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Hace dos semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el periodo de detención y alojamiento en el Instituto Nacional de Migración (INM), que va de los 15 hasta los 60 días hábiles, es institucional porque contravienen la temporalidad establecida en el Artículo 21 de la Constitución, donde se fijan 36 horas como máximo de detención. De lo contario, dice el artículo, se obstaculiza el ejercicio de su derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva.
Después de haber transcurrido el periodo, el INM deberá otorgar a las personas migrantes la condición de estancia de “visitante con permiso para recibir una remuneración en el país” y el Estado estará obligado a asignarle una persona defensora de oficio.
Esto lo da a conocer la experta en temas migratorios, Eunice Rendón, advirtiendo que el gobierno encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pudiera tener más responsabilidad de la que parece, en el incendio del centro de detención migratorio en Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 migrantes provenientes del sur y centro de América, el pasado lunes, 27 de marzo.
La SCJN desechó la propuesta de la Ministra Yasmín Esquivel, quien considera que el programa “Quédate en México” no viola los derechos humanos de las personas migrantes.
La SCJN invalidó el cinco de abril la facultad que los legisladores de Morena otorgaron en 2019 a López Obrador para que decidiera por decreto el destino de los ahorros generados por su “política de austeridad”.
Exhortó a los padres de familia a redoblar esfuerzos en el cuidado y guía de sus hijos, con el propósito de que tomen el camino de los vicios “en estos tiempos en que la ley se convierte en puerta de acceso a ellos”.
La nueva presidenta ocupará el cargo solo por nueve meses, y no dos años, como está establecido actualmente.
Una vez más se demuestra que los trabajadores solo pueden contar con su propia fuerza organizada y no deben confiar ni esperar nada más que trampas y golpes bajos de la representación empresarial.
La decisión se tomó horas después de que ocho magistrados y magistradas del máximo tribunal del país se unieran al paro de los trabajadores del PJ.
Con esta resolución, la SCJN demostró –y a la 4T– que el Estado de Derecho está vigente y que existen las vías legales y constitucionales para cuestionar todos los actos y normas que arriesguen el porvenir de la República.
El INAI reconoció el fallo de la SCJN que declaró inconstitucional la omisión del Senado para nombrar a tres integrantes faltantes del Pleno de ese organismo.
La SCJN también validó, por mayoría de votos, la circular 17/2024 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que reconoció el paro de labores de juzgados y tribunales federales.
Xóchitl Gálvez aseguró que con la designación de la nueva magistrada, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca apoderarse del Poder Judicial.
En redes sociales criticaron la decisión de Batres de "reventar" la sesión en lugar de debatir y defender su postura.
Lenia Batres Guadarrama fue designada por el Presidente luego de una falta de acuerdo en la Cámara alta para designar a la magistrada faltante, dado que ninguna garantizaba independencia ni autonomía al organismo.
La oposición aseguró que el procedimiento de la reforma tiene “vicios” que pueden ser sujetos de revisión por el máximo tribunal del país.
Los padres denunciaron que al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) existen tácticas dilatorias que mantienen impune el caso.
Trabajadores del PJF realizaron este martes, por segundo día consecutivo, bloqueos a la vialidad en diferentes puntos de la CDMX. Exigen el cese de las medidas anunciadas por López Obrador y Morena.
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Escrito por Fernando Landeros
Periodista