A nivel nacional, más del 80 por ciento de las organizaciones reconoció tener brechas relevantes en sus protocolos de protección digital, según en INAI.
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El freno a las desapariciones forzadas se convirtió, hace muchos años, en una deuda histórica del Gobierno Federal con la sociedad mexicana, concluye nuestro Reporte Especial, que habla esta semana de la lucha de las Madres Buscadoras y su marcha por la dignidad y la justicia, efectuada el pasado miércoles 10 de mayo por las calles del centro de la Ciudad de México.
Con esta larga y tenaz lucha por la aparición de sus hijos, las Madres Buscadoras dan un ejemplo de perseverancia, de responsabilidad y cumplimiento del deber a las autoridades encargadas de velar por la seguridad de todos los mexicanos; el ejemplo de que es posible realizar una búsqueda sistemática y continua de quienes fueron víctimas de la delincuencia o la represión de cualquier tipo.
La realización de esta búsqueda le toca al Estado, no a las madres ni a las familias de los desaparecidos, que deberían ser protegidas y auxiliadas por las autoridades correspondientes y recibir atención a su demanda de justicia. Integrantes de las Madres Buscadoras describen las mismas dificultades, la misma indiferencia e incapacidad del gobierno y el calvario que han tenido que recorrer sin encontrar a sus seres queridos; hoy elevan su voz desde las páginas de este semanario para denunciar la desatención a sus demandas, exigir que el gobierno del país cumpla con su obligación y exhortar a las demás integrantes de su movimiento a no cejar en esta lucha, que ya no es solo particular o familiar, sino de interés nacional.
El problema de las desapariciones ha evolucionado; la causa principal ya no es, como en la Guerra Sucia, la persecución política. La delincuencia en sus diferentes formas aparece hoy como la causa principal. Se han creado leyes, registros y comisiones nacionales para indagar el paradero de las personas desaparecidas y no localizadas, pero el fenómeno, en vez de erradicarse es aún más grave.
El periodo que va desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico ordenada por el gobierno calderonista hasta el primer trienio del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), es la etapa en que se reporta el mayor número de personas desaparecidas en México. Este aspecto de la delincuencia y el crimen no ha disminuido con ninguna estrategia oficial; ni los balazos en la guerra de Felipe Calderón ni la estrategia de abrazos a los criminales promovida por la 4T han dado resultados efectivos. Las estadísticas publicadas al respecto son contradictorias: mientras el gobierno actual reporta una disminución general de la violencia, analistas, investigadores y académicos sostienen que ésta aumenta de forma incontrolable.
En medio de estas discrepancias, la voz de las Madres Buscadoras inclina la balanza en el sentido de que la violencia y el crimen son un problema que se agrava y requiere una estrategia distinta de las que se han aplicado hasta ahora.
A nivel nacional, más del 80 por ciento de las organizaciones reconoció tener brechas relevantes en sus protocolos de protección digital, según en INAI.
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Escrito por Redacción