La situación cruzó una línea incluso más grave cuando el Gobierno Federal insinuó la necesidad de investigar el supuesto “financiamiento” de las madres buscadoras.
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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) permite extraer más de 33 mil millones de litros del vital líquido al año a por lo menos 172 particulares; lo cual representa unos 93 millones de litros al día, líquido que no depende del abastecimiento de la tubería general de la Ciudad de México (CDMX).
Hoy en día, hay millones de capitalinos que afrontan la escasez del líquido con las medidas de restricción que aplican las autoridades de la CDMX; sin embargo, existen complejos habitacionales, escuelas privadas, panteones, iglesias, deportivos y fundaciones que, de los 33 mil millones de litros subterráneos, extraen el 14 por ciento, es decir, alrededor de cuatro mil 622 millones de litros, según el Registro Público de Derechos de Agua de la dependencia federal.
A estas cifras se suman los 29 mil millones de litros que extraen empresas embotelladoras y cerveceras como Modelo, que posee una concesión para explotar con siete pozos más de ocho mil millones de litros de agua al año; asimismo, la Inmobiliaria San Antolín que tiene la segunda concesión más abundante de la CDMX con mil 687 millones de litros al año.
La situación anterior es posible debido a que la Conagua ha otorgado concesiones “legales”, de un total de 42 pozos con categoría de servicios y 177 con la de industrial que cuentan con más de un pozo; pero que de acuerdo con especialistas se realiza una distribución inequitativa.
Tan sólo en la administración del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se han entregado 21, cuyos usuarios particulares no dependen de los 780 mil 516 millones de litros de agua anuales de 858 pozos que extrae el Sistema de Aguas de Ciudad de México.
Al respecto, el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez, advirtió que el sistema de concesiones es demasiado permisivo, ya que se otorgan por un período inicial de 30 años, con la posibilidad de renovarse por otros 30, lo que significa que se está cediendo el control del recurso hídrico a entidades privadas por más de medio siglo, pese a que el agua sigue siendo propiedad de la nación.
La situación cruzó una línea incluso más grave cuando el Gobierno Federal insinuó la necesidad de investigar el supuesto “financiamiento” de las madres buscadoras.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.