Presuntamente la Unidad de Comunicación Social habría realizado pagos por 97 millones de pesos a Mayavisión.
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Un día antes de que la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, presente su Cuarto Informe de Gobierno (1 de agosto), el Juzgado Segundo Interino del sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado determinó improcedente el recurso de revocación presentado por el diario Tribuna, por lo que ahora sus periodistas deberán contar con un censor judicial antes de publicar su información.
Luego de que el Juzgado Segundo declarara improcedente el recurso de revocación presentado por la defensa del medio campechano, el diario Tribuna tendrá que pasar toda su información por la aprobación de un censor oficial designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado antes de publicar cualquier noticia en sus plataformas de redes sociales.
Con esta medida, la dirección del informativo tiene sólo 48 horas para proporcionar el nombre y los datos del responsable de redes sociales de Tribuna para implementar el censor, ordenó la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez.
Al respecto, el exdirector por más de tres décadas de Tribuna, Jorge González, declaró que la medida busca “manipular la información relacionada con el cuarto informe de Layda Sansores, que es precisamente este viernes… Esta medida inédita es evidentemente un mecanismo para controlar contenidos y restringir el trabajo periodístico independiente en Campeche”, declaró.
Agregó que la resolución dictada el pasado 28 de julio forma parte de una medida cautelar para la “verificación de publicaciones” relacionadas con la gobernadora de Campeche. Determinó que el censor judicial vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información.
Tras un proceso judicial que se prolongó por más de dos años, la gobernadora de Campeche logró que un juez ordenara medidas cautelares dirigidas al coordinador de redes sociales de Tribuna, a quien se le atribuyen publicaciones que presuntamente incitaban al odio y a la violencia política y de género.
Lejos de poner fin al conflicto, la resolución generó inconformidad en el gremio periodístico, quien señalo a Layda Sansores de censurar al diario que ahora enfrenta sanciones legales por el manejo de su contenido digital.
Presuntamente la Unidad de Comunicación Social habría realizado pagos por 97 millones de pesos a Mayavisión.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.