Cargando, por favor espere...

Nacional
Amenazas obligan a periodista abandonar su hogar
La periodista Dalia Villatoro se vio obligada a abandonar su hogar en el municipio de Villaflores y a recibir protección para garantizar su seguridad.


Debido al aumento de la violencia en la región frailesca de Chiapas, así como a las amenazas y acusaciones recibidas en el ejercicio de su labor, la periodista Dalia Villatoro se vio obligada a abandonar su hogar en el municipio de Villaflores y a recibir protección para garantizar su seguridad.

La madrugada del miércoles 4 de septiembre de 2024, Dalia Villatoro, periodista de la región frailesca en Chiapas, recibió amenazas de presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Una cartulina colgada en el exterior de su domicilio la vinculaba a publicaciones realizadas en las páginas de Facebook “Notifraylesca” y “Villaflores Al Momento”, acusaciones que Villatoro desmintió, ya que sus reportes se publican bajo los nombres de las plataformas “Dalia Villatoro”, “Villatoro Dalia” y “Verídico Noticias”, aseguró.

El hecho ocurrió después del ataque del que fue víctima el periodista Ariel Grajales Rodas, quien fue herido de gravedad por hombres armados en su propia casa.

Ante este panorama, la profesional de la información, Villatoro, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, solicitando una investigación para identificar a los responsables, quienes actúan de forma anónima. Además, pidió protección para ella y su familia, ya que las siglas en la cartulina pertenecen presuntamente a un grupo delictivo.

Por su parte, el alcalde de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth, recomendó a la periodista abandonar el municipio temporalmente y aceptar la protección ofrecida por las autoridades, ya que su administración, dijo, no puede garantizar su seguridad si regresara a Villaflores.

Villatoro hizo un llamado a sus colegas y a los organismos de derechos humanos para que difundan las agresiones que enfrentan los reporteros en la región frailesca. Destacó que, a pesar de la responsabilidad y transparencia con la que muchos trabajan, la violencia ha aumentado, forzando a la autocensura por miedo a represalias.

Finalmente exigió a las autoridades federales, estatales y municipales que garanticen el libre ejercicio del periodismo y el respeto a la vida de quienes se dedican a esta labor en una región donde las garantías para el gremio parecen inexistentes.


Escrito por Redacción


Notas relacionadas

Competirán 112 equipos, integrados por representantes de 23 estados y 15 sindicatos.

Cierran por completo el servicio de tococirugía (área de especialidad médica para procedimientos quirúrgicos durante el embarazo, el parto y posparto).

83% de los niños de 6 a 11 años usa internet en promedio 2.6 horas al día, principalmente desde un celular: Inegi.

Entre las entidades afectadas se encuentran Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco y Nayarit, entre otras.

Se prevé que el Tren Interurbano México–Toluca inicie operaciones completas a comienzos de 2026.

Las micheladas son producto de una receta que se ha consumido por lo menos desde hace 50 años en nuestro país.

La sospechosa tiene entre 35 y 40 años, 1.58 de estatura, con marcas de acné y dientes frontales manchados.

El retiro de billetes no implica una pérdida inmediatamente su labor y aclaró que mantienen su poder liberatorio, lo que indica que aún pueden usarse para realizar pagos y transacciones en todo el país.

Buscan más de un centenar en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México.

Más de un tercio de la publicidad oficial federal de 2024 se concentró en cuatro medios: Televisa, La Jornada, TV Azteca y Medios Masivos Mexicanos.

Baja California, Sinaloa, Morelos, Guanajuato y Quintana Roo son las entidades con las tasas más altas de violencia letal.

El cierre de la planta de Renault-Nissan y Daimler en Aguascalientes afectará a más de 3,600 trabajadores y refleja los ajustes globales del sector ante nuevas tendencias de consumo y producción.

La contaminación y el abandono oficial vuelven a emerger del lodo en Poza Rica.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló deficiencias en el manejo de recursos del hoy extinto CJF, principalmente en la adquisición de bienes y contratación de servicios.

La extracción ilegal genera una crisis que afecta a 2.2 millones de mexiquenses, de acuerdo con el censo 2020 del INEGI.