Aseguran que la obra ya destruyó manantiales de los que dependen cientos de familias y que trabajadores de las empresas constructoras invadieron parcelas familiares sin autorización.
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Debido al aumento de la violencia en la región frailesca de Chiapas, así como a las amenazas y acusaciones recibidas en el ejercicio de su labor, la periodista Dalia Villatoro se vio obligada a abandonar su hogar en el municipio de Villaflores y a recibir protección para garantizar su seguridad.
La madrugada del miércoles 4 de septiembre de 2024, Dalia Villatoro, periodista de la región frailesca en Chiapas, recibió amenazas de presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Una cartulina colgada en el exterior de su domicilio la vinculaba a publicaciones realizadas en las páginas de Facebook “Notifraylesca” y “Villaflores Al Momento”, acusaciones que Villatoro desmintió, ya que sus reportes se publican bajo los nombres de las plataformas “Dalia Villatoro”, “Villatoro Dalia” y “Verídico Noticias”, aseguró.
El hecho ocurrió después del ataque del que fue víctima el periodista Ariel Grajales Rodas, quien fue herido de gravedad por hombres armados en su propia casa.
Ante este panorama, la profesional de la información, Villatoro, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, solicitando una investigación para identificar a los responsables, quienes actúan de forma anónima. Además, pidió protección para ella y su familia, ya que las siglas en la cartulina pertenecen presuntamente a un grupo delictivo.
Por su parte, el alcalde de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth, recomendó a la periodista abandonar el municipio temporalmente y aceptar la protección ofrecida por las autoridades, ya que su administración, dijo, no puede garantizar su seguridad si regresara a Villaflores.
Villatoro hizo un llamado a sus colegas y a los organismos de derechos humanos para que difundan las agresiones que enfrentan los reporteros en la región frailesca. Destacó que, a pesar de la responsabilidad y transparencia con la que muchos trabajan, la violencia ha aumentado, forzando a la autocensura por miedo a represalias.
Finalmente exigió a las autoridades federales, estatales y municipales que garanticen el libre ejercicio del periodismo y el respeto a la vida de quienes se dedican a esta labor en una región donde las garantías para el gremio parecen inexistentes.
Aseguran que la obra ya destruyó manantiales de los que dependen cientos de familias y que trabajadores de las empresas constructoras invadieron parcelas familiares sin autorización.
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El Comité Estatal del Movimiento Antorchista exigió a autoridades federales y estatales investigar las amenazas y garantizar la seguridad de su dirigente, Jerónimo Gurrola Grave, y de los integrantes de la organización.
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Escrito por Redacción