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Son de dominio público los datos de la alarmante e inadmisible situación de las carreteras de nuestro país y de los accidentes en ellas, que han aumentado en todo el territorio nacional en lo que va de este sexenio. En 2021, a poco más de dos años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comenzara a gobernar, se reportaron 15 mil accidentes carreteros (41 por día), cifra equivalente a un aumento del 22 por ciento con respecto a la que registró en 2018.
Lo más grave es que los accidentes se han incrementado, como lo reconoció la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) del gobierno actual, que intenta justificar el abandono de la infraestructura vial con el argumento de que falta personal para verificar el estado de los vehículos de autotransporte; que no se han contratado más médicos para examinar a los choferes y, sobre todo, que no hay recursos financieros para reparar las básculas descompuestas que pesan los camiones de carga.
Lo más preocupante de este asunto es que muchos de los accidentes provocan la pérdida de vidas humanas. En 2021 fallecieron tres mil 298 personas y otras ocho mil 217 resultaron lesionadas, además de ocasionar la “pérdida” de más de 80 millones de dólares (mdd) –unos mil 600 millones de pesos (mdp)– según el Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales, del Instituto Mexicano del Transporte (IMT).
También se ha publicado la versión de que algunos funcionarios advirtieron consecuencias negativas cuando se anunció que el Gobierno Federal aplicaría una reducción del 28 por ciento en el presupuesto destinado al mantenimiento carretero de 2021, porcentaje equivalente a 10 mil mdp.
Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el medio informativo Animal Político sobre los presupuestos ejercidos por la Dirección General de Conservación de Carreteras, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y los Centros SICT en los estados, detalla que, en 2018, el gobierno invirtió 31 mil 468 mdp; que en 2019, su gasto fue de 38 mil 389 mdp (22 por ciento más); pero que su presupuesto ya no se incrementó, pues en 2020 fue de 26 mil 500 mdp; en 2021 disminuyó a 21 mil 300 mdp; en 2022 únicamente se ejercieron 22 mil 569 millones; y se prevé que en 2023 dispondrán de 31 mil 983 millones, cifra similar a la de 2018.
Esto quiere decir que los únicos incrementos en la red carretera de México se han producido en el número de colisiones, personas heridas y fallecidas, vehículos siniestrados y daños materiales. Hasta noviembre de 2022 se habían registrado 15 mil 20 accidentes que cobraron la vida de tres mil 298 personas y provocaron lesiones a ocho mil 217. ¿Por qué AMLO destinó menos dinero a esta infraestructura vital para los mexicanos y su economía? ¿No le importa la seguridad de las vías de comunicación por donde transitan millones de personas y se mueven miles de millones de mercancías?
Los cuatro años de gobierno morenista han sido trágicos para la infraestructura carretera y ahora, cuando el país se halla en un proceso de “normalización” después la crisis sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, no se vislumbran cambios en sus políticas erróneas en materia socioeconómica, como se advierte en el caso de la infraestructura carretera, que a su mal estado físico se suma la inseguridad generada por los grupos delictivos comunes y organizados.
De este abandono criminal de las carreteras mexicanas (el promedio diario de muertes por accidente es superior a 50), los culpables no son otros que el Presidente y sus pésimos colaboradores que, mediante la aplicación de la supuesta “austeridad republicana”, están destruyendo a nuestro querido México. Por el momento, querido lector, es todo.
Según el Inegi, hay 17 millones de mexicanos que no tienen empleo, 48 millones están subempleados o trabajan menos horas de las que tienen disposición; y el 56 por ciento de los mexicanos “empleados” está en el sector de la informalidad.
La escalada delictiva en México avivó el afán geopolítico de Estados Unidos (EE. UU.) por relanzar su política injerencista en el país. Primero ofreció “coadyuvar” en una guerra contra el narcotráfico, en la que pretende desplegar militares.
Entre los organismos “onerosos, (que) no sirven para nada, no le sirven al pueblo”, a creencia de AMLO, están el INAI, la Cofece, la CRE y el IFT, por mencionar sólo algunos.
Nadie debe extrañarse que la clase explotadora de EE. UU., modelo de todas las clases explotadoras del mundo, adopte drásticas medidas que parecían ya estar abolidas, como la explotación infantil.
Más de una vez el Presidente ha dicho que no encabeza un simple cambio de régimen sino una revolución. Pretende justificar así el autoritarismo represivo de su gobierno llamándolo “dictadura revolucionaria del pueblo”.
A unas horas de arrancar las campañas, Jesús Zambrano, líder del PRD, exigió al INE poner sobre la mesa la discusión sobre el protocolo necesario de seguridad para los candidatos.
Lo que advierte la Carta Magna no aplica en la realidad nacional, porque buena parte de la niñez y la adolescencia de México trabajan.
Aquellos que no hayan obtenido una asignación deberán revisar, del 5 al 12 de agosto, el portal para conocer los planteles con espacios disponibles.
En 2019 sumó 37.5 millones, 42.7 millones en 2020 y 39.8 millones en el tercer trimestre de 2021.
Identifican a cinco funcionarios activos y a un exsenador de Morena vinculados presuntamente con cárteles.
Murió este primero de marzo la actriz Irma Serrano, más conocida como “La Tigresa”, a los 89 años de edad.
El Estado no activó medidas preventivas, pese a las denuncias por amenazas de muertes que recibieron las víctimas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud una de cada cuatro personas en el país presenta un trastorno mental.
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La Conagua reportó que en el Estado de México 52 municipios enfrentan una condición de sequía severa.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).