El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.
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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que permite la portación de armas de fuego a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Banco de México (Banxico). El dictamen pasará ahora al Senado para su discusión.
La modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos habilita a integrantes de empresas paraestatales, organismos autónomos y empresas de seguridad privada a contar con una licencia, siempre que cumplan con los requisitos legales.
El documento también establece que ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo podrán poseer en sus domicilios un rifle calibre .22 o una escopeta de cualquier calibre para su legítima defensa, pero, deberán acreditar de forma clara su actividad en el sector rural para obtener la autorización.
Cabe destacar que será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quien decidirá sobre la entrega, negativa, suspensión o cancelación de permisos y licencias para armas automáticas de calibre 7.62 mm, así como otras de tipo similar o superior.
Además, la reforma amplía el catálogo de armas permitidas a personas físicas, en contextos de seguridad personal y legítima defensa. También aumenta el número de armas consideradas de uso exclusivo del Ejército y prohíbe la fabricación artesanal de dispositivos, piezas o componentes realizados con tecnología tridimensional.
Los diputados incluyeron en el dictamen los requisitos para obtener un permiso. Entre ellos, resalta la obligación de comprobar el estado físico y mental del solicitante, además de la ausencia de consumo de drogas.
Respecto a la venta de municiones, el documento fija una frecuencia distinta para cada caso: una vez al año para protección personal, cada tres meses para actividades cinegéticas y mensualmente para personal del Ejército con acreditación vigente.
La iniciativa, promovida originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, modifica 57 artículos de la ley. La Cámara aprobó el dictamen en sesión ordinaria en San Lázaro, con 476 votos a favor y dos abstenciones.
El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera