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Hace dos semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el periodo de detención y alojamiento en el Instituto Nacional de Migración (INM), que va de los 15 hasta los 60 días hábiles, es institucional porque contravienen la temporalidad establecida en el Artículo 21 de la Constitución, donde se fijan 36 horas como máximo de detención. De lo contario, dice el artículo, se obstaculiza el ejercicio de su derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva.
Después de haber transcurrido el periodo, el INM deberá otorgar a las personas migrantes la condición de estancia de “visitante con permiso para recibir una remuneración en el país” y el Estado estará obligado a asignarle una persona defensora de oficio.
Esto lo da a conocer la experta en temas migratorios, Eunice Rendón, advirtiendo que el gobierno encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pudiera tener más responsabilidad de la que parece, en el incendio del centro de detención migratorio en Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 migrantes provenientes del sur y centro de América, el pasado lunes, 27 de marzo.
Especialistas de México, Argentina, Perú y Colombia, exhortaron a los ministros de la SCJN a negar el amparo contra el etiquetado frontal a empresas que cuestionan su constitucionalidad.
Se prevé que este tres de noviembre se discuta en comisiones de la Cámara de Diputados, el dictamen del PEF 2024, mismo que tiene un recorte de más de 13 mil millones de pesos y que se aplicará a organismos autónomos.
A un año de que concluya su periodo, el ministro Arturo Zaldívar solicitó al Presidente la renuncia a su cargo en la SCJN.
Lenia Batres Guadarrama fue designada por el Presidente luego de una falta de acuerdo en la Cámara alta para designar a la magistrada faltante, dado que ninguna garantizaba independencia ni autonomía al organismo.
Ninguna de las personas imputadas se encuentra en la cárcel a pesar de las sentencias condenatorias emitidas por la SCJN
Fue durante el mandato del actual jefe del Ejecutivo que fue visible el fortalecimiento presupuesto de las Fuerzas Armadas y el simultáneo debilitamiento de las policías locales.
Una vez más se demuestra que los trabajadores solo pueden contar con su propia fuerza organizada y no deben confiar ni esperar nada más que trampas y golpes bajos de la representación empresarial.
Xóchitl Gálvez aseguró que con la designación de la nueva magistrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca apoderarse del Poder Judicial.
Al declarar inconstitucional el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la criminalización absoluta del aborto, se pone a la SCJN a la par de los tribunales constitucionales de avanzada en el mundo.
La SCJN invalidó el cinco de abril la facultad que los legisladores de Morena otorgaron en 2019 a López Obrador para que decidiera por decreto el destino de los ahorros generados por su “política de austeridad”.
La SCJN también validó, por mayoría de votos, la circular 17/2024 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que reconoció el paro de labores de juzgados y tribunales federales.
“Si se respetase la Constitución no debiese admitirse la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte, dado que no expone alguna causa grave: el Presidente no debería aceptarla, ni el Senado aprobarla.
El Presidente decidió confrontar al Poder Judicial porque no puede dar órdenes a su antojo y capricho a los ministros de la SCJN.
Esto ocurrió después de la aprobación, tanto en lo general como en lo particular, por parte de los diputados federales de las reformas al PJF.
La ministra Yasmín Esquivel comunicó la resolución tras salir de la reunión en la que participaron los 11 miembros del Pleno.
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Escrito por Fernando Landeros .
Periodista