El INE validó la elección judicial federal y entregó constancias a las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Este lunes 10 de febrero, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, pidió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, así como a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Postisek y Jorge Mario Pardo, excusarse de participar en la controversia sobre la reforma judicial, debido a sus pronunciamientos en contra de la misma.
En una conferencia de prensa, Mónica Soto indicó: "Solicitamos que los ministros se excusen de participar, ya que se han pronunciado abiertamente en contra de esta elección judicial e incluso uno de ellos se nombró activista en medios de comunicación", explicó.
Soto destacó que la SCJN no tiene la facultad de intervenir en las diferencias entre jueces y magistrados en materia electoral, dado que la Constitución establece que las sentencias del Tribunal Electoral son inatacables y constituye la última instancia.
Este posicionamiento surgió luego de que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hiciera público un proyecto de sentencia que ordenaba a todos los órganos involucrados en la elección judicial acatar las suspensiones definitivas relacionadas con la reforma judicial.
El jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia aplazó la discusión del proyecto para resolver el conflicto entre los jueces federales, que ordenaron suspender la elección judicial, y el Tribunal Electoral, que sostiene que los amparos no pueden suspender un proceso electoral.
El INE validó la elección judicial federal y entregó constancias a las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera