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La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó 1.9 millones de personas desocupadas en 2018; 2.1 millones en 2019; 2.7 millones en 2020 y 2.4 millones en 2021. En el análisis de estos datos se evidencian dos aspectos importantes: que en 2019 se sumaron al desempleo 213 mil personas y que no se debió a la pandemia de Covid-19; y que en el tercer trimestre de 2021 los niveles de desempleo son superiores en términos absolutos a los de 2018, 2019 y 2020. Es innegable que el retroceso en la generación de empleos viene de 2019 y que la tasa de desempleo actual no se explica completamente por la pandemia sino principalmente por la falta de una política económica dedicada a la recuperación del crecimiento. Recordemos que en 2019 el Producto Interno Bruto (PIB) cayó el 0.1 por ciento; y que esto se debió a la caída de la inversión pública y privada.
Ésta tuvo su causa, a su vez, en la política de austeridad en el gasto público del Gobierno Federal, que castigó especialmente a la inversión física y, asimismo, a su actitud hostil hacia la inversión privada. En 2019, la inversión física pública cayó el 11.8 por ciento en términos reales con respecto a la de 2018 (El Economista, 18 de febrero de 2020). La inversión privada en proporción al PIB ha caído desde 2019 y no se ha recuperado: en 2018 representó el 19.3 por ciento del PIB, 17.9 por ciento en 2019, 15.3 por ciento en 2020 y 16.5 por ciento hasta el segundo trimestre de 2021 (México ¿cómo vamos?, 20 de septiembre de 2021).
Pero la falta de empleo no solo se advierte en el número de desocupados. El comportamiento de la Población No Económicamente Activa (PNEA) evidencia también la carencia de empleos. Este grupo está compuesto por personas en edad de trabajar, pero no participan en el mercado laboral. Es decir, no trabajan ni está en sus planes hacerlo. En este segmento hay estudiantes, pensionados, jubilados, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, ancianos, etc. La PNEA ahora se encuentra muy por arriba de los niveles de 2018, año en el que sumaba a 37.5 millones de personas. En 2019 sumó 37.5 millones, 42.7 millones en 2020 y 39.8 millones en el tercer trimestre de 2021; de estos últimos, 7.8 millones están en la posibilidad de trabajar pero no buscan trabajo ni lo aceptarían si se les ofreciera (Inegi, 2021). Lo anterior confirma la hipótesis de que el incremento de la PNEA se debió a que muchos ya no buscan trabajo debido a que no esperan encontrarlo.
Otro indicador más, la subocupación, exhibe la insuficiencia de empleo. La población subocupada es la que tiene necesidad de trabajar más tiempo y busca un empleo complementario del que tiene, o un empleo con más horas de trabajo. Según el Inegi, 3.8 millones de personas se encontraban en esta condición en el tercer trimestre de 2018, 43 millones en 2019, 8.6 millones en 2020 y 7.2 millones en 2021. Como se ve, la subocupación aumentó considerablemente desde 2019, cuando la tasa de subocupación se colocó en el mismo nivel de la de 2016 (7.8 por ciento de la población ocupada). La tasa de subocupación actual es del 16.9 por ciento.
Las medidas sanitarias de confinamiento y el cese de actividades no esenciales eran necesarias. Pero pese a su implementación, las graves afectaciones sobre el empleo, así como la falta de crecimiento económico, pudieron disminuirse si se hubieran previsto para, por lo menos, conservar los puestos de trabajo. México se cuenta entre los países que menos medidas de protección al empleo ha tomado durante la pandemia (El Economista, dos de diciembre de 2021). Esta actitud del gobierno frente a la pandemia es reflejo de su estrategia económica en general: esperar el crecimiento económico como consecuencia de la mayor integración comercial y financiera con Estados Unidos y la dispersión de recursos públicos en la “base”. En esto consiste lo que el Presidente llama “la nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, que ni es nueva ni traerá mejores resultados para el crecimiento, aunque ahora se plantee el “bienestar”.
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Escrito por Tania Rojas
Maestra en Economía por El Colegio de México. Estudia un doctorado en Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, en EE.UU.