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El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver la contradicción de criterios entre lo ordenado por un juez de distrito del estado de Michoacán y la declaración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La solicitud, dirigida al pleno de la SCJN, ocurrió luego de que el TEPJF ordenó el miércoles 22 de enero continuar con la evaluación de los aspirantes, la cual había sido suspendida desde el 7 de enero en cumplimiento a una suspensión definitiva concedida por el Juzgado Primero de Distrito de Michoacán.
Los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial pidieron que sea el pleno de ministros de la Suprema Corte la instancia que determine el criterio que debe prevalecer, conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF, tras recibir la notificación del tribunal.
Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito de Michoacán, otorgó el 22 de enero la suspensión definitiva en un juicio de amparo promovido contra las leyes secundarias que reglamentan la elección judicial y solicitó que los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión pausaran sus procesos de selección de candidatos.
El Comité de Evaluación del PJF acató dicha orden el 7 de enero, mientras que los comités de los Poderes Ejecutivo y Legislativo aseguraron que continuarán con la evaluación de aspirantes. Ante esta situación, las personas inscritas ante el Poder Judicial impugnaron la suspensión ante el TEPJF, que ordenó ayer reanudar el proceso.
Por su parte, el juez Santamaría Chamú determinó el lunes 20 de enero multar a los integrantes de los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo por desacatar la suspensión definitiva de diciembre y afirmó que no le corresponde al Tribunal Electoral pronunciarse en juicios de amparo.
Si el INE y el TEPJF interpretan mal la Constitución y dan sobrerrepresentación a MORENA se movilizará a la sociedad civil, dijo la excandidata presidencial
Magistrados, jueces y trabajadores del PJF se manifestaron frente al Palacio de Justicia Federal en rechazo a la reforma judicial.
Se suman al paro de labores de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
La anterior sumisión del exministro Arturo Zaldívar y su actual filiación morenista evidencian los intentos del Presidente de debilitar y controlar al Poder Judicial.
Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de la propuesta de solidarizarse con la decisión.
La SCJN desechó la propuesta de la Ministra Yasmín Esquivel, quien considera que el programa “Quédate en México” no viola los derechos humanos de las personas migrantes.
Con esta resolución, la SCJN demostró –y a la 4T– que el Estado de Derecho está vigente y que existen las vías legales y constitucionales para cuestionar todos los actos y normas que arriesguen el porvenir de la República.
La suspensión definitiva deja sin acción las modificaciones que se hicieron al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecía, a propuesta de AMLO, la extinción de 13 fideicomisos.
Emma Meza Fonseca y Emilia Molina de la Puente, Mónica González Contró, Wilfrido Castañón León y Enrique Pereda Trejo seleccionará a encargados de seleccionar a los candidatos.
“Si se respetase la Constitución no debiese admitirse la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte, dado que no expone alguna causa grave: el Presidente no debería aceptarla, ni el Senado aprobarla.
Al declarar inconstitucional el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la criminalización absoluta del aborto, se pone a la SCJN a la par de los tribunales constitucionales de avanzada en el mundo.
Permanecerán en paro hasta que se cumplan sus demandas, entre ellas, detener la reforma al Poder Judicial impulsada por AMLO
La SCJN invalidó la segunda parte del Plan B político-electoral de AMLO, debido a violaciones al procedimiento legislativo hecho por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados.
A un año de que concluya su periodo, el ministro Arturo Zaldívar solicitó al Presidente la renuncia a su cargo en la SCJN.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, destacó en su primer informe de labores un uso eficiente de recurso con un ahorro anual por 82 millones de pesos.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera