Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
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El 25 de abril, Erick Leonardo, de 13 años, falleció a consecuencia de la violencia a la que lo sometieron instructores de la Academia Ollin, ubicada en la colonia Santa María la Ribera de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, durante un campamento en el estado de Morelos. Tras este suceso, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) y la alcaldía Cuauhtémoc colocaron los sellos de suspensión en la escuela militarizada.
Fue la tarde del 28 de abril cuando las autoridades capitalinas y de la alcaldía llegaron a la calle Mariano Azuela 181, en la colonia Santa María la Ribera, sede de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, para colocar los sellos de suspensión por la falta de protocolos de protección civil en el colegio.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que el plantel fue suspendido por no contar con un programa interno de protección civil. Este cierre representa el primer paso contra la institución.
“Exigimos respuestas inmediatas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Fiscalía de Morelos y de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ya hay ocho denuncias formales y se esperan más de 30”, advirtió.
Por su parte, la madre de Erick, Érika Torbellin, mencionó que los hechos ocurrieron durante un campamento en el estado de Morelos. Comentó que entregó a su hijo en buen estado de salud el 23 de abril y que el 25 de abril recibió una llamada para informarle que el estudiante había sido hospitalizado.
“Me llamó la teniente Angélica Echeveste, minimizando los síntomas que tuvo mi hijo, y me dijo: ‘a su hijo se lo llevó la ambulancia porque tuvo un poquito de desnivel en sus signos vitales’. Fui al hospital, y cuando llegué, mi hijo estaba muerto”, denunció la madre.
Erick fue entregado al hospital casi sin signos vitales. Según uno de los capitanes, sólo se había desvanecido y no se había quejado, por lo que no era grave; sin embargo, hay testimonios de compañeros de la academia que afirman que fueron torturados.
Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera