En poco más de dos años –a partir de 2021– han desaparecido o no han sido localizadas en México 12 mil 82 personas, cuyo rastro es seguido por centenares de madres que el pasado 10 de mayo exigieron al Gobierno Federal poner fin a este problema social, o al menos se ocupe de buscarlas.

El pasado miércoles 10 de mayo, Día de las Madres, Martha Alicia Miranda Franco no se preparaba para festejar o recibir regalos, sino que dibujaba y pintaba sobre lonas y pancartas que portaban la fotografía de su hijo Javier de Jesús González Miranda, mientras se disponía a marchar por las calles de la Ciudad de México (CDMX) para exigir su aparición al Gobierno Federal.

Javier, de 36 años, fue secuestrado el 26 de junio de 2020 mientras visitaba Veracruz con una pareja de amigos. Los secuestradores pidieron un rescate que su familia pagó, pero nunca lo entregaron. Hay una sobreviviente ya localizada, un joven también desaparecido y muchas pistas que podrían dar con su paradero; pero a la fecha, ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGE) ni la de Veracruz, donde se presentaron las denuncias correspondientes, han emprendido la búsqueda ni realizado alguna diligencia que ayude a su localización.

Han pasado casi tres años, pero de Javier no se sabe nada y la carpeta ha avanzado muy poco. Martha ha tenido que escuchar de las autoridades expresiones como éstas: “no pasé el oficio”, “no podemos ir”, “ya pasamos por la zona”, “no podemos tomar en cuenta la información que nos trae”.

Además, en Xalapa, Veracruz, las autoridades ministeriales perdieron dos veces las muestras de ADN que le tomaron para la identificación de Javier, lo que provocó que la investigación estuviera más de un año inmovilizada. Ha tenido que presentar dos quejas: una ante la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz y otra ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX y, hasta ahora, la búsqueda de Javier ha sido por cuenta de ella y su familia.

Con el Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz –integrado por otras madres buscadoras– Martha, de 56 años, quien trabaja como secretaria, ha buscado a su hijo en la zona norte de esa entidad, ha caminado con ampollas en los pies por muchos municipios de Veracruz para motivar a las autoridades a cumplir con su responsabilidad.

El costo de esta búsqueda ha sido altísimo para Martha: adquirió deudas, solicitó permisos recurrentes en su trabajo, padece una enfermedad que apenas se está tratando, no duerme más de cinco horas al día, sus otros hijos cambiaron de domicilio, el resto de su familia vive bajo tensión y ella está “muerta en vida”, como aclaró al relatar su caso en entrevista.

Por todo esto, Martha llama a las madres a no decaer en sus búsquedas, pero, sobre todo, a cuidarse ante los riesgos. A las autoridades mexicanas, que la han ignorado tantas veces, les pide que sean más empáticas con su situación, que entiendan la urgencia cotidiana porque no saben el destino de sus hijos; y que no demoren la búsqueda por la falta de alguna firma o un trámite burocrático.

“No quiero morirme sin encontrar a mi hijo porque no quiero dejar esta búsqueda a los otros dos”, manifestó la buscadora a este semanario.

En México, la situación de Martha es la misma por la que atraviesan las madres y familias de 112 mil personas desaparecidas y no localizadas. Hace más de un siglo, el 12 de junio de 1921 comenzó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Sin embargo, poner freno a este terrible problema social se ha convertido en una deuda histórica del actual Gobierno Federal y de sus más inmediatos predecesores. Los registros de la RNPDNO consignan que, en 1970 –durante la “guerra sucia”–, comenzó el incremento de las desapariciones o de personas no localizadas.

A pesar de que el Estado mexicano ha sido convocado por diversos organismos internacionales a dar mayor atención a este problema, durante los años siguientes a la “guerra sucia”, el número de personas desaparecidas y no localizadas ha crecido, pero ya no a causa de la persecución política, sino por otras razones: trata de personas, narcotráfico, militarización del país, etcétera.

Un análisis del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que el mayor crecimiento de desapariciones se produjo entre el año 2006 y 2021–con el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, ordenada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa–.

La mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años; pero también se observa una tendencia creciente hacia la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres. El comité de la ONU también destacó la desaparición de personas defensoras de los derechos humanos y más de 30 periodistas entre 2003 y 2021.

Violencia contra buscadoras

La violencia institucional que vivió Martha es casi una regla cuando se trata de madres buscadoras. En la misma situación se encontró Laura Curiel, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida el 11 de marzo de 2015 en Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

Daniela era víctima de violencia por el padre de su hijo. Vivían juntos, pero él tenía la intención de quitarle al niño. Una noche, Daniela y Laura tomaron la determinación de buscar una alternativa para que aquélla pudiera vivir en otro lugar; pero a la mañana siguiente, Laura ya no supo más de su hija.

En ese periodo, Laura acudió a la oficina de la FGE del Edomex, pero esta carecía de protocolos de búsqueda y sin perspectiva de género, por lo que tuvo que esperar 72 horas para denunciar la desaparición de Daniela; no encontró un policía de investigación a tiempo, se perdieron evidencias importantes, como los videos de las cámaras de seguridad; y, entre otras irregularidades, ella debió iniciar la búsqueda de su hija preguntando a los amigos de ésta, recorriendo calles, repartiendo volantes y realizando diligencias de investigación.

A ocho años de distancia de esos hechos, la situación ha cambiado tanto para ella como para los nuevos casos. Laura actualmente coordina el colectivo Mariposas destellando corazones y justicia; ya existen en la entidad mexiquense una Alerta de Violencia de Género por desapariciones y otra por violencia contra las mujeres, una Ley General en Materia de Desaparición de Personas, un protocolo homologado de búsqueda y muchas leyes que obligan al Estado mexicano a buscar incondicionalmente.

Pero la madre de Daniela aún desconoce el destino de su hija y la desaparición de mujeres no termina. Del total de personas desaparecidas y no localizadas en México, 27 mil 613 (24 por ciento) son mujeres y niñas; cinco mil de esos casos, la gran mayoría, ocurrieron en el Edomex, de acuerdo con el RNPDNO.

En el colectivo, Laura se ha unido a otras madres de gran parte del país. Pero reconoce que, a pesar de los avances en el uso de protocolos y de la existencia de leyes, la actuación de las autoridades ha resultado deficiente y muchas de ellas muestran resistencia.

Además, en sus labores de búsqueda las madres se arriesgan, porque muchos de los victimarios de sus hijos están involucrados en actividades delictivas; y al realizar acciones de cabildeo para la implementación de políticas públicas, entre otras, entran en confrontación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Estamos impulsando al país porque somos madres que nos dedicamos a buscar, madres que, para nuestra mala suerte, el peligro es mucho; a pesar de todo, no queremos morir sin encontrar a nuestras hijas… hemos tenido que entrar en los espacios, porque si fuera por las autoridades, nunca nos hubieran metido, y eso te pone en el riesgo de que a una madre la maten por buscar a su hija o su hijo”, denuncia Laura en entrevista.

Al decir esto último, Laura recordó el asesinato de Cornelia Guevara Guerrero en 2016, quien buscaba a su hijo Oswaldo Espejel Guevara, desaparecido desde 2012 en Tecámac, Edomex. La otra hija de Cornelia, Belém Espejel Guevara, continuó la búsqueda de Oswaldo y actualmente también coordina el colectivo Mariposas destellando corazones y justicia.

Madres de migrantes desaparecidos

Si para las madres mexicanas la búsqueda de sus hijos resulta difícil; para las madres de los migrantes desaparecidos se duplica. Éste es el caso de Elia Centeno, abuela de Sofía Abigail Caballero Huete, niña nicaragüense de tres años y 11 meses desaparecida el 17 de mayo de 2022, mientras cruzaba el Río Bravo junto a su madre en Piedras Negras, Coahuila.

Sofía y su madre, Irma Yaritza Huete, salieron de Nicaragua un 10 de mayo. Su destino era Estados Unidos (EE. UU.), buscaban reunirse con Hanier, padre de Sofía, pero esto no ocurrió. Durante el cruce del Río Bravo, el agua subió y envolvió a las cerca de 100 personas de diferentes nacionalidades que, en ese momento, intentaban llegar a EE. UU.

Unas personas lograron salir del río, otras murieron y otras desaparecieron. Al día siguiente se encontró el cuerpo de Irma, pero de Sofía no se volvió a saber nada. La investigación del caso ha estado repleta de irregularidades. Cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Irma y descubrieron la identificación de Sofía entre sus pertenencias, debieron activar inmediatamente los protocolos de búsqueda; pero esto no sucedió; y cuando informaron a Elia de la muerte de Irma, las autoridades parecían no estar enteradas de la existencia de la niña. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco realizó un peritaje para saber a dónde pudo ser llevado el cuerpo de la niña por las aguas del río, a pesar de que se trataba de una infante en migración irregular. Inicialmente, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) se negó a participar en la investigación del caso; tuvieron que presentarse recursos legales para que accediera a hacerlo.

La búsqueda de las madres y familiares de personas migrantes desaparecidas en territorio nacional es más difícil porque no son canalizadas por las cancillerías de sus países de origen ante las autoridades correspondientes en México. Esto deriva en que no se inicien investigaciones de búsqueda ni penales. Y cuando por fin son canalizadas, prevalecen las omisiones y la incomunicación entre las autoridades de los distintos países.

Las familias también se enfrentan al costo económico y a la pérdida de tiempo porque deben trasladarse de un lugar a otro para conocer los avances del caso; además de que, muchas veces, se endeudan con sus familiares para cruzar hacia EE. UU., dijo a este semanario Gabriela Gutiérrez, Coordinadora de Comunicación de la Fundación para la Justicia y el Estado. Esta organización civil acompaña legalmente a la familia de Sofía y de 123 personas migrantes desaparecidas en México. En palabras de Gutiérrez, el otro gran reto radica en que las personas migrantes desaparecidas son “invisibles” en los registros oficiales. Por ejemplo, hasta el seis de mayo de 2023, el RNPDNO no reportaba un caso con las características de Sofía en sus registros.

El registro oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda en México consigna que hay 152 personas migrantes desaparecidas y no localizadas, 33 de ellas tienen una condición irregular. Martha, Laura, un colectivo de madres de personas migrantes desaparecidas y cientos de mujeres más marcharon este 10 de mayo, como lo hacen desde hace 12 años, en la avenida Paseo de la Reforma de la CDMX.

La Marcha de la Dignidad Nacional, Madres buscando a sus hijas e hijos ¡Verdad y justicia! se realizó por primera vez en 2011, cuando un grupo de madres de jóvenes desaparecidas conmemoraron el 10 de mayo frente a la Fiscalía de Justicia Zona Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Un año después, en 2012, varias de esas mujeres se organizaron con otras de otras entidades y conformaron el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos. Juntas viajaron a la CDMX para elevar sus demandas al ámbito federal.

En ese años, sus exigencias fueron atención integral a los casos con un programa urgente de búsqueda inmediata; atracción federal inmediata de todos los casos; un censo de todos los reportes de desaparición con cédula de reportes; la creación de una subprocuraduría especial para la búsqueda de personas desaparecidas; protocolos de investigación homologados a toda la República; programa federal de atención a las familias de las personas desaparecidas; y aceptar todas las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo de la ONU por desapariciones forzadas.

Este año, la Marcha por la Dignidad estuvo enmarcada por dos hechos recientes que enfocan los nuevos retos y necesidades de las madres buscadoras en México: la fundadora del Colectivo Madres Buscadoras en Sonora, Ceci Patricia Flores, anunció el pasado cinco de mayo que, luego de cuatro años de búsqueda, encontró los restos de uno de sus tres hijos desaparecidos.

El dos de mayo se informó sobre el asesinato de la señora Teresa Magueyal, una mujer que buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido en Guanajuato hace tres años.