Después de observar lo que ocurrió en 2016, inmediatamente después de publicada la ley que creaba la nueva Unidad de Medida y Actualización (UMA), no hace falta ser muy suspicaz para entender que el empleo de esta nueva medida del monto que deben recibir los trabajadores del Estado al jubilarse o pensionarse es una perversa trampa que pronto los conducirá a una situación de extrema precariedad.

La interpretación de la nueva ley fue totalmente contraria a los intereses de los trabajadores del Estado, no solo de quienes han alcanzado la edad de jubilarse, sino de todos los que tendrán que llegar a este punto.

La parte patronal, representada por el ISSSTE y el IMSS, hizo creer a los pensionados y jubilados que la UMA los beneficiaría al servir como base para aumentar el monto de sus percepciones. La realidad pronto desengañó a los supuestos beneficiarios del diabólico invento; al recibir pagos disminuidos en más de una tercera parte, muchos de ellos conocieron el verdadero fondo de dicha ley. La sorpresa se trocó en inconformidad y ésta en rechazo y pleito. Los trabajadores acudieron ante los tribunales competentes para ampararse y el litigio quedó finalmente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El daño era tan evidente, la interpretación de la ley UMA era tan errónea y en beneficio del patrón, que los afectados conservaban la esperanza de que los sapientes magistrados hicieran justicia.

En febrero de 2021 se conoció la resolución de la SCJN. Después de cinco años de que el Poder Legislativo arremetiera contra los intereses de este sector de los trabajadores que entregó su vida al Estado –árbitro máximo en los conflictos entre clases y grupos sociales– la SCJN falló en contra de jubilados y pensionados; su resolución es definitiva e inapelable.

El Poder Legislativo y el Poder Judicial enfilan sus armas contra un sector de la clase laboral, mientras el Poder Ejecutivo llama a esperar, a tener paciencia hasta que salgamos de la crisis económica y que la pandemia haya pasado. Así, los tres Poderes de la Unión están en contra de hacer justicia, en un plazo inmediato, para los pensionados y jubilados. Este atropello contra hombres y mujeres de la tercera edad comenzó en gobiernos anteriores, pero hoy, en pleno sexenio de la “Cuarta Transformación” éstos reciben la puntilla. Una vez más se demuestra que los trabajadores solo pueden contar con su propia fuerza organizada y no deben confiar ni esperar nada más que trampas y golpes bajos de la representación empresarial; no hay duda, en este caso, el Estado se comporta como un empresario y los tres Poderes de la Unión lo respaldan.