Aseguran que la obra ya destruyó manantiales de los que dependen cientos de familias y que trabajadores de las empresas constructoras invadieron parcelas familiares sin autorización.
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El asesinato de Martina Amates González, administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa; de su hija, Ivana Esperanza Gama Amates; y de Eliseo Muñoz Reyes, integrante de la Unión de Pobladores y prestador de servicios turísticos del parque, provocó llamados para reforzar la seguridad del personal que labora en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) condenó el homicidio de las tres personas mediante una esquela difundida en sus redes sociales, en la que expresó sus condolencias a familiares, integrantes de la comunidad y trabajadores del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa.
En el mismo mensaje, el organismo informó que colabora con las fuerzas de seguridad para esclarecer los hechos, aunque no dio a conocer detalles sobre las investigaciones ni anunció medidas adicionales para proteger al personal que trabaja en las áreas naturales protegidas.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las víctimas fueron localizadas sin vida con huellas de violencia, un hecho que ya es investigado por las autoridades ministeriales.
El crimen ha generado preocupación entre trabajadores, ambientalistas y organizaciones vinculadas con la conservación, quienes advierten sobre los riesgos que enfrentan quienes resguardan los recursos naturales en distintas regiones del país.
Diversas voces también han solicitado que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las instituciones de seguridad federal establezcan una estrategia para proteger al personal de las Áreas Naturales Protegidas, donde además de realizar labores de conservación enfrentan problemáticas como tala ilegal, caza furtiva, invasiones y otras actividades ilícitas.
Hasta el momento, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, no ha emitido un posicionamiento público sobre el asesinato de las tres personas. Mientras tanto, la Fiscalía correspondiente mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.
Aseguran que la obra ya destruyó manantiales de los que dependen cientos de familias y que trabajadores de las empresas constructoras invadieron parcelas familiares sin autorización.
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Escrito por Adamina Márquez
Directora editorial de buzos web. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.