La jefa de Gobierno planteó un “gran acuerdo” con medios para disminuir la cobertura de violencia, aunque críticos advierten que el problema no es la narrativa, sino la realidad en las calles.
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El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Turismo, que establece un límite en el hospedaje a través de plataformas como Airbnb, misma que determina que sólo se permitirá una ocupación máxima del 50 por ciento anual para estos inmuebles.
Este dictamen, impulsado por el jefe de Gobierno, Martí Batres, introduce restricciones sobre el porcentaje de hospedaje anual permitido. La medida busca equilibrar la competencia entre los hospedajes profesionales y el alojamiento de corta estancia.
Además, la reforma modifica la Ley de Vivienda y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. Prohíbe el registro y la oferta de inmuebles destinados a vivienda social, así como aquellos reconstruidos tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, dado que estos tienen un objetivo social.
César Emilio Guijosa Hernández, diputado local de Morena, presentó el dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Turismo. Explicó que el crecimiento del turismo temporal digital a través de plataformas ha alterado el funcionamiento del alojamiento en la ciudad, generando gentrificación y un aumento en los precios de la vivienda.
El legislador destacó que esta reforma establece un coeficiente de ocupación máxima del 50 por ciento anual para las unidades de alojamiento registradas en plataformas digitales. El objetivo consiste en regular el mercado de alquileres vacacionales y mitigar la competencia desleal con el sector hotelero tradicional.
El diputado también enfatizó que limitar la oferta de alojamientos turísticos promueve un equilibrio en el mercado, protege los intereses de los establecimientos hoteleros y evita la saturación de viviendas destinadas exclusivamente al turismo.
En contraste, el diputado panista Diego Orlando Garrido López criticó la reforma, considerándola un ataque a la propiedad privada y a la libertad individual. Señaló que no corresponde al Estado determinar el uso de los bienes inmuebles.
Por su parte, la diputada panista Laura Alejandra Álvarez Soto advirtió sobre la falta de un mecanismo para verificar el cumplimiento de la norma en inmuebles con una sola habitación, donde no puede aplicarse el límite del 50 por ciento. Añadió que el establecimiento de cupos podría generar un mercado negro, en el que se alquilen partes de viviendas sin ser reportadas en las plataformas.
El dictamen recibió 49 votos a favor, seis en contra y nueve abstenciones. La reforma también establece que los propietarios de este tipo de hospedaje temporal deben registrar sus propiedades en las plataformas digitales.
La jefa de Gobierno planteó un “gran acuerdo” con medios para disminuir la cobertura de violencia, aunque críticos advierten que el problema no es la narrativa, sino la realidad en las calles.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera