El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
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La jefa de Gobierno electa, Clara Marina Brugada, anunció en conferencia de prensa que durante el próximo mes de agosto se realizarán 100 foros en todas las plazas públicas de la Ciudad de México para informar a la población acerca de la Reforma Judicial que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, la exjefa de Gobierno aseguró que a partir del primero de agosto iniciará una gira por las 16 alcaldías de la Ciudad de México y la primera demarcación a visitar será Milpa Alta. Además, dio a conocer que a partir del 19 de agosto anunciará los nombres de las personas que integrarán su gabinete durante el sexenio 2024-2030.
Entre los aspectos que plantea la Reforma Judicial destacan la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la elección popular de ministros, magistrados y jueces; la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos disciplinarios independientes; así como la implementación de nuevas reglas procesales.
Ante este panorama, diversas opiniones de especialistas han surgido como la de Diego Valadés, ministro en retiro de la SCJN, quien durante un foro de discusión organizado por la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), criticó la elección de jueces mediante voto popular, ya que “nadie puede ofrecer evidencias de que sea una garantía de honorabilidad y capacidad de los elegidos”, así como advirtió que el proceso propuesto expondría a los candidatos a “presiones políticas”.
En concordancia con lo anterior, Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM coincidió con lo dicho por Valadés y advirtió acerca del riesgo de que “la justicia se convierta en un instrumento de dominación y control”.
Además, en el séptimo foro sobre la reforma al Poder Judicial organizado por la Cámara de Diputados llevado a cabo el pasado 30 de julio, Juan Luis González Alcántara, ministro de la SCJN reiteró que la propuesta del voto popular, “supone un cambio estructural e integral susceptibles de resolver los problemas que aquejan a la impartición de justicia en nuestro país” y agregó que de llevarse a cabo se politizaría la elección de los integrantes del Poder Judicial, fomentaría el “amiguismo”, así como validaría que “se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder y no forzosamente trabajadoras discretas y talentosas”.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera