El Pleno analiza cinco proyectos que mantienen la consulta como obligatoria y la reconocen como un derecho autónomo; está pendiente la propuesta de Lenia Batres para evitar invalidar leyes que resulten benéficas
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Hace dos semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el periodo de detención y alojamiento en el Instituto Nacional de Migración (INM), que va de los 15 hasta los 60 días hábiles, es institucional porque contravienen la temporalidad establecida en el Artículo 21 de la Constitución, donde se fijan 36 horas como máximo de detención. De lo contario, dice el artículo, se obstaculiza el ejercicio de su derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva.
Después de haber transcurrido el periodo, el INM deberá otorgar a las personas migrantes la condición de estancia de “visitante con permiso para recibir una remuneración en el país” y el Estado estará obligado a asignarle una persona defensora de oficio.
Esto lo da a conocer la experta en temas migratorios, Eunice Rendón, advirtiendo que el gobierno encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pudiera tener más responsabilidad de la que parece, en el incendio del centro de detención migratorio en Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 migrantes provenientes del sur y centro de América, el pasado lunes, 27 de marzo.
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Tras 15 años de litigio, Huitosachi, Bacajípare y Mogótavo denuncian incumplimiento de resolución judicial.
Siete ministros pidieron retirar un párrafo del proyecto presentado por Batres; la mayoría consideró que el planteamiento no correspondía al fondo del asunto y podía afectar el principio de cosa juzgada.
La Corte determinó que es una medida cautelar administrativa para investigaciones nacionales.
La medida enfrenta cuestionamientos sobre el uso de recursos no reclamados y la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Advierten que crear un nuevo mecanismo retrasaría las investigaciones y el acceso a la justicia.
La Corte validó la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo para quienes se jubilen bajo el nuevo régimen del ISSSTEZAC.
La SCJN invalidó una revisión de la Auditoría Superior de Guerrero sobre recursos federales destinados a la reconstrucción tras el huracán Otis.
La Corte suspendió el juicio político promovido por el Congreso de Nuevo León contra Samuel García.
La ministra sostuvo que los impuestos son una herramienta para redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad, aunque subrayó que la SCJN no tiene facultades para crear nuevos gravámenes.
La SCJN otorgó un amparo a una madre víctima de violencia vicaria y ordenó resolver temas de guarda, custodia, convivencias y pensión alimenticia con perspectiva de género y protección al interés superior de la niñez.
La “Cuarta Transformación”, Morena y Claudia Sheinbaum quieren el control absoluto del Poder Judicial.
El análisis de mil 218 resoluciones muestra una Corte más reducida y enfocada en temas que favorecen a autoridades federales.
La SCJN reconoció el derecho de comunidades indígenas a cuestionar normas ambientales sobre megaproyectos porcícolas que impacten sus territorios.
La SCJN determinó que la CFE, y no las víctimas, debe demostrar que sus instalaciones eléctricas cumplen con las normas de seguridad.
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La “basura digital” generada por IA inunda internet y desplaza contenido de calidad
Escrito por Fernando Landeros
Periodista