Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, a nivel nacional, se cometieron 10 mil 333 delitos de extorsión de enero a diciembre de 2023. Además, desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta junio de ese año se abrieron 41 mil 873 carpetas de investigación por el delito de extorsión, cifra que incrementó un 48 por ciento con respecto al mismo periodo del sexenio anterior.

A este panorama se suma que en México únicamente son denunciados dos de cada cien casos de extorsión, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) de 2021 y que, a pesar de sus fluctuaciones anuales, este tipo de delito tiene una tendencia al alza, según el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

De acuerdo con la fundación InSight Crime, dedicada a la investigación de amenazas para la seguridad nacional de América Latina y el Caribe, "Los grupos criminales han extendido el cobro extorsivo al transporte público, tiendas, operadores turísticos, eventos religiosos, empresas mineras e incluso a comercios de productos cotidianos. Con esto, la violencia se ha expandido hacia estos sectores, pues quienes se niegan a pagar los cobros o a cumplir normas, corren el riesgo de ser asesinados".

Asimismo, refiere que los grupos delictivos han establecido un sistema de extorsión que les otorga un control considerable sobre diversos aspectos de la vida cotidiana en las comunidades donde operan, mismo que se manifiesta en situaciones como el asedio a transportistas en lugares como Texcaltitlán y Guerrero. En estas localidades, la presencia y las acciones de grupos criminales han generado un ambiente de intimidación y coerción, donde los ciudadanos se ven obligados a ceder a sus demandas para garantizar su seguridad y funcionamiento cotidiano.

De esta manera, aseguró, los grupos delictivos han identificado en la extorsión no sólo un medio para controlar todo lo que pueda generar ganancias, sino también una manera de compensar las pérdidas ocasionadas por el declive en el tráfico de drogas naturales debido al incremento en el consumo y la indebida comercialización de drogas sintéticas. Esta adaptación estratégica refleja cómo estos grupos buscan mantener su poder económico y su influencia, aprovechando las nuevas oportunidades que surgen en el mercado de drogas ilícitas.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que “la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más comunes que afectan a los ciudadanos, empresas y comunidades mexicanas en los últimos años. Este delito ha tenido un impacto sustancial en la economía, el tejido social y la seguridad de la población, puede llevar al cierre de empresas, la pérdida de empleos y una disminución del crecimiento económico”.