenta 2023, a través de personal de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
En ese marco, recordó que, por ley, los informes se presentan en tres bloques y el más relevante, que reflejará datos financieros más contundentes, se conocerá hasta febrero de 2025.
Detalló que, de los 68 primeros informes individuales, 49, es decir, la mayoría, corresponden a auditorías de cumplimiento, 17 de inversiones federales y dos más referentes a Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS).
De esos informes, 31 corresponden a entidades de la República, para revisar en específico los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA.
Los 37 informes refieren a las auditorías aplicadas a otras dependencias de la administración pública para revisar el cumplimiento de normas y objetivos, por lo que los montos observados no son altos, Colmenares Páramo justificó por qué las cantidades revisadas y observadas no son significativas con respecto al monto billonario del presupuesto.
“Es claro que desde 2015, con la reforma constitucional, en lugar de un informe anual que se presentaba al terminar obviamente la fiscalización, se presentan tres parciales, son pocas auditorías en la primera entrega, ya lo mencionaron, en la segunda un poco más, y las más amplias presupuestariamente se presentan hasta febrero de 2024”, indicó, aunque debió decir 2025.
Añadió que los informes presentados no representan desvíos de recursos públicos, porque hay aún hay tiempo para que las dependencias auditadas solventen observaciones y justifiquen gastos.
Recientemente, en Estados Unidos se ha generado una discusión en torno a la naturaleza y los límites de la autonomía del banco central.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera