Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking sostuvieron desde el inicio que el origen era infraestructura defectuosa.
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La gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, logró la imposición de la medida judicial que restringe la libertad de expresión del periodista Jorge Luis González Valdez y del medio donde colabora, Tribuna.
Por lo que, a partir de la resolución dictada por la jueza interina de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, todo lo que el comunicador publique deberá pasar antes por la aprobación de un censor oficial designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Asimismo, la medida incluye la prohibición absoluta de mencionar, opinar o difundir imágenes de Sansores. Así como, cada nota, artículo, comentario o programa periodístico que pretenda publicar Jorge Luis González, deberá ser revisado y validado previamente por un interventor judicial.
La Alianza de Medios MX y la organización Artículo 19 repudiaron y expresaron sus preocupaciones por la imposición de un censor contra el periodista campechano, además, lamentaron las medidas cautelares dictadas el pasado 15 de julio.
El periodista de 72 años calificó la medida como “excesiva, aberrante y violatoria” de sus garantías individuales, de la misma manera agregó que nunca, en sus más de 50 años de experiencia, había enfrentado una acción tan drástica por parte de la autoridad judicial.
Respecto a la gobernadora, el comunicador dijo al medio El Universal que, “lo que buscan es que como a la señora ya sólo le quedan dos años de gobierno, no exista ningún tipo de crítica contra su administración. Intentan acallar sus frivolidades y los actos de corrupción y opacidad que existen en su gestión”.
Acusó que el gobierno de la 4T ejerce una “terrible” censura a varios periodistas, así como existe una violencia tremenda contra el orden jurídico y la libertad de expresión.
Finalmente, Jorge González indicó que los medios de comunicación deben actuar con mayor fuerza y mostrar unidad ante actos de censura, ya que se corre el riesgo de que se generalice en el territorio nacional y apuntó que así es como han comenzado regímenes dictatoriales.
Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking sostuvieron desde el inicio que el origen era infraestructura defectuosa.
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El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.