Plantea reducir costos en el sistema electoral, ampliar la participación ciudadana y fortalecer la revocación de mandato.
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Transcurre el penúltimo año del sexenio y la crisis financiera por la que atraviesan las entidades federativas y los municipios del país se agudiza terriblemente. La situación comenzó a agravarse en 2019, primer año del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) y, según pronostican analistas especializados, el agravamiento de la crisis será aún peor a fines de 2023.
Entre las causas más notables –coinciden los estudiosos del fenómeno– figuran los recortes presupuestales, que se convirtieron en una característica peculiar de la política económica de la 4T; la desaparición de más de 100 fondos de apoyo económico que beneficiaban a los gobiernos locales para el mantenimiento de los servicios básicos, la atención de emergencias como los desastres naturales y el fortalecimiento de la seguridad pública.
Otros analistas consideran causa importante de la crisis el uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), del que el Gobierno Federal extrae montos considerables que no se sustituyen íntegramente; también mencionan la falta de coordinación fiscal entre los tres niveles de gobierno, tal como ordenan las leyes, tanto en el aspecto de la recaudación de impuestos como en su redistribución entre los gobiernos Federal, estatales y municipales.
La reducción de los ingresos de estados y municipios da como resultado la disminución de su capacidad para hacer frente a graves problemas sociales como la pobreza –que no dejó de crecer desde 2019 a la fecha–; la crisis económica –agravada por los efectos de la pandemia de Covid-19–; y una incesante elevación de los precios de los bienes más indispensables para la subsistencia de las familias.
Esta problemática ha obligado a los gobiernos locales a aumentar su deuda pública, cuyo monto ya era fuerte a principios del sexenio y ahora amenaza con elevarse exageradamente antes de que termine la presente administración. Los gobiernos estatales y municipales pueden recurrir a la obtención de préstamos y completar sus ingresos aumentando los impuestos; pero las consecuencias las sufre la población sumida en la pobreza, sin ningún apoyo frente a la inflación, golpeada por la crisis financiera e inerme ante la inseguridad y la falta de servicios básicos.
El Reporte Especial de esta semana caracteriza la política de la 4T como una transformación de la crisis financiera en una tragedia cuyas consecuencias ya sufre la mayoría de los mexicanos.
Plantea reducir costos en el sistema electoral, ampliar la participación ciudadana y fortalecer la revocación de mandato.
La iniciativa electoral fue rechazada el pasado miércoles 12 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.
La reforma no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios.
El auditor federal estará al frente del órgano durante ocho años, del 2026 al 2030.
Analistas han advertido que, sin una transformación profunda de las fiscalías y las unidades de inteligencia financiera, la reforma electoral de Sheinbaum continuará siendo inútil.
El empresario Fernando Paniagua Garduño aportó 189 mil pesos para financiar nueve asambleas ciudadanas o mítines de Adán Augusto López en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en 2023.
La reforma, está hecha a modo y busca concentrar más poder y transformarse en una herramienta que ahorque más a los partidos políticos y, a mediano o largo plazo, convertirse en un partido único.
La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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Escrito por Redacción