Para analistas de la industria de la energía resulta infructuoso el gasto en esta materia ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dirigido a construir, remozar y comprar plantas con tecnología en camino de obsolescencia y susceptible de ser eliminada por alternativas más baratas y ambientalmente limpias, solar, eólica etc., tal como en el reciente caso de la adquisición de 13 plantas eléctricas al corporativo Iberdrola.

Más sintonizado con sus objetivos político-electorales sostenidos desde 2018, entre los que prometió hacer a México autosuficiente en energía, es decir, alcanzar una “soberanía energética” que a la fecha no ha cumplido, AMLO ha lanzado durante su gobierno cuatro millonarios proyectos basados en tecnologías y esquemas de negocio que van de salida en el mundo.

Se trata de la construcción de una refinería de combustibles en Dos Bocas, Tabasco (18 mil millones de dólares); remozamiento de las seis desvencijadas plantas refinadoras de Petróleos Mexicanos (Pemex) (cuatro mil 400 mdd); compra de su participación al corporativo petrolero Shell en la refinería Deer Park, Texas, Estados Unidos (mil 600 mdd), y la citada adquisición de 13 plantas generadoras de electricidad a Iberdrola (6.2 mil mdd).

Entre 2018 y 2024, el gasto ordenado por AMLO en esos proyectos asciende a por lo menos 30 mil mdd, más de 512 mil millones de pesos y contando, sin que se haya alcanzado la “soberanía energética” durante su gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) que terminará dentro de siete meses, en septiembre de 2024.

El costo de las 13 plantas se anunció en 6.2 mil mdd, unos 102 mil millones de pesos aproximadamente, 12 de las cuales operan con sistema de “ciclo combinado”, utilizando turbinas de vapor de agua junto a otras alimentadas con combustibles “fósiles” contaminantes, tal como el gas, en tanto las 44 plantas de este tipo propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) utilizan combustóleo y carbón, de mayor riesgo ambiental.

Especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) exponen que esta operación del corporativo español, como están haciendo otras firmas mundiales, es una estrategia de negocios para deshacerse de sus plantas contaminantes y con sistemas de producción cada vez más caros, con el fin de invertir, en cambio, en la implementación de tecnologías actuales y producir energía alternativa, no contaminante y más barata, a partir del Sol, viento o agua.

“Para Iberdrola, esta transacción se da en un contexto que busca reducir gradualmente la huella de carbono (contaminantes) en su matriz de generación eléctrica y centrar sus inversiones en tecnologías bajas en emisiones”, indican los analistas del IMCO en su informe La compra de centrales de Iberdrola no nacionaliza la industria eléctrica.

Después del anuncio oficial, del cuatro de abril de 2023, sobre la compra de sus 13 plantas por parte del gobierno de la 4T, la firma española deslizó a medios de comunicación que se estaba preparando para invertir el dinero que obtendría en nuevas instalaciones, pero de energía alternativa, como eólica y solar en México, aunque también lo está haciendo en otros países como Brasil.

El seis de abril de 2023, el medio especializado en negocios y economía Expansión, reportó que la directiva de Iberdrola en México había informado a sus inversionistas, el día cinco, acerca de sus nuevos planes de invertir en plantas de energías renovables en el país.

“(…) ahora la compañía dice que irá hacia adelante buscando nuevas oportunidades en el mercado de energías renovables. “Seguiremos creciendo en México con renovables y clientes privados, algo que nosotros no habíamos buscado hasta ahora debido a la incertidumbre regulatoria que teníamos en México”, ha explicado José Sáinz, el CEO de Iberdrola, a sus inversionistas en una presentación que decidieron titular como ‘La Nueva Iberdrola en México’, indicó el referido medio.

El 10 de mayo de 2023, el columnista especializado en economía y finanzas Darío Celis, publicó en su columna del diario El Financiero el título “Invertirá Iberdrola 5 mmdd en seis plantas solares”, en cuyo texto expone que “(…) Iberdrola busca producir en México capacidad por cinco gigawatts, para lo cual invertirá entre 4 mil y 5 mil millones de dólares. Es decir, mil millones de dólares menos de lo que recibirá por sus 13 plantas (…)”.

Iberdola feliz

“Iberdrola ya pudo deshacerse de esas 13 plantas, y parece que está muy contenta con esto, porque las plantas realmente no son nuevas, son antiguas, no muy, muy, pero son antiguas, e Iberdrola tiene una política de moverse hacia plantas nuevas de energía renovable (Sol, viento, etcétera) a nivel mundial, no sólo en México en donde todavía tiene plantas que son de energía renovable”, dijo a buzos David Shields, analista especializado en materia energética.

“El Presidente probablemente está comprando caras (en seis mil millones de dólares) las plantas de Iberdrola, pero está contento, cree que está logrando que la CFE tenga un predominio con el 54 por ciento en la generación de energía eléctrica (actualmente tiene el 38 por ciento), pero las 13 plantas, hasta donde sabemos, no están pasando a ser activos de CFE”, expuso Shields. 

Por determinación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), las 13 plantas compradas a Iberdrola deberán mantenerse como propiedad privada, operando de manera independiente de la CFE, de la que, además, no podrá recibir información estratégica, todo esto con el fin de salvaguardar la libre competencia entre empresas, CFE y privadas, en el sector.

Entramado

Los compradores de las 13 plantas de Ibedrola son el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), creado en 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), y la financiera privada “México Infraestructure Partners” (MIT), encabezada desde 2015 por Mario Gabriel Budbo, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía en el sexenio de Calderón, el “adversario” y “conservador” predilecto de AMLO.

En lo específico, la compra se haría por medio de la firma “México Infraestructure Partners FF” un fondo de inversión creado en agosto de 2022 como filial del “México Infraestructure Partners” fundada en 2015, tras la reforma constitucional en materia energética 2013-2014, promulgada durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió a la inversión privada el mercado eléctrico nacional, reiteradamente criticada y descalificada por López Obrador.

“México Infraestructure Partners” opera otro fondo de inversiones denominado “Fomento a la Energía e Infraestructura de México 2” (Fondo EXI 2) dedicado a las inversiones de alto riesgo (de pérdidas) que tiene proyectos en curso en el país, en sectores de infraestructura, como carreteras y de energía.

En otros datos relevantes, serán los mismos 400 trabajadores contratados por Ibedrola quienes mantendrán en operación las 13 plantas, aunque ahora, presuntamente, quedarían al mando de “México Infraestructure Partners”, que en la realidad no se dedica a la energía, sino a las operaciones financieras.

Ninguna nacionalización 

Desde que anunció la compra de las 13 plantas de Iberdrola, el cuatro de abril de 2023, AMLO ha proclamado estar realizando una “nueva nacionalización” eléctrica, aunque en los hechos no lo es, porque esas generadoras deberán continuar en manos privadas para no violentar las leyes en la materia, según estableció la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Tras su anuncio de la presunta “nacionalización”, el Presidente se tomó una foto oficial, sonriente, en un efusivo apretón de manos con Ignacio Sánchez Galán, más conocido en el mundo financiero como Ignacio Galán, presidente global del corporativo español Iberdrola, una firma que de un día para otro dejó de ser “corrupta” y beneficiaria de “contratos abusivos” en México, un país que “no es tierra de conquista”, según había afirmado AMLO en meses anteriores.

Especialistas del IMCO aclararon el cinco de abril de 2023 que la adquisición de las 13 plantas no representa ninguna “nacionalización” ni cambiará la estructura del mercado en favor de la CFE, como afirmaba el presidente AMLO.

Señalaron que 10 de las 13 plantas en adquisición ya son productoras exclusivas de la empresa eléctrica del país, por lo que, con su compra, no se ampliará la capacidad de generación eléctrica de CFE.

Tras su anuncio sobre la compra de las 13 refinerías, AMLO se enfiló a hacer torcimientos legales a su modo, y consiguió, el 26 de mayo de 2023, que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un organismo descentralizado de la Secretaría de Energía (Sener), modificara los criterios para determinar emisiones contaminantes de las plantas de “ciclo combinado”, con el fin de etiquetarlas, indebidamente, como productoras de energía limpia.

Esta operación la hizo para hacer pasar como no-contaminantes a las 44 plantas de ese tipo operadas por la CFE y las 12 de Ibedrola que también usan “ciclo combinado” contaminante, permitiéndoles obtener “Certificados de Energías Limpias” (CELs) aunque, de fondo, no cumplan los requisitos fijados en la reforma constitucional 2013-2014, que entre otros aspectos, ordena reducir paulatinamente las emisiones de carbono.

La operación de plantas de “ciclo combinado” redunda en emisiones de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y partículas orgánicas volátiles, riesgosos para la salud humana, según especialistas del ramo ambiental.

Empresas del sector de las energías alternativas protestaron en aquel momento por la modificación hecha por la CRE y cuestionaron que se estuviera buscando una forma artificial de incrementar la cantidad de energía limpia producida en el país.

La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX) emitieron un pronunciamiento reclamando que la CRE “ha cambiado por completo los supuestos y mecanismos previstos para impulsar la transición energética”, previstos en la reforma constitucional 2013-2014 en la materia.

Entra la Cofece 

Aunque se requería hacer el trámite antes de anunciar la compra de las 13 plantas el cuatro de abril de 2023, el gobierno de la 4T envió hasta septiembre del año pasado el expediente sobre la operación de compra-venta a la Cofece solicitando su visto bueno para realizar la operación.

La Cofece, uno de los organismos constitucionalmente autónomos que López Obrador ha intentado desaparecer a toda costa al calificarlos como inútiles, fue creada el 10 de septiembre de 2013 como autoridad encargada de garantizar la “libre competencia” mercantil entre empresas públicas y privadas, evitando que alguna de ellas predomine en algún mercado, tal como busca AMLO con la CFE en el caso del eléctrico.

El tema revivió el 15 de febrero de 2024, cuando el pleno de la Cofece determinó autorizar la operación de compra-venta, siempre y cuando ambas partes aceptaran expresamente y se comprometieran a cumplir una serie de condiciones, medularmente enfocadas en garantizar que las 13 plantas sigan bajo control privado, sin vincularse con la CFE, lo que supervisará durante 10 años.

Más desatinos

En 2019, AMLO ordenó construir una nueva refinería de combustibles en Dos Bocas, Tabasco, aunque la tendencia del mundo energético se dirige hacia las fuentes alternativas, una planta con un gasto calculado por especialistas a 2023 en al menos 18 mil millones de dólares, que presuntamente fue inaugurada en 2022, al cierre de edición no producía nada, aunque AMLO había señalado otra de sus múltiples fechas para que comience a operar al 100 por ciento, ahora el 28 de febrero de 2024.

AMLO también ordenó en 2019 el remozamiento de las desvencijadas seis refinerías de Pemex que en ese momento operaban al 38 por ciento de su capacidad, con el fin de que llegaran al 100 por ciento, aunque especialistas han indicado que en la actualidad no superan el 50 por ciento.

Durante el V Congreso de Energía, Refinación, Gas y Petroquímica, realizado del 18 al 20 de octubre de 2023 en Boca del Río, Veracruz, Fidel Vizcaíno García, representante de la subdirección de Producción de Petrolíferos del organismo federal “Transformación Industrial de Pemex”, informó que al cierre del sexenio, en 2024, la inversión en la rehabilitación de las seis refinerías de la petrolera mexicana sumará un total de 75 mil millones de pesos (4 mil 400 mdd).

En tanto, sigue complicándose la situación administrativa de las antiguas refinerías de Pemex: apenas el 24 de febrero de 2024 se conoció que la petrolera ejecutó un recorte de cinco mil trabajadores, equivalentes al 18.4 por ciento de su personal adscrito al Sistema Nacional de Refinación (SNR).

Otro caso es el de la planta refinadora de combustibles, Deer Park, ubicada en Texas, Estados Unidos, que también opera con tecnología en proceso de obsolescencia y es contaminante, mientras el gobierno de Estados Unidos sigue exigiendo a los dueños de este tipo de instalaciones ubicadas en su territorio acatar la norma de “transición energética”, lanzándose a disminuir sus emisiones contaminantes, invirtiendo en la implementación de tecnología alternativa durante los próximos años.

Shell vendió en 2022 su participación en Deer Park a Pemex, con la que compartía la propiedad, así como otras de sus plantas contaminantes en el mundo, para concentrar recursos en el desarrollo de energías alternativas, a partir de la luz del Sol y la fuerza del viento, con la mirada puesta en revitalizar sus negocios.

El monto por la compra de Deer Park fue anunciada en México oficialmente en 600 millones de dólares, aunque después los directivos de Pemex reconocieron que sería más alto, de unos mil 600 millones de dólares, sin mencionar que esto se debió a la necesidad de sumar unos 900 millones de dólares correspondientes a las deudas, por pérdidas acumuladas por Shell en dos años, tras complicarse su participación en el mercado energético estadounidense.

En las operaciones para completar el pago a Shell, la firma PMI, cara internacional de Pemex, encargada de comercializar petróleo mexicano en el mundo, obtuvo un préstamo de 500 millones de dólares del banco inglés Barclays, según confirmó la agencia especializada Bloomberg el 28 de marzo de 2022, que hasta donde se sabe, en México, no ha sido liquidado aún por el gobierno de la 4T.

Además, a principios de 2022. AMLO ordenó desviar 30 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para sumarlos al pago destinado al corporativo mundial de energía Shell, aunque ese fondo originalmente está destinado a subsanar necesidades sociales urgentes de infraestructura.

Hechar mano del Fonadin

Para sus gastos en energía, incluidas las compras de instalaciones en proceso de obsolescencia, como en la refinería Deer Park y las 13 plantas adquiridas a Iberdrola, AMLO ha ordenado echar mano de recursos del Fonadin, destinado originalmente a financiar, en cualquier momento, fuera de presupuestos, obras necesarias y de alto beneficio social: caminos, agua, etcétera.

Este fondo fue creado el siete de febrero de 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, como un fideicomiso público que no figura en los presupuestos de Ingresos y Egresos aprobados anualmente por el Congreso de la Unión.

Su misión original fue servir como enlace para inversiones gubernamentales, incluso, conjuntamente con privados, para desarrollar proyectos en “comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística”.

El ocho de octubre de 2018 se publicó una reforma al Fonadin impulsada por AMLO, para que este fondo tuviera “la posibilidad de obtener financiamientos que podrán ser respaldados por el Gobierno Federal”, en otras palabras, para solicitar préstamos, cuya deuda sería respaldada por la Administración Pública Federal, con plazo de pago de hasta 50 años.

Además, con el propósito que Fonadin pudiera recibir “rendimientos financieros por sus inversiones”, es decir, obtener ganancias, aunque los fines originales del fondo gubernamental son cubrir necesidades sociales en infraestructura básica.

En otra reforma al Fonadin, publicada el 11 de noviembre de 2021, AMLO sustituyó la palabra “hidráulica” por “agua” con el supuesto objetivo de enfatizar la misión social del fondo en la dotación de agua potable, saneamiento, y control de inundaciones.

Más allá de ese distractor, el objetivo de fondo de la nueva modificación fue adicionar un rubro no descrito en el plan original del Fonadin: “la participación en el desarrollo de proyectos de infraestructura asociada a energía”. Acto seguido, en marzo de 2022, se extrajeron 30 mil millones de pesos para sumarlos al pago por la compra de la participación de Shell en la refinería Deer Park.