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Avanza reforma al Poder Judicial en San Lázaro
Esta aprobación se produce en medio de un paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial y diversas manifestaciones en contra de la propuesta.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF), propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para permitir la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular.
Esta aprobación se produce en medio de un paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial y diversas manifestaciones en contra de la propuesta enviada por el Jefe del Ejecutivo a San Lázaro el pasado 5 de febrero para su discusión.
Tras un debate de seis horas, el dictamen fue aprobado en lo general por 22 votos a favor de los grupos legislativos de los partidos: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), frente a 17 votos en contra de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Los legisladores del oficialismo realizaron 104 modificaciones al proyecto original.
Además, se hicieron 330 reservas sobre el proyecto, que se discutieron en lo particular. Después de 11 horas y media, el dictamen fue aprobado en su totalidad con 22 votos a favor y 18 en contra. El documento fue turnado a la Mesa Directiva de San Lázaro, que lo remitirá al Pleno de la próxima Legislatura, la cual iniciará funciones el 1 de septiembre de 2024 y contará con mayoría calificada.
Una vez aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el dictamen pasará al Senado, donde a la autodenominada “4T” le faltarían tres votos para alcanzar la mayoría calificada.
Durante la discusión en lo particular, la mayoría oficialista aprobó una modificación para incorporar la figura de los “jueces sin rostro” como un mecanismo de protección para los juzgadores en casos relacionados con el crimen organizado. Esto permitirá al órgano de administración judicial tomar las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de los jueces, conforme al procedimiento que establezca la ley.
Además, se considera reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de once a nueve, así como reducir de 15 a 12 años la duración del cargo y ajustar sus remuneraciones para que no superen las del Presidente de la República.
El proyecto también propone la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, que sería sustituido por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de supervisar la actuación de los jueces y, en su caso, imponerles sanciones.
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