Expertos indicaron que el ejercicio favorece al partido en el poder y vulnera la imparcialidad histórica en los procesos electorales mexicanos.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, cuentan con un plazo de 24 horas para eliminar la publicación del decreto de la reforma judicial aprobada el pasado 15 de septiembre, así lo determinó la jueza federal de Coatzacoalcos, Veracruz, Nancy Juárez Salas.
La jueza determinó que la presidencia de la República incumplió la suspensión provisional para no publicar la reforma. Por lo que señaló que, de no eliminarse la publicación, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la Fracción III del Artículo 262 de la Ley de Amparo, relacionado con desacato.
Recordó que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, fue notificado de la suspensión de la publicación el 13 de septiembre pasado, antes de que se difundiera el impreso del DOF, sin embargo, hizo caso omiso.
Por otro lado, la mayoría de los 3 mil 500 trabajadores que integran los 63 órganos jurisdiccionales del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro votaron a favor de continuar con el paro indefinido de labores.
“Con 56 órganos jurisdiccionales a favor, cinco órganos jurisdiccionales en contra y dos órganos jurisdiccionales en abstención, el sentido es continuar con la declaratoria indefinida de labores hasta que cambien las circunstancias”.
La votación, junto con la opinión de todos los circuitos del país, la enviarán a la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), que el viernes 18 de octubre decidirán si continúa con la suspensión de actividades.
En su conferencia de prensa de esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no hará caso al ordenamiento de que se elimine la publicación de la reforma judicial en el DOF.
“Primero porque no tiene atribución, una juez no está por encima del pueblo de México; y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo; y tercero, porque es el poder legislativo quien ordena al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el DOF”, justificó la primera mandataria.
Aunado a ello, Sheinbaum amenazó con denunciar a la jueza Nancy Juárez Salas ante el Consejo de la Judicatura para que quede un antecedente de que una juez que se está tomando atribuciones que no le corresponden, toda vez que la juez está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo “y que deriva de la voluntad del pueblo de México”.
Expertos indicaron que el ejercicio favorece al partido en el poder y vulnera la imparcialidad histórica en los procesos electorales mexicanos.
Los candidatos de Morena a la Presidencia de la República en 2018 y 2024, prometieron prohibir el fracking pero la actual administración federal está ofreciendo el uso de esta tecnología altamente contaminante.
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Plantea reducir costos en el sistema electoral, ampliar la participación ciudadana y fortalecer la revocación de mandato.
Recientemente fue aprobada una iniciativa que modifica el Artículo 123 constitucional, relacionado con los derechos laborales, impulsada por el gobierno en turno con el respaldo de representantes sindicales, patronales y de grupos de la sociedad, según reportes periodísticos.
La iniciativa electoral fue rechazada el pasado miércoles 12 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.
La reforma no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios.
El auditor federal estará al frente del órgano durante ocho años, del 2026 al 2030.
Analistas han advertido que, sin una transformación profunda de las fiscalías y las unidades de inteligencia financiera, la reforma electoral de Sheinbaum continuará siendo inútil.
El empresario Fernando Paniagua Garduño aportó 189 mil pesos para financiar nueve asambleas ciudadanas o mítines de Adán Augusto López en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en 2023.
La reforma, está hecha a modo y busca concentrar más poder y transformarse en una herramienta que ahorque más a los partidos políticos y, a mediano o largo plazo, convertirse en un partido único.
La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
Expertos señalan riesgos para la representación política, el financiamiento electoral y los contrapesos democráticos en la iniciativa enviada al Congreso.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
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Escrito por Abigail Cruz y Adamina Márquez
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