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De madrugada y sin previo aviso, así fue como la administración de la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, demolió el Skatepark Barrio San Antonio, hecho que se suma a una serie de intervenciones en espacios públicos por parte de gobiernos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), las cuales han afectado a la población.

Ubicado sobre la Calzada de Tlalpan, el skatepark tenía casi nueve años de existencia, fue inaugurado en 2017 con colaboración entre Nike SB, el gobierno de la CDMX, el Fideicomiso del Centro Histórico y la firma California Skateparks, además, era considerado por los deportistas como un espacio importante para promover la inclusión urbana en la capital.

Usuarios del espacio público denunciaron en redes sociales que la demolición se realizó la madrugada del 7 de mayo, presuntamente para evitar protestas o cualquier tipo de movilización vecinal.

Los afectados argumentaron que esta destrucción forma parte de las obras apresuradas que el gobierno de Morena realiza con miras al Mundial de Fútbol 2026, particularmente por la construcción de la llamada Calzada Flotante, que desde su inicio en agosto de 2025 ha generado graves afectaciones viales.

En respuesta, la alcaldía de Tlalpan emitió un boletín en el que aseguró que reconstruirá el skatepark en el mismo lugar e “integrándolo de manera orgánica” a la nueva infraestructura; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han proporcionado ninguna fecha aproximada para el inicio de las obras.

Desperdicio de recursos públicos

Esta forma de operar no es nueva; desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador asumió la administración pública en 2018, Morena ha cancelado, demolido o modificado numerosas obras y espacios públicos heredados de administraciones anteriores.

Uno de los casos ocurrió en Chicoloapan, Estado de México, donde en marzo de 2020, durante la administración de la morenista Nancy Gómez Vargas, fueron demolidas sin previo aviso las canchas de futbol rápido del Deportivo Manuel López Chávez.

El deportivo López Chávez fue inaugurado en 2010 con una inversión superior a los cuatro millones de pesos, contaban con pasto sintético, eran gratuitas y diariamente niños, jóvenes y familias usaban las instalaciones. 

Las autoridades justificaron la acción señalando que el terreno sería donado al Gobierno Federal para la construcción de una base de la Guardia Nacional. Vecinos y organizaciones como el Movimiento Antorchista calificaron el acto como represión política y acusaron a Morena de priorizar sus proyectos por encima del deporte comunitario.

Otro ejemplo es el Hospital de Chicoloapan, cuya obra inició en 2013 bajo una administración priista. En 2023, el Ayuntamiento con influencia de Morena destinó 33 millones de pesos para concluirlo, pero desde entonces sólo ha registrado avances parciales, saqueos de material y constantes retrasos.

Aunque la construcción física terminó en octubre de 2025, el hospital sigue sin entrar en operación y permanece en “etapa final de equipamiento”, muy lejos de la fecha prometida para enero de 2026.

Casos como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco, donde se perdieron entre 113 mil y más de 300 mil millones de pesos en inversiones y liquidaciones o los sobrecostos de megaproyectos como la Refinería Dos Bocas, que pasó de ocho mil 900 a más de 20 mil millones de dólares; el Tren Maya, que triplicó su costo original hasta superar los 500 mil millones de pesos; y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), demuestran el mismo patrón: destrucción o modificación de lo anterior, promesas incumplidas, retrasos y un desperdicio de recursos públicos que al final pagan los ciudadanos.