Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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Las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos (EE. UU.) se efectuarán en noviembre de 2020. Las campañas electorales ya comenzaron, aunque faltan 14 meses para esa cita, sobre todo en el interior de Partido Demócrata, donde hay una descarnada batalla por lograr la nominación del candidato presidencial. Quien resulte vencedor se medirá con Donald Trump, quien busca la reelección por el Partido Republicano.
El contexto donde se desarrolla esta batalla electoral es difícil. Hay claras señales de una recesión en gran parte de las economías occidentales, incluido EE. UU. La recuperación económica de este país, con respecto a la crisis de 2008, parece estar perdiendo fuelle, debido a las políticas proteccionistas del actual presidente y su batalla comercial con varias naciones, entre ellas China y México.
Los efectos económicos y sociales de carácter estructural desempeñarán un papel central en este proceso, pues el desempleo de millones de trabajadores y la situación precaria de un segmento grande de la población amenaza con desestabilizar el equilibrio social en EE. UU. Los niveles de desigualdad y concentración de la riqueza ya son un desafío serio para la tradicional democracia estadounidense.
Dentro del Partido Demócrata existe un sector que considera la coyuntura actual y lucha por establecer una agenda progresista que mejore las condiciones de vida de los trabajadores. Sin embargo, las estructuras burocráticas de más alto rango están controladas por los poderosos grupos partidistas tradicionales que se resisten a dar un viraje en sus planteamientos programáticos en beneficio de los sectores más desfavorecidos.
De todas maneras, no es insignificante que un candidato denominado abiertamente “socialista”, Bernie Sanders, ocupe las primeras posiciones de las encuestas. En su agenda llama la atención el new deal verde, propuesta de programa federal dotado con más de 16 billones de dólares para crear hasta 20 millones de empleos mediante el desarrollo de infraestructura de energías limpias y sostenibles, con la que se combatirían simultáneamente el desempleo y el cambio climático.
Otra candidata del mismo partido con planteamientos de interés es Elizabeth Warren, quien también ocupa las primeras posiciones en la carrera presidencial. Aunque es catalogada como izquierdista liberal, más que socialista, sus propuestas tienen la intención de contener el poder y la influencia de lo que se conoce como la “América corporativa”, es decir, el dominio de las grandes corporaciones capitalistas globales.
Una de sus más importantes iniciativas para estimular la creación de empleos consiste en impulsar una política industrial estadounidense que estaría a cargo de una “supersecretaría” de desarrollo económico, creada exprofeso para supervisar los asuntos relacionados con su objetivo central y con otros temas como los relacionados al comercio exterior, y donde la política cambiaria, con el objeto de promover las exportaciones, pasando por el establecimiento de programas de capacitación y reinserción laboral de los trabajadores en diversas actividades productivas.
Hasta ahora quien lleva la delantera es Joe Biden, quien fue vicepresidente en la administración de Barack Obama. Sus propuestas, sin embargo, sugieren un continuismo de las tibias políticas de Obama. Si consigue la nominación, su programa será una prolongación de las mismas políticas instrumentadas hasta ahora. La clase trabajadora seguirá esperando, una vez más, la llegada de una nueva oportunidad para conquistar el poder político por la vía democrática del todavía país más rico y poderoso del mundo.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Arnulfo Alberto
Maestro en Economía. Candidato a doctor por la Universidad de Massachusetts Amherst, EE.UU.