La situación cruzó una línea incluso más grave cuando el Gobierno Federal insinuó la necesidad de investigar el supuesto “financiamiento” de las madres buscadoras.
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La Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México ha causado un significativo retroceso en el combate a la contaminación visual en la capital, también ha permitido la proliferación de juicios de amparo por parte de anunciantes y la introducción de nuevos formatos publicitarios, acusó la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).
El presidente de la FRRPU, Jorge Carlos Negrete Vázquez, denunció que, además del desorden generado, el gobierno de la Ciudad de México dejó de recaudar más de nueve mil millones de pesos entre 2018 y 2023 debido a la omisión del cobro de derechos por la colocación de anuncios espectaculares y vallas publicitarias.
“Esta administración no sólo no realizó esos cobros, sino que este año otorgó un descuento del 80 por ciento en los derechos a pagar por metro cuadrado a las empresas de vallas, sin justificación alguna. La publicidad exterior en la Ciudad de México representa un negocio de alrededor de cinco mil millones de pesos anuales, y la condonación a algunos empresarios ha significado una pérdida de 873 millones de pesos solo este año”, afirmó Negrete.
De acuerdo con datos de la FRRPU, tras los cambios en la ley, la superficie total ocupada por estructuras publicitarias se triplicó, pasando de 316 mil 800 metros cuadrados a 890 mil, debido a acuerdos con empresarios para retirar espectaculares de las azoteas.
Antes de la promulgación de la nueva ley, existían tres mil 600 anuncios espectaculares en la Ciudad de México, de los cuales mil 300 se encontraban en techos, representando un riesgo significativo para la protección civil. Por ello, se creó un programa para su remoción.
Finalmente, la FRRPU acusó que estos acuerdos permitieron el regreso de formatos publicitarios que habían desaparecido de la ciudad, como los anuncios envolventes, a pesar de estar prohibidos tanto en la anterior ley como en la nueva.
La situación cruzó una línea incluso más grave cuando el Gobierno Federal insinuó la necesidad de investigar el supuesto “financiamiento” de las madres buscadoras.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.