Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
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Tras llegar a un acuerdo monetario con los pobladores de Yahualica, Hidalgo, la presidenta municipal, Francisca Lara Velázquez, fue liberada. Los pobladores la retuvieron para exigir un apoyo económico de 6.8 millones de pesos para la fiesta patronal de 2025.
Autoridades locales informaron que otros tres funcionarios municipales también fueron afectados por la disputa. Los inconformes justificaron sus acciones basándose en usos y costumbres, después de considerar “inaceptable” la postura del Ayuntamiento de no cubrir la cifra solicitada, al considerarla inviable.
Sin embargo, luego de intensas negociaciones que comenzaron la tarde del domingo y terminaron en la madrugada del lunes 28 de abril, las autoridades estatales lograron un acuerdo que permitió la liberación de la presidenta y los tres funcionarios.
Como parte del acuerdo, el municipio se comprometió a entregar 1.3 millones de pesos en efectivo para cubrir actividades culturales, deportivas y religiosas; financiar gastos adicionales de insumos y servicios logísticos para la festividad; aportar 320 mil pesos para agrupaciones locales y asumir el costo de presentaciones musicales estelares, entre otros aspectos.
Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
La encuesta se aplicó a cerca de 20 mil adultos en 30 países. De ellos, el 33 por ciento señaló que la violencia y el crimen son los principales problemas que les preocupan.
Entre 2012 y 2022, en México se registraron un total de 276 accidentes en minas a nivel nacional, con un saldo de 392 víctimas.
El 78 por ciento de las personas desaparecidas en México son hombres de entre 30 y 59 años, mientras que el 22 por ciento son mujeres de entre 18 y 29 años.
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Entre las demandas destacan la seguridad, construcción y equipamiento de aulas; así como basificaciones.
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Las familias, en su mayoría indígenas, han huido de sus hogares en la zona limítrofe con Nayarit ante el temor de quedar atrapadas en medio de enfrentamientos armados.
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En 2024, el 40 por ciento del profesorado, es decir, más de un millón 200 mil docentes, recibió algún tipo de agresión.
Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.