Con la entrada en vigor de la Reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral deben iniciar de inmediato la extinción de 11 fideicomisos de órganos judiciales, que cuentan con casi 17 mil millones de pesos. Estos fondos deberán transferirse a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

La reforma asigna responsabilidades al Instituto Nacional Electoral (INE), al Congreso y al Poder Judicial Federal (PJF). Los artículos transitorios de la reforma exigen la aplicación de estas tareas desde el primer día de su publicación.

El Consejo de la Judicatura debe implementar un plan para transferir recursos, personal e inmuebles al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplazará al actual órgano el 1 de septiembre de 2025.

Por su entrada en vigor, la reforma extiende hasta agosto de 2027 los nombramientos de los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que debían salir en 2024 o 2025, y hasta agosto de 2025 los de tres consejeros de la Judicatura cuyo mandato terminaba en noviembre.

Los 10 ministros y ministras tendrán hasta la fecha de cierre de la convocatoria electoral, aún por definir, para aceptar la oferta de renunciar y permanecer en sus puestos hasta agosto de 2025, a cambio de obtener su haber de retiro.

Ministros, magistrados y jueces deben decidir si participan en la elección de 2025. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debe colaborar con el Senado para definir los puestos en juzgados y tribunales sometidos a votación popular.

El proceso para la elección judicial extraordinaria de junio de 2025 comenzó ayer. En los siete días siguientes, el Consejo General del INE celebrará su primera sesión para la etapa de preparación, similar a las elecciones tradicionales.

Consejo de la Judicatura Federal aprueba retiro anticipado

La semana pasada, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) facilitó la salida de jueces y magistrados al eliminar el requisito de edad mínima de 65 años para acceder a la pensión complementaria por retiro anticipado.

El acuerdo, que reforma disposiciones vigentes desde 2015, permite a los juzgadores acceder a esta pensión a los 55 años o menos, siempre que tengan 25 años de antigüedad y hayan sido ratificados en el cargo.

El documento asegura que los juzgadores federales que pueden acceder a una pensión del ISSSTE también podrán obtener la pensión complementaria y ejercer su derecho a una jubilación digna, acorde con su trayectoria y años de servicio.