Aproximadamente 300 repartidores por aplicaciones digitales de la Ciudad de México se reunieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para expresar su oposición al impuesto del 2 por ciento sobre el uso de la vía pública que se busca aplicar a las plataformas de reparto como Uber, DiDi food y Rappi 

El Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, recibió a un grupo de representantes de los repartidores, quienes le expusieron que, aunque el cobro se presenta como dirigido a las empresas tecnológicas, su impacto recaerá directamente sobre los repartidores y en los pequeños comercios y restaurantes que dependen de los servicios de entrega a domicilio.

Los repartidores manifestaron su preocupación por las difíciles condiciones que enfrentan, desde el pago de impuestos como el IVA e ISR, hasta la inseguridad y la inflación. 

Además, señalaron que recientemente se les obligó a afiliarse al IMSS, sin que hayan visto mejoras significativas en la infraestructura vial ni en las condiciones de circulación que les permitan realizar su trabajo de manera más eficiente.

“Nos dicen que el impuesto es para las empresas, pero termina repercutiendo en nosotros. Más impuestos significan mayores precios para los usuarios, menos pedidos, menos propinas y menos ingresos para nuestras familias”, indicaron los repartidores en una carta presentada ante la Corte.

En su mensaje, pidieron a los jueces que reconsideren la medida, señalando que el impuesto podría afectar gravemente sus ingresos y las familias que dependen de este tipo de trabajo. “No pedimos favores, pedimos seguir trabajando sin más cargas que nos impidan llevar la comida a nuestras casas”, expresaron.

En la junta también estuvieron presentes las Ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías y el Ministro Irving Espinoza. 

El grupo lamentó la decisión de los ministros de la SCJN, quienes anunciaron que el asunto será votado la próxima semana sin realizar cambios en el proyecto ni escuchar más ampliamente a los repartidores. En su opinión, esto podría tener un impacto negativo en su economía y en las miles de familias que dependen de este tipo de trabajo.

Antecedentes del conflicto

El conflicto comenzó en diciembre de 2021, cuando el Congreso de la Ciudad de México aprobó el artículo 307 Ter del Código Fiscal capitalino, el cual imponía un cobro mensual del 2 por ciento a las plataformas de reparto por el uso de la infraestructura pública. Esta medida fue impulsada con el objetivo de recaudar fondos, pero causó una fuerte oposición por parte de los repartidores.

Cargamos Mobility, una de las plataformas de reparto, promovió un amparo contra la ley, argumentando que el cobro violaba los principios de igualdad y no discriminación, pues no se aplicaba a todas las personas que usan la infraestructura urbana.

En junio de 2025, la segunda sala de la SCJN determinó que el cobro era inconstitucional, al considerarlo un impuesto nuevo, lo que suspendió su aplicación en la Ciudad de México, aunque la discusión sobre su validez sigue vigente.

Los repartidores esperan que la Suprema Corte, al votar sobre este tema la próxima semana, tome en cuenta sus preocupaciones y las posibles repercusiones económicas para los trabajadores que dependen de este servicio para sostener a sus familias.