La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el cinco de abril la facultad que los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) habían otorgado en noviembre de 2019 al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que decidiera por decreto el destino de los ahorros generados por su “política de austeridad”.

El dictamen de los ministros de la SCJN se sustentó en el reconocimiento de que tal atribución es exclusiva de la Cámara de Diputados y el gobierno de AMLO, que la había ejercido desde el 1° de diciembre de 2018 para financiar sus proyectos, y que la estaba invadiendo de manera indebida.

La relevancia de esta decisión del Poder Judicial podría redundar en un llamado al orden en la administración del dinero público del Gobierno Federal vigente, que desde hace más de tres años pasa de una bolsa a otra y la cobija presupuestal es sometida a frecuentes recortes y reasignaciones en el gasto público de la Federación.

De acuerdo con especialistas en economía y organizaciones civiles, este manejo irresponsable del tesoro público perjudica a los sectores sociales más pobres de la población y beneficia a otros que tienen, como principal seña de identidad política, su cercanía con el Presidente y Morena, el partido oficial.

Esta mala conducción ha provocado, además, el aumento de la deuda pública –uno de los tabús de AMLO– a un grado tal que, el nueve de enero de este año, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, afirmó que ciertamente AMLO está “haciendo historia” porque en un trienio incrementó la deuda en 13 mil 900 millones de pesos (mdp) para financiar sus obras emblemáticas: el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles.

“El problema es que el endeudamiento es para los caprichos presidenciales, obras inviables que no van a resolver los problemas de la gente, o para tapar los hoyos financieros que ha dejado la pésima administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, reveló el senador.

Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), declaró a buzos que “esta política de austeridad y de centralización, no ha tenido los resultados esperados; en este sentido ha sido una crítica constante que la austeridad no tiene por qué aplicarse a rajatabla, y tendría que verse, caso por caso, si vale la pena hacer este tipo de recortes en algunas partidas específicas, que son prioritarias para las personas, como en el caso de educación y salud”.

Acerca de las acciones anticorrupción, con las que según AMLO se ahorrarían al menos 500 mil mdp, Guadarrama agregó que hasta ahora se desconoce incluso la ejecución de dichas medidas; y lo que es peor, en el supuesto de que éstas se hubieran concretado, cual ha sido el paradero de ese monto millonario.

En su tercer informe de gobierno, el 1° de septiembre de 2021, el mandatario reconoció que, hasta esa fecha, los ahorros gubernamentales sumaban un billón 400 mil mdp; pero esta cifra no fue acompañada con una explicación detallada de los montos, las medidas y las acciones específicas que propiciaron ese “ahorro”.

En los hechos –explicó Guadarrama– “hay diversos ejemplos de lo que han generado los recortes a machetazos. Está, por ejemplo, el tema de las guarderías, de los medicamentos, las escuelas de tiempo completo; hay diversos ejemplos en que la cancelación de recursos, fideicomisos, programas, ha generado un impacto directo a la población. A los beneficiarios de esos programas, en lo específico, se les ha dejado de brindar los servicios, de proteger los derechos, los han dejado indefensos”.

Fracasó la política de austeridad

En un trabajo fechado el 17 de marzo de 2021, las analistas de México Evalúa (ME) Mariana Campos, Xhail Balam y Lía Álvarez, advirtieron que ha fracasado la política de austeridad como intento de poner orden en el gasto público, porque se diseñó e implementó mal, y solo ha servido para negar el financiamiento a obras, servicios y programas que resultaban socialmente útiles (como las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles).

“Sí, como ejercicio de ‘austeridad’ deja mucho que desear; pero la motivación auténtica es peor. Es evidente que tal política ha sido utilizada para negar financiamiento a programas públicos por razones puramente políticas: por ser producto del trabajo de los gobiernos de sus adversarios políticos, a pesar de que en varios casos generaron beneficios tangibles para la población”.

En contraste, prosigue el análisis que lleva por título Los siete pecados capitales en el gasto de AMLO, se procura garantizar el presupuesto para financiar iniciativas, programas y proyectos del gobierno de AMLO “que presentan serios problemas de rentabilidad y/o planeación (…) este despilfarro, que coexiste con el austericidio, es quizá la falta más grave en la forma en que el Gobierno de AMLO ejerce el gasto público”.

El documento también destaca que, durante la actual administración, se han ejecutado múltiples recortes y reasignaciones; y que el gasto en el Sector Salud sigue bajo. En éste, por ejemplo, se cambiaron las reglas para la compra de medicinas y la sustitución improvisada generó desorden y desabasto en perjuicio de la población.

Cuestionan, asimismo, el financiamiento del equipo de Servidores de la Nación, un grupo de personas creado para operar los programas sociales del gobierno, pero que en realidad está vinculado a los fines político-electorales de Morena. El gasto público en este grupo contrasta con el desplome del gasto federalizado en rubros prioritarios como la seguridad pública en las 32 entidades de la República.

Consultado por buzos, Kristóbal Meléndez, integrante del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indicó que, en teoría, la austeridad funciona porque sirve para suprimir gasto público no prioritario y superfluo para hacer más con menos y conseguir metas fijadas; pero que resulta negativo cuando se recorta de más:

“Tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, porque muchas veces, al recortar demasiado, no se alcanzan los objetivos completos, y esto también es un problema”, precisó Meléndez, quien coincidió con los especialistas del IMCO y ME, cuando insisten en que el esquema de austeridad aplicado por el gobierno de Morena ha incurrido en aciertos, errores y excesos.

Ha originado tanto recortes de personal, reducción de los sueldos de altos funcionarios, suspensión de viáticos y de seguros de gastos médicos, que son gastos no prioritarios, como aplicado reducciones presupuestales y recortes de gasto público en actividades prioritarias del Estado mexicano como educación y salud.

El Gobierno Federal de AMLO también ha recortado los presupuestos para el desarrollo de obras y servicios públicos en las entidades y municipios, que disminuyeron significativamente en 2020 y 2021, con lo que ha profundizado sus crisis financieras y mermado las capacidades para atender las necesidades de la población. En 2022 hubo un incremento en las partidas presupuestales de las administraciones locales, que no ha alcanzado para resarcir los problemas financieros.

En octubre de 2020, la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso federal eliminó 109 fondos y fideicomisos públicos para sustraer 68 mil 478 mdp que puso a disposición del Gobierno Federal. Esos instrumentos fueron creados por gobiernos anteriores para garantizar el financiamiento de programas que atendieran asuntos específicos, como beneficio emergente a los problemas generados por desastres naturales, investigación científica y protección a los derechos humanos.

Entre esos instrumentos financieros estaban los fondos de Desastres Naturales (Fonden), de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (FCICT), Innovación Tecnológica (FIT), Institucional del Conacyt (FOINS), Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social (FSIDS) y el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (FPPDDHP).

Además, bajo el mismo paraguas de los “ahorros”, el gobierno de AMLO ha recurrido sistemáticamente a los subejercicios, es decir, a la no aplicación integral de los recursos financiaros aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) anuales.

Un plan que hace agua

Los académicos, investigadores y organizaciones especializadas consultadas coinciden en que así como el gobierno de AMLO ha incumplido su compromiso de que la economía nacional creciera al menos al cuatro por ciento anual, tampoco ha logrado ninguno de sus demás objetivos prioritarios.

Entre sus fallas más notorias destacan la inoperancia de sus políticas de ahorro y austeridad, incluso los programas sociales mediante la entrega directa de dinero en efectivo a las personas; ya que tanto los montos como su alcance poblacional son cortos y no han logrado su objetivo esencial: aumentar el consumo interno. En la misma situación crítica se encuentran sus costosas e inviables obras “emblemáticas”.

El crecimiento económico es uno de los principales pendientes de la actual administración: En 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.2 por ciento, aún sin pandemia. En 2020, ya con la emergencia sanitaria, cayó 8.4 por ciento. En 2021 creció en cinco por ciento, pero como producto del rebote entre las caídas de 2019 y 2020.

Acerca de este hecho, en su reporte Crecimiento nacional y estatal de la economía mexicana, publicado el 31 de enero de 2022, la organización México ¿Cómo vamos?, revela: “El efecto rebote no fue suficiente para compensar lo perdido en 2020 y mucho menos para regresar a niveles previos a 2019”.

El dos de febrero de 2022, el Presidente declaró que la economía crecería cinco por ciento, incluso anticipó que lo haría en la misma magnitud en 2023 y 2024. Sin embargo, el dos de marzo de 2022, el Banco de México (Banxico) redujo del 3.2 por ciento al 2.4 por ciento su expectativa de crecimiento de la economía y la de 2023 bajó del 2.9 al 2.7 por ciento.

En enero de este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo del cuatro por ciento en noviembre de 2021, que había estimado para 2022, al 2.8 por ciento el estimado de crecimiento económico; y siete de abril pasado, el Banco Mundial (BM) también disminuyó sus expectativas del tres al 2.1 por ciento para 2022 y 2023.

Para sostener el “plan de austeridad” de AMLO, los legisladores de Morena aprobaron reformas a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el PEF 2019 y expidieron la Ley de Austeridad Republicana. Fue este marco legal con el que crearon la facultad presidencial que hace unas semanas invalidó la SCJN.

En el análisis Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero, fechado el 31 de enero de 2021, Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), recuerda que Morena se opuso a las reformas que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) promovió en 2017 y 2018 para facultar al Presidente de la República a realizar reasignaciones presupuestales a su voluntad. Desde que asumió el poder a finales de 2018, Morena ha hecho exactamente lo mismo que entonces criticó, incluso lo ha profundizado.

La referida norma anulada, según la SCJN, disponía que los ahorros generados por el Poder Ejecutivo Federal podrían ser utilizados en términos del Plan Nacional del Desarrollo (PND-2018-2024), o aplicados a voluntad y por decreto de su titular, el Presidente de la República. “La Corte estableció que esta última porción normativa vulnera la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para decidir el destino de los recursos públicos conforme al Artículo 74°, Fracción IV, de la Constitución General, pues nuestro diseño constitucional deposita exclusivamente en esa Representación Popular la facultad democrática de elegir el destino de los recursos públicos”, refiere el reporte 116, publicado el cinco de abril de 2022.

La determinación de la SCJN derivó del dictamen sobre el análisis jurídico promovido por la acción de inconstitucionalidad 139/2019, impulsada por un grupo de senadores de oposición, quienes demandaron la invalidez de las reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana y diversas disposiciones de las Leyes General de Responsabilidades Administrativas y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019.

Histórico endeudamiento

Con datos actualizados a febrero de 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló en su informe número 20: “En materia de deuda, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 13 billones 357.3 mil mdp, al tiempo que la deuda neta del sector público se ubicó 13 billones 277.8 mil mdp”.

Entre los damnificados por los recortes presupuestales del gobierno de AMLO está la mayoría de los 32 estados y los dos mil 475 municipios del país. En 2020 hubo un primer recorte contra las administraciones locales cuando el gasto federalizado, es decir, las partidas presupuestales destinadas a los gobiernos locales, fue de un billón 97 mil mdp, 0.5 por ciento menos que el aprobado en 2019.

En el PEF 2021 aplicaron un recorte histórico mayor al de 2020, equivalente al 5.49 por ciento, es decir de 108 mil 521 mdp. En tanto, las participaciones federales se redujeron 6.3 por ciento, afectando los servicios de salud, educación, construcción e infraestructura y seguridad pública.

En el PEF 2022 hubo un aumento del 4.7 por ciento en las participaciones federales; y en total sumaron dos billones 108 mil 869 millones, cifra insuficiente para revertir la crítica situación de la mayoría de las 32 administraciones locales.

El dinero público federal, proveniente del cobro de impuestos en las entidades federativas, resulta fundamental para éstas, porque equivale al 82 por ciento de sus ingresos. En el análisis Hablemos de Ingresos en los Estados, elaborado por especialistas del IMCO y fechado el 28 de febrero de 2022, se advierte lo siguiente:

“El actual arreglo de coordinación fiscal entre las entidades y la federación genera un escenario complicado para las finanzas públicas estatales, ya que 82 por ciento de estos recursos proviene de las transferencias federales. Esto implica poca autonomía fiscal, alta dependencia de las transferencias federales y baja recaudación”.