La entrega de constancias no es un acto administrativo, sino el acatamiento a una resolución que ha protegido la voluntad ciudadana que participó directamente el día de la elección del PJF.
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La jueza del Quinto de Distrito con sede en Yucatán, Grissell Rodríguez Febles, otorgó una segunda suspensión provisional que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) detener el proceso electoral judicial. La medida cautelar también prohíbe al Senado de la República emitir la convocatoria para integrar las listas de candidatos a jueces o magistrados federales.
Esta segunda suspensión se da en medio de protestas de trabajadores que han realizado marchas en contra del proceso electoral judicial. La jueza también instruyó a la Cámara de Diputados detener el proceso de adecuación de las leyes federales. Los Congresos estatales tampoco podrán llevar a cabo reformas a sus constituciones.
Además, la jueza señaló que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no deberá entregar al Senado el listado completo de los cargos de personas juzgadoras, que incluya información sobre el circuito judicial, especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados. También debe abstenerse de continuar con la implementación de la reforma y gestionar el presupuesto necesario para preservar la autonomía del poder judicial.
El Director del Diario Oficial de la Federación debe abstenerse de publicar actos relacionados con la implementación de la reforma propuesta. "Dicha medida subsistirá hasta que se resuelva la suspensión definitiva de los actos reclamados", detalló el acuerdo.
Rodríguez Febles solicitó a las autoridades que cualquier inconformidad se resuelva a través de los recursos legales.
Por su parte, Francisco García Contreras, juez Segundo de Distrito con residencia en Colima, quien otorgó la primera suspensión que ordena lo mismo al INE, publicó un acuerdo en el que subraya que el organismo aún no ha recibido el oficio notificando dicha resolución. Por esta razón, solicitó la ayuda de un juzgado en Materia Administrativa de la Ciudad de México para realizar la notificación correspondiente.
La entrega de constancias no es un acto administrativo, sino el acatamiento a una resolución que ha protegido la voluntad ciudadana que participó directamente el día de la elección del PJF.
Morena recibirá la mayor cantidad, con dos mil 615 millones 798 mil 382 pesos.
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El "Plan C" de reforma electoral impulsado por el gobierno federal representa un ataque a la democracia
“Esta estrategia ilegal no puede quedar sin consecuencias…”, dijo la consejera Claudia Zavala.
Aumentan los casos en Campeche, Puebla y CDMX.
Las principales causas de las multas incluyen recibir aportaciones prohibidas de empresas, sindicatos o entes gubernamentales.
El Consejo General asumiría la responsabilidad de resolver sobre la entrega de datos del INE.
Acuden al INE con pruebas en busca de que el TEPJF anule la elección judicial.
Entre las irregularidades figuran votos que superaron el padrón, robos de paquetes y repartos masivos de acordeones.
Guanajuato, Jalisco y Baja California reportan los niveles más bajos de participación ciudadana en la elección judicial.
Entre los incidentes se encuentran interferencia en la votación, ausencia de funcionarios y cambios de casilla.
Los habitantes, desconocen quién o quienes los colocaron en el lugar.
La distribución de acordeones podría configurar delitos electorales, como la coacción del voto
Hay dos denuncias contra funcionarios del Gobierno de Nuevo León y MC, así como contra funcionarios de la CDMX y Morena.
Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera