El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), que prometió poner a los pobres en el centro de su política, no ha hecho más que empeorar las condiciones materiales de las mayorías al reducir significativamente los recursos destinados a mejorar los servicios públicos, desviándolos hacia la entrega de dinero en efectivo a través de sus “programas sociales”; esta tendencia se ve agravada año tras año al profundizarse los recortes a salud, educación, obra pública, etc., en las partidas presupuestales de las entidades federativas y los municipios.

Desde finales de 2018 y a pesar de la supuesta ideología de “izquierda”, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha reducido recursos federales y recortado el gasto público de los gobiernos locales, cuyos ejecutivos enfrentan, desde entonces, severas crisis financieras, mientras la administración federal reparte dinero en efectivo mediante “tarjetas electorales del bienestar”.

Pero además de su manifiesta intención de comprar el voto de los pobres y de muchos clasemedieros, que no requieren este tipo de apoyos, los programas del “bienestar” de Morena tienen otros beneficiarios que tampoco son “izquierdistas”: bancos y grandes empresas industriales y comerciales tanto nacionales como internacionales, que manejan las tarjetas y se aprovechan de las necesidades de crédito emergente de los gobiernos locales.

Desde 2019 a la fecha, las asignaciones federales –cuyo monto global procede de los impuestos federales cobrados a todos los ciudadanos del país– han disminuido sensiblemente y ahora perjudican a los mexicanos de las 32 entidades y los dos mil 458 municipios de la República; debido a que más del 80 por ciento de estos gobiernos dependen de la redistribución de tales ingresos que, en la mayoría de los casos, se destinan a servicios básicos, entre ellos el de seguridad pública.

Especialistas en economía han alertado que, en el fondo federal para emergencias financieras, tampoco hay dinero suficiente al que puedan recurrir los estados y municipios para compensar la caída de sus ingresos.

El 18 de mayo de 2023, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) reportó que el Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF) está en su nivel mínimo porque, desde 2019 y 2020, el Gobierno Federal ha extraído recursos sin recuperarlos integralmente.

En su reporte Los Fondos de Estabilización en México: FEIEF sin recursos para enfrentar nuevas crisis, el CIEP reveló que la mayor parte del dinero depositado se utilizó en el periodo 2019-2020 por el Gobierno Federal, que no lo ha restituido y, por tal motivo, “no existen recursos suficientes para hacer frente a una nueva crisis económica”.

El CIEP también reportó que, a marzo de 2023, el gobierno de AMLO había recortado en 28 mil 836 millones de pesos (mdp) las asignaciones presupuestales destinadas a los gobiernos locales, mientras que el saldo del FEIEF fue de 22 mil 467 mdp, cantidad insuficiente para subsanar los faltantes de dinero de los estados y municipios.

Según el informe del CIEP, en 2019, el FEIEF tenía un saldo de 88 mil 720 mdp; pero en ese mismo año, el Gobierno Federal extrajo 35 mil 356 mdp; en 2020 sacó otra cantidad similar; y en 2021 y 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) únicamente repuso 18 mil 698 mdp.

En marzo pasado, la agencia internacional de análisis de riesgos financieros Fitch anunció que las participaciones federales a estados y municipios habían disminuido 9.5 por ciento, equivalente a 22 mil 500 mdp; y que éstas son insuficientes para solventar la caída de los ingresos de las administraciones locales.

Complicada recuperación

Kristóbal Meléndez, analista especializado del CIEP, señaló a buzos que hay entidades del país que mantienen equilibrio financiero porque, además de las participaciones federales, en sus territorios obtienen recursos propios que provienen de los impuestos locales; pero aclaró que la mayoría de las entidades carece de esa posibilidad porque su población es de baja capacidad económica.

“Siempre se trata de que haya la posibilidad de que tengan mayores recursos; pero no es posible para todos los estados por la situación económica de su población, que no está en condiciones de pagar más impuestos en un entorno de pobreza, inflación, incertidumbre; no es sencillo”, explicó.

En un análisis fechado en 2018, Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas en el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), afirmó que la coordinación fiscal desempeña un papel fundamental en la administración ordenada y compartida del dinero público entre los tres niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal.

Como la Federación, los estados y municipios tienen facultades para recaudar impuestos –describe Guadarrama– deben coordinarse para conseguir una equilibrada captación de impuestos, federales y estatales, además de establecer reglas para la distribución de los ingresos federales.

De la bolsa total de impuestos recopilados en las entidades y municipios, el Gobierno Federal se queda con el 70 por ciento y el 30 por ciento restante lo distribuye entre las administraciones locales como “aportaciones” y “participaciones” presupuestales, según las necesidades presupuestales específicas de cada entidad o ayuntamiento; pero no ocurre así.

En su análisis, Guadarrama precisó que no se distribuyen adecuadamente los recursos a los gobiernos locales porque la SHCP decide a quién, cómo y cuándo se otorgan las partidas presupuestales.

“La distribución de recursos no debe funcionar como un mecanismo represivo para aquellos estados que no estén alineados a la agenda o intereses particulares del Gobierno Federal. La meta es conseguir un federalismo de cooperación entre los distintos órdenes de gobierno, pero de competencia entre los iguales”, expone el especialista.

Guadarrama también revela que la SHCP, que ejerce más de 70 por ciento del monto global de recaudación en impuestos federales, “debe dejar de ser juez y parte en la asignación de recursos públicos. El conflicto de interés surge cuando la SHCP propone y a su vez autoriza y modifica la distribución de los recursos”.

Desigual distribución

Kristóbal Meléndez informó a buzos que, en el pasado reciente, se han hecho varias reformas a la Ley de Coordinación Fiscal sin resolver la insuficiencia de recursos ni las desigualdades de distribución entre entidades y municipios.

“Como es un convenio, todos (los tres niveles de gobierno) tienen que estar de acuerdo; entonces, lo que hacen es un borrón y cuenta nueva: y a partir de ese momento empiezan a hacer los cambios; pero ya se ha observado que eso no da una solución, porque las brechas no se han cerrado.

“Quienes han recibido mayores recursos siguen siendo aquellos estados que siguen manteniendo el liderazgo. Entonces se tienen que tomar medidas más tajantes, con las que sí haya una adecuada redistribución de los recursos”, sugirió Meléndez.

Por ley, la aplicación de impuestos en el territorio nacional, dividido en 32 entidades y dos mil 458 municipios, debe realizarse de común acuerdo entre los tres niveles de gobierno conforme a los términos dispuestos en la Constitución y la Ley de Coordinación Fiscal; pero el Presidente ha evadido esta legislación para priorizar las estrategias político-electorales de Morena.

Para facilitar que su partido asuma los gobiernos locales que están en manos de la oposición, desde el inicio de su administración, los presionó en sus conferencias de prensa matutinas, donde les advirtió que si querían más dinero –obviamente, sin mencionar la necesaria modificación de la Ley de Coordinación Fiscal– debían cobrar más impuestos locales; ya que éstos se limitan al cobro del predial y el servicio de agua potable.

Además de un desequilibrio financiero, la suma de impuestos locales y federales provocaría el descontento ciudadano, especialmente en los estados y municipios donde la población mayoritaria es de bajos ingresos, donde los únicos beneficiarios político-electorales serían los candidatos de Morena.

La Constitución y la Ley de Coordinación Fiscal ordenan el establecimiento de una comisión entre los tres niveles de gobierno para regular la carga de impuestos, federales y estatales y distribuir equilibradamente el dinero federal entre las administraciones locales.

Pero ahora, eso no sucede así; y el actual formato de la Ley de Coordinación Fiscal que Morena se niega a modificar, centraliza en el Gobierno Federal los recursos obtenidos en los estados por el cobro de impuestos federales; que luego redistribuyen a su modo sin considerar las necesidades específicas de cada estado de la República.

Unos meses antes de las elecciones estatales y federales de 2021, el nueve de septiembre de 2020, AMLO advirtió: “Vamos a estar muy pendientes del ejercicio del presupuesto, y ofrezco disculpas por adelantado; pero vamos a estar fisgoneando el gasto en los estados y en los municipios…

“Si vemos que están utilizando dinero del presupuesto estatal, del presupuesto municipal, para entregar despensas, frijol con gorgojo y obtener votos, ya lo dijimos y lo repito para que nadie se llame a engaños, lo vamos a denunciar”.

Estas prácticas de administraciones pasadas que tanto condenó AMLO, hoy son las más comunes en el gobierno morenista, además del reparto permanente de dinero en efectivo a través de tarjetas plásticas efectuado sin transparencia y que está destinado a la compra de votos en favor de los candidatos de Morena.

Gobierno morenista insensible

La disminución de los presupuestos estatales no ha parado desde 2019; pero el recorte presupuestal más amplio en una década se efectuó en 2021, según una denuncia de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.

A finales de 2020, la mayoría morenista en el Palacio Legislativo de San Lázaro aprobó el presupuesto para las administraciones estatales: un billón 867 mil pesos, cifra menor en 108 mil 521 mdp con respecto a la de 2020.

El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri González, denunció, el tres de noviembre de 2020, que ese recorte de 108 mil mdp representaba el ahondamiento de la crítica situación financiera en las entidades; y que perjudicaría directamente a sus pobladores para beneficio de los proyectos político-electorales de Morena.

“Nuevamente muestran que contamos con una administración federal insensible que pretende imponerse para que el único que gane y cuente con recursos suficientes para sus proyectos políticos sean ellos mismos…

“No les importa la gente, no les importa la necesidad, no les importa el difícil momento por el que atraviesan las familias; solamente les importa manejar un presupuesto a modo para satisfacer su ambición de poder”, declaró Kuri en una rueda de prensa.

El 26 de mayo de 2020, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) advirtió que el 85 por ciento de los municipios del país se encontraba en quiebra técnica debido a los continuos recortes presupuestales aplicados desde el inicio del gobierno morenista.

Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), dependiente de la Cámara de Diputados, reportó, también a finales de 2020, que el recorte presupuestal en 2021 afectaría los gastos en seguridad y obras públicas; que en conjunto se reducirían 41.8 por ciento, porque pasaron de 15 mil 168 mdp en 2020, a nueve mil 145 mdp en 2021.

Operan con muchas carencias

En su funcionamiento cotidiano, los estados y municipios enfrentan carencias no solamente para financiar sus programas locales o realizar nuevas obras, sino para pagar facturas de servicios públicos, electricidad, agua; nóminas; combustibles para la operación de sus vehículos oficiales, y pagos a proveedores de bienes y servicios.

Analistas especializados revelan que las participaciones federales de este año para las entidades reportan su peor caída en lo que va del actual Gobierno Federal; y calculan que, por lo menos, llegará al 14 por ciento a finales de 2023.

En enero se registró una disminución de 4.8 por ciento en las transferencias presupuestales, cuyo monto fue de cuatro mil 723 mdp. Entre los más afectados estuvo el Estado de México (Edomex), según el reporte mensual de finanzas y deuda pública, proyectado por la SHCP.

En marzo de 2023, la agencia internacional de análisis de riesgos crediticios Fitch Ratings, especializada en la calificación de la capacidad de pago de los clientes de las empresas financieras y bancarias (entre ellos los “gobiernos locales y estatales de México”), reportó que, hasta febrero, las participaciones federales y las administraciones locales se habían reducido en 22.5 mil mdp, baja equivalente al 9.5 por ciento respecto a 2022.

Fitch informó que esta caída provocará un incremento en la tasa de interés que pagan por sus créditos, por lo que los gobiernos locales tendrán necesidad de pedir nuevos préstamos. En lo que va de este gobierno sexenal, éstos, en efecto, se han visto en la necesidad de contratar más créditos para cubrir sus necesidades básicas.

Entre 2022 y 2023, el monto general de la deuda en las administraciones locales se incrementó en 3.5 por ciento, y llegó a 680 mil millones 933 mil 800 pesos en marzo pasado, de acuerdo con el reporte editado por especialistas del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado. En el segundo trimestre de 2020, el monto de la deuda era de 596 mil millones 397 mil 900 pesos.

Acaparamiento de recursos

Además de los recortes de dinero público ejecutados desde 2019, el gobierno de AMLO ha eliminado 109 fondos públicos especiales que, por ejemplo, servían a los estados para financiar el mejoramiento de policías estatales; servicios urbanos y brindar atención urgente a los damnificados por desastres naturales.

A finales de 2020, en el marco de los debates sobre el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021, la mayoría morenista aprobó la desaparición de los fondos Metropolitano y Regional en la Cámara de Diputados, con el que se apoyaba a 10 estados de la República para mayor desarrollo urbano; también el Fondo de Protección Social para la Salud, que era la base financiera del Seguro Popular.

Igualmente se eliminó el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que destinaba recursos federales para respaldar la seguridad pública local mediante la compra de armas, la capacitación de efectivos policiales, la adquisición de patrullas y cámaras de video vigilancia.

El 10 de septiembre de 2020, en nombre de la bancada del PAN, el diputado Fernando Macías criticó a los legisladores de Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) por aprobar un presupuesto que disminuía significativamente los recursos indispensables para los ciudadanos y que, en contraste, “aumenta en cantidades exageradas las obras inviables y caprichos del Presidente”.