Aseguran que la obra ya destruyó manantiales de los que dependen cientos de familias y que trabajadores de las empresas constructoras invadieron parcelas familiares sin autorización.
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Foto: Internet
Identificación y sanción de responsables de ataques; revisión de la actuación del Ejército mexicano y atención inmediata para al menos 800 familias guerrerenses desplazadas son sólo algunas de las demandas del Congreso Nacional Indígena (CNI); así como del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
Además, demandan medidas urgentes de protección para las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán y Acahuetán, ubicadas en el municipio de Chilapa de Álvarez, así como la desarticulación de los grupos criminales que generan violencia en la región.
Las organizaciones indígenas y los vecinos guerrerenses señalan que los ataques de los grupos delictivos operan bajo tácticas preliminares con armas de grueso calibre y drones para vigilar y lanzar explosivos.
A la denuncia, las agrupaciones indígenas sumaron la inacción de elementos del Ejército mexicano, quienes permanecen como observadores durante las agresiones y el ingreso de los grupos armados, sin intervenir para frenar los ataques ni proteger a la población civil; por lo que exigieron revisar la actuación y posibles responsabilidades de las fuerzas armadas.
El CNI precisó que la violencia ha provocado el desplazamiento forzado de entre 800 y mil familias durante el fin de semana, en su mayoría, buscaron refugio en otras localidades de la región, las cuales también enfrentan riesgos de ataques.
Asimismo, señalaron que las autoridades de Guerrero, encabezadas por Evelyn Salgado, han incumplido las medidas cautelares emitidas desde 2021 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para proteger a las comunidades de Tula y Xicotlán, así como a integrantes del CIPOG-EZ.
Por último, el Congreso Nacional Indígena sostuvo que la situación refleja un patrón de violencia sistemática contra pueblos indígenas y defensores comunitarios, por lo que pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum intervenir de manera inmediata para garantizar seguridad, atención humanitaria y condiciones para el retorno de las familias desplazadas.
Aseguran que la obra ya destruyó manantiales de los que dependen cientos de familias y que trabajadores de las empresas constructoras invadieron parcelas familiares sin autorización.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.