Rosa María, de 61 años, fue diagnosticada con cáncer de mama en enero pasado mientras buscaba empleo; y en esos días únicamente pudo pagar la mastografía que le costó dos mil 650 pesos.

En adelante, su tratamiento se hizo cada vez más urgente y los gastos se multiplicaron para ella y su familia hasta superar los dos millones de pesos (mdp), a pesar de que Rosa María inicialmente se atendió en la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), una asociación civil sin fines de lucro que brinda atención a pacientes que no tienen seguridad social.

En esa fundación, las consultas le costaron dos mil 500 pesos, la biopsia fue de 13 mil pesos y la cirugía para extirpar la mama, 29 mil. Después de la operación, Rosa María requirió quimioterapias, medicamentos, estudios de laboratorio y más consultas, cuyo costo total fue de dos millones 17 mil 400 pesos que Rosa María no podía pagar.

“Muchas mujeres con cáncer de mama mueren por la falta de acceso a una atención integral gratuita”, reveló Rosa María, afirmación genérica que buzos constató en las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), con el dato de que este mal mata diariamente un promedio de 22 personas en México, casi todas mujeres.

Este padecimiento, cuya letalidad se incrementa, representa la tercera causa de muerte en mujeres con 15.3 por ciento de incidencia. En 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lo ubicó en 23 mil 790 mexicanas con edades de 20 años y más. En sólo una década, los pacientes de cáncer mamario pasaron de 18 mil en 2013 a 30 mil en el último bimestre de 2023, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Cancerología (INC).

En otros años, el tratamiento de Rosa María en Fucam no hubiera sido tan costoso; pero además de la desaparición del Seguro Popular en 2020 y su fallida sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Gobierno Federal quitó a esta asociación civil el subsidio que le permitía atender gratuitamente a las mujeres.

Desde entonces, la Fucam, las pacientes y sus familias asumen los costos. En México, la gran mayoría de pacientes con cáncer mamario (16 mil 250) no tienen acceso a la salud pública; pues entre 2016 y 2020 se triplicó el número de las que no tienen seguridad social.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reporta que cuatro de cada 10 mujeres en México tienen dificultades para acceder a servicios de salud; y que cerca de la mitad carecen de seguridad social. Rosa María consiguió tratamiento de forma gratuita porque su expareja, trabajador del Estado, la registró como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Presupuesto opaco e irregular

El presupuesto que el Gobierno Federal destina a la atención de mujeres con cáncer de mama (derechohabientes o no) está concentrado en los Programas de Acción Específicos (PAE), cuyo financiamiento proviene del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la Secretaría de Salud (SS); del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

Sin embargo, un análisis de la organización civil México Evalúa señala que, con la transición del Seguro Social al Insabi, se desplomó aún más el gasto público asignado a la atención de las enfermedades de alto costo. En el caso del cáncer de mama, la reducción empezó en 2015, cuando a este tratamiento se le asignaron dos mil 872 mdp, monto con el que se pagó la atención a 10 mil 400 pacientes.

En 2021, el gasto fue de sóolo 170 mdp, y se atendieron a dos mil 500 pacientes; pero además, según un estudio del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, desde 2020, el gasto público en este rubro se volvió indetectable, porque resultó demasiado opaco e irregular.

Esta organización civil, que se dedica a la defensa de los derechos humanos, revisó el gasto del PAE –que brinda atención a mujeres con problemas de salud sexual y reproductiva y los cánceres de mama, cérvico uterino y ovárico– y encontró que entre 2016 y 2022 se gastaron mil 397 millones 788 mil 70 pesos en la compra de vacunas para prevenir el papiloma, preservativos y tratamientos curativos.

En 2017, el Gobierno Federal y los estatales redujeron su gasto a mil 210 millones 10 mil 294 pesos; en 2018 a mil 178 millones 63 mil 832 pesos y en 2019, poco antes de la pandemia, a mil 111 millones 61 mil 39 pesos, el monto más bajo en la historia del programa.

En 2020, cuando las muertes maternas por cáncer mamario y otras enfermedades aumentaron, el gasto del PAE fue de mil 207 millones 959 mil 186 pesos, cifra 8.7 por ciento mayor con respecto al año anterior, pero menor a la de 2016. FUNDAR no pudo obtener el gasto ejercido en 2021 y 2022 porque el CNEGSR –rector de la política pública en materia de salud reproductiva federal y estatal– no informó el nombre de las empresas donde adquirió los medicamentos ni el monto de las compras.

Además, varias entidades que integran el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE) no informaron sobre el número exacto de los medicamentos adquiridos, por lo que se imposibilitó el análisis integral del gasto.

En su revisión contable de la Cuenta Pública 2021 del Gobierno Federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva porque en los Convenios Específicos en materia de Administración de los subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) –en los que se establecieron las bases para el financiamiento de las actividades de Salud Materna, Sexual y Reproductiva– no se definió una metodología para asignar los recursos a las 32 entidades federativas.

Además, FUNDAR encontró “debilidades en el control interno en el CNEGSR, porque los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos no estaban actualizados. La organización civil también destacó que, en el presupuesto de 2021, las instituciones de salud pública pudieron adquirir mastógrafos que ahora estarían ayudando a la detección oportuna del cáncer.

A decir de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que un programa de tamizaje con mastografía propicie la reducción entre el 20 y el 30 por ciento de la mortalidad en mujeres a partir de los 50 años, se recomienda mantener una cobertura de 70 por ciento en el grupo blanco (médico) y contar con mil 314 equipos de mastografía en condiciones óptimas de funcionamiento y personal suficiente y capacitado para interpretar los estudios.

De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) publicado en 2022, en México había mil mastógrafos en el sector de salud pública, pero algunos de ellos no funcionaban.

Cuando buzos intentó conocer los procedimientos médicos y el monitoreo que el Insabi utilizó sobre los diagnósticos y el monitoreo para brindar atención médica a las pacientes de cáncer mamario, su plataforma de transparencia no estaba en funciones para dar esa información.

El panorama futuro de las pacientes con cáncer será menos alentador porque el 1º de junio de este año el Diario Oficial de la Federación publicó el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, con el que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública (CCNNSP) anunció la cancelación de las 34 NOM (Norma Oficial Mexicana) en materia de salud.

Entre las normas canceladas con el argumento de que “no se necesitan” se hallan la NOM-041-SSA2-2002 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama.

Un análisis publicado por legisladores de oposición en la Cámara de Diputados advirtió que entre las múltiples consecuencias de esta cancelación habría una mayor indefensión de los pacientes para exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones; se limitarán los mecanismos de defensa ante las irregularidades en la atención sanitaria; aumentaría la mala praxis en la atención médica hacia los pacientes y el personal médico enfrentaría más dificultades al decidir sobre las especificaciones.

Por otra parte, en un análisis sobre el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024, FUNDAR recomendó al Congreso de la Unión incrementar el gasto público para la Salud Materna, Sexual y Reproductiva (SMSyR) con una asignación de dos mil 758.42 mdp.

“Si bien este monto es 17.5 por ciento mayor que el aprobado para 2023, aún es insuficiente para compensar los recortes que el programa ha tenido desde 2019 (año en que tuvo la mayor asignación de recursos: tres mil 224.43 millones de pesos), porque los recortes que ha tenido impactan directamente en los servicios de salud que las mujeres reciben (personal, medicamentos, infraestructura, equipo, etc.)”.