La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en fecha reciente devolvió 160 mil hectáreas del municipio Cintalapa, Chiapas, al estado de Oaxaca, ha puesto en pie de guerra a campesinos zoques y tzotziles, que rechazan ese dictamen y están dispuestos a defender su identidad territorial “chimaˮ.

Los afectados, además, ubicados la mayoría en 17 ejidos de la región de los Chimalapas, permanecen en zozobra, porque la sentencia judicial los orilla hacia múltiples acciones de tramitología burocrática –entre ellas el cambio de sus credenciales de elector, títulos de propiedad agraria y otros documentos oficiales– en la capital de Oaxaca, que está a 15 horas de camino de su lugar de origen.

Chimalapas significa en zoque “jícara de oro”, región disputada durante varias décadas entre chiapanecos y oaxaqueños. La última sentencia de la SCJN –aún no definitiva, según los especialistas– cedió al estado de Oaxaca 160 mil hectáreas de tierras, bosques y selvas que por años pertenecieron a su vecino Chiapas.

Esta decisión ha generado incertidumbre en la región, porque muchos ejidos la han aceptado, pero no todos; y quienes la rechazan, han anticipado que defenderán su identidad chiapaneca incluso con la vida; y para refrendarlo, han reforzado con más hombres y armas las autodenominadas guardias comunitarias.

Éste es el caso de los habitantes del ejido General Rafael Cal y Mayor, ubicado en el noroeste de Cintalapa, a cuatro horas de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, para cuyo tránsito hay que emplear, al menos, dos horas en caminos de terracería.

Los ejidatarios que se expresan indignados por la sentencia de la SCJN, afirman que sus derechos han sido violentados; y desde el pasado 20 de noviembre, cuando se celebró el aniversario de la Revolución Mexicana, demandaron al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), se atienda su reclamo.

Uno de los integrantes del Comité de Resistencia en Defensa del Territorio de los Chimalapas (CRDTCH), reveló a buzos que éste ya advirtió al gobierno que si en 10 días “no intervienen, significa que quieren violencia, quieren que se prenda el fuego. No hemos bajado la cabeza, seguimos con la frente en alto”.

Este semanario constata que dicha organización social porta armas largas y que sus comandos se sitúan en varios puntos de la región para evitar que grupos procedentes de Oaxaca invadan su territorio.

Los afectados son ejidatarios del municipio de Cintalapa; pero la nueva línea divisoria también podría incluir a comunidades de Ocozocoautla, Arriaga y la Barra de Tonalá, ubicadas en Chiapas, y cuyas autoridades no han informado debidamente sobre el cambio a los habitantes.

“Aunque lo que dictaminó la Corte no fue apegado a derecho, queremos la intervención de las autoridades federales para poder llegar a acuerdos y que no se afecte nuestra posesión y el régimen que tenemos por usos y costumbres”, aseguró Heriberto Cruz Ramírez, del Comisariado Ejidal de General Rafael Cal y Mayor.

Sus habitantes solicitan que se les defina cómo tendrán que cambiar sus credenciales del Instituto Nacional de Electores (INE), la nomenclatura de las escuelas y sus escrituras de propiedad inmobiliaria, entre otros trámites que se complicarán porque tendrían que viajar hasta 15 horas para realizarlos.

“Hay muchos actores políticos que quieren pararse el cuello como defensores, pero en su momento no lo hicieron, que se callen, nosotros somos los afectados”, reclamó uno de los quejosos.

Apenas hace unos días, los 17 ejidos que permanecían en desacuerdo con el fallo de la SCJN se dividieron; de éstos, cinco sostienen hasta ahora su posición en defensa de sus tierras chiapanecas, incluso con la vida. Los 11 que aceptaron se justificaron porque pelear por límites territoriales ya no es factible; y que “es comenzar con otros 30 años de rezago”.

Por ello, piden la intervención de la Segob para que contribuya a una solución definitiva del conflicto.

Un fallo plagado de errores

Para Servando Solís, presidente de la Barra de Abogados Chiapanecos (BAC), la resolución de la SCJN contiene muchos errores e inconsistencias: “Fue una resolución que no fue hecha apegada a la realidad, la Corte está mostrando el cobre, como se dice vulgarmente, porque para empezar no se notificó a los pobladores”.

Además, no resuelve el problema de los derechos humanos, debido a que las personas afectadas no fueron atendidas durante el proceso; y tienen la posibilidad de obtener la protección de la justicia en virtud del Artículo 14° Constitucional: “nadie podrá ser privado de la vida, la libertad, de sus papeles, posesiones, propiedades y derechos, si no es mediante un juicio”.

El abogado cuestionó, además, por qué si estas resoluciones agrarias tienen más de 80 o 100 años, ahora quieren ser resueltas de un modo imprevisto, lo cual no se entiende y genera suspicacias; ya que esas tierras fueron anexadas a México desde que Chiapas decidió formar parte del territorio nacional hace 200 años.

Por ello, enfatizó, la resolución de la SCJN tendría que incluir una revisión profunda de las constituciones nacionales de 1836, 1857 y 1917, y para aclarar la vigencia de los límites de Chiapas cuando se incorporó al país.

Otro error manifiesto en el dictamen es el hecho de que los magistrados avalaran el peritaje ordenado por el juez del caso, que no fue realizado por especialistas en la materia, contraviniendo la Ley de amparo y la reglamentaria del Artículo 105° Constitucional, que establece que éstos deben ser expertos en el tema.

Hasta el momento, los manifestantes esperan un pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que apacigüe los ánimos de la gente, tanto en Chiapas como en Oaxaca, los concientice sobre la necesidad de “no estar peleando territorios y no surja un derramamiento de sangre, pero no lo ha hecho”, comentó el abogado Servando Solís.

Hasta el momento, la noticia del cambio en la línea divisoria entre ambos estados solo ha llevado a la gente a armarse, aunque algunas opiniones aseguran que la crisis generada por el conflicto político comenzará cuando el acto de autoridad legal se vea consumado en los hechos.

Por ello, es necesario que la cuestión se dirima en el ámbito jurídico y que las autoridades competentes atiendan personalmente el conflicto y agoten todas las instancias posibles para calmar a la gente.

Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), advirtió que aún no hay sentencia ejecutoria y que faltan 30 meses o dos años y medio para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aplique otro censo de población y fije los nuevos límites territoriales.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que emitir nuevas credenciales de elector y el municipio, ya con pertenencia estatal diferente, determine los montos de los pagos prediales y la nomenclatura de los centros educativos, entre otros cambios derivados de una sentencia inatacable de la SCJN.

El magistrado opinó que pudo promoverse un recurso de reclamación, pero éste hubiera significado alargar el proceso. En 2011 se difundió que el conflicto se había arreglado, pero “hubo un mal cálculo y orientación jurídica para el gobierno”. Hace 10 años se pensó que podía arreglarse políticamente; pero ahora que se tomó el jurídico, debe respetarse el dictamen.

Los pobladores de las comunidades de Cintalapa están más angustiados porque nadie les ha dado la certeza jurídica de que mantendrán sus propiedades familiares y temen que el gobierno de AMLO los deje a la deriva. Aunque no están de acuerdo con la decisión, quieren que las autoridades los orienten sobre la forma de realizar los trámites y, sobre todo, no les quiten usos y costumbres.

El presidente del TFCA explicó a algunos medios de comunicación que en el pasado hubo omisiones legales sobre el caso; éstas provenían de los gobiernos chiapanecos de Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, quienes no recurrieron a la reclamación para retrasar el proceso y a cabildear en busca de una solución política.

“La sentencia declaratoria ya fue publicada, por lo que ya tiene fuerza obligatoria de la cual hay que acogerse para buscar un acomodo de la realidad (…). Generalmente, los conflictos de límites se arreglan con el tiempo, en este caso el Estado mexicano más indefinido en sus límites es Chiapas, teniendo el problema más grave que hay en el país de los últimos 60 años, como es el de Los Chimalapas”, explicó.

Explotación de recursos

El diputado local Carlos Mario Estrada Urbina reveló a buzos que originalmente el territorio de Los Chimalapas pertenecía al estado de Oaxaca; pero la discordia surgió en 1940, cuando se estableció en esa región una empresa maderera de origen michoacano que, de manera ilícita, obtuvo concesiones para explotar los recursos forestales de las comunidades zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa.

La empresa maderera Sánchez Monroy, que era apoyada por el gobierno chiapaneco, creó núcleos ejidales con campesinos chiapanecos. El 23 de noviembre de 2011, mediante un decreto constitucional promovido por el gobernador Juan Sabines Guerrero, el Congreso del Estado creó el municipio de Belisario Domínguez en este territorio.

“Las tierras que corresponden a este municipio se encuentran en litigio desde el año de su invasión. Éste fue el detonante al momento de la creación del municipio en tierras oaxaqueñas; es por ello que el 29 de noviembre de 2012, el estado de Oaxaca promovió una controversia constitucional ante la SCJN, la cual fue admitida hasta el 20 de diciembre del mismo año”, detalló el especialista.

Después de nueve años, la SCJN declaró que este conflicto es de naturaleza declarativa y constitutiva, no anulativa, lo cual significa que “el litigio será resuelto al declarar los límites territoriales de cada estado y no anulando el decreto de creación del municipio”.

Estrada Urbina señaló que el conflicto territorial no fue atendido por las legislaturas; y los gobiernos y estas instituciones de Estado son las responsables de la situación actual, pese a que el Artículo 46° de la Constitución expone que “las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas”.

Es decir, la resolución del conflicto está apegada jurídicamente a la Legislación Constitucional, pero Estrada Urbina advirtió que su ejecución estricta “traería consecuencias sociales con lamentables resultados, los posesionarios tienen una resolución presidencial válida de 1952, los magistrados no se lo pueden pasar por el arco del triunfo. El derecho social es un derecho humano, hay gente que nació en esa zona siendo chiapaneco y poseyendo esas tierras como chiapanecos, es una prescripción positiva de dominio que se lo han ganado con el tiempo; ellos tienen bien clara su situación territorial”.

En palabras de algunos especialistas, la solución más viable para evitar una confrontación física violenta sería una consulta ciudadana a la gente para ver a qué lado quieren pertenecer, “pues los límites son lo de menos, Oaxaca quiere los terrenos sin la gente, y la gente no se va a dejar”.

Para el diputado local, los responsables del conflicto son los exgobernadores chiapanecos Sabines Guerrero y Velasco Coello, pues no atendieron correctamente el problema limítrofe. “Hubo mucha indolencia de estos dos exgobernadores; incluso, Juan Sabines Guerrero empeoró la situación al crear el municipio de Belisario Domínguez”.

El Congreso de Chiapas propondrá que la Comisión de Zonas Fronterizas y Limítrofes sea la encargada de atender el asunto de los Chimalapas en la última sentencia de la SCJN; pero próximamente las autoridades de ambas entidades deberán coordinarse, con la supervisión de la federación, para que los servicios públicos se brinden en el área limítrofe; y también deberán habilitar un programa de protección ecológica en la región, que es muy rica en biodiversidad.

Además del temor y la incertidumbre por el futuro de sus bienes, los rumores enrarecen el ambiente social de esta región; porque se sabe que habrá invasiones a su territorio y que pueden perder los pocos servicios públicos que han obtenido, lo que propiciaría la confrontación violenta y que la “sangre llegue al río”, como advirtió Roberto Armando Albores Guillén, exgobernador de Chiapas, quien pidió al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que intervenga urgentemente; pues si no es así, se “activará la bomba que provocará violencia, encono y posibles muertes entre estados hermanos”.