Al informe no asistieron figuras de alto nivel del partido oficialista ni gobernadores, excepto la mexiquense Delfina Gómez.
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El funcionamiento de las instituciones y organismos autónomos es vital para la defensa de los derechos humanos, sociales, económicos, políticos, sanitarios, educativos, ecológicos, etc., ante la posible intención de los gobiernos de negarlos o acotarlos en beneficio de intereses ajenos a los ciudadanos. Su creación fue producto de largas luchas, gestiones y acuerdos y hasta hace un lustro se habían constituido en eficientes aliados de la sociedad mexicana.
Pero con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de la República, algunos aspectos han cambiado porque el “caudillo”, quien se había comprometido a respetar las instituciones autónomas, hoy quiere demolerlas con un solo golpe o hacerse lentamente de su control mediante la inserción de sus aliados. Hasta ahora, entre sus injerencias más conocidas, destacan la de Graciela Márquez, su ex Secretaria de Economía, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; la de la exfuncionaria de Hacienda Victoria Rodríguez Veja, en el Banco de México; y la de Guadalupe Taddei, en el Instituto Nacional Electoral.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) buscó el mismo objetivo; aprovechó la facultad legal que tiene para proponer el nombramiento de tres ministros, dos que quedarían vacantes por el término de funciones y uno más por la extraña renuncia de Eduardo Medina. Fue así como infiltró a la Corte con sus allegadas: la primera fue Margarita Ríos Farjat; le siguió Yasmín Esquivel Mossa y la tercera, Loretta Ortiz Ahlf quienes, desde su incorporación al máximo tribunal, actúan como peones del “caudillo”, aun en asuntos que violentan la Constitución.
Hasta hace un año, las cosas empezaron a moverse a su favor, pues las tres ministras apoyaban sus “desbarajustes” legales e inconstitucionales. Sin embargo, en meses recientes, la ministra Ríos Farjat se desmarcó completamente del obradorato y se sumó a las decisiones de los demás ministros que no obedecen las consignas de Palacio Nacional, como ocurre con sus colegas Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf.
Por cierto, cuando se debió elegir a un nuevo Presidente de la Corte, Yasmín Esquivel levantó la mano para este cargo, confiada en el apoyo de AMLO y en la estrecha amistad que éste tiene con su esposo José María Riobóo, quien es uno de sus contratistas preferidos desde que gobernó la Ciudad de México en el periodo 2000-2006. Pero entonces se supo que Esquivel Mossa había plagiado su tesis de licenciatura, denuncia que contravino el discurso anticorrupción de AMLO; la revelación tiró tanto sus propias aspiraciones como las de éste de adueñarse de la SCJN.
Ésta es la razón por la que, desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la SCJN, comenzaron los ataques arteros y directos contra ella y los ministros que no comulgan con AMLO, quien no había previsto que muchas de sus leyes –aprobadas sobre las rodillas y “sin cambiar una sola letra” por la mayoría morenista en las cámaras de Diputados y Senadores– podían atorarse y ser rechazadas en la SCJN. Ésta es la causa de que los fanáticos de AMLO crean la versión de que la Corte es controlada por la oligarquía y bloqueen la entrada del edificio donde laboran los ministros.
Pero la campaña de desprestigio contra la SCJN no se ha limitado al uso de insultos y acusaciones no demostradas; los fanáticos obradoristas han llegado al extremo de lanzar amenazas contra la vida de la ministra Piña exhibiendo ataúdes en el plantón que mantenían frente a la sede de la SCJN, uno de los tres poderes que rigen al Estado mexicano. Pero lo más absurdo y preocupante de esta campaña consiste en que está orquestada por el inquilino de Palacio Nacional, es decir, a menos de 100 metros del sitio donde trabajan los ministros.
La inocultable y vulgar molestia del actual titular del Poder Ejecutivo se debe a que la SCJN ha desechado o vetado varias de sus polémicas iniciativas de ley, como el “plan b” de su reforma electoral o el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría del Defensa Nacional, ya que su contenido era completamente inconstitucional.
Es por ello que el presidente López Obrador ha difundido que la Corte le ha dado un “golpe de Estado técnico”, e insiste en alimentar el clima de odio contra los ministros con el propósito de doblarlos y, con ello, alterar el balance del poder en el incipiente sistema democrático de México. El pasado 28 de mayo se realizó una marcha en solidaridad con los ministros de la SCJN; pero es necesario que en este tipo de manifestaciones públicas participen millones de ciudadanos para que se sientan mejor respaldados y no dejen caer nuestros derechos en manos de aprendices de dictadores.
AMLO es un accidente en la historia de México y así debe quedar. Defendamos a los organismos autónomos para asegurar un futuro estable en nuestro país. Por el momento, querido lector, es todo.
Al informe no asistieron figuras de alto nivel del partido oficialista ni gobernadores, excepto la mexiquense Delfina Gómez.
La iniciativa no incluye acciones para castigar a los responsables de este delito ni menciona los 177 mil millones de pesos presuntamente desviados.
El 49.1 por ciento atribuyó a López Hernández tiene responsabilidad en presuntos vínculos con un grupo criminal.
“Un polo industrial sin un entorno económico que demande sus productos termina siendo sólo un negocio inmobiliario”: Vázquez Handall.
Se emitieron 369 resoluciones, de las cuales 164, equivalentes a 44.4 por ciento, resultaron con sanciones.
La denuncia fue interpuesta ante el INE y exige suspender los eventos realizador por la presidenta toda vez que utiliza recursos públicos para llevarlos a cabo.
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El balance del primer año refleja avances limitados en la inversión energética y en el impulso de un crecimiento económico sostenido.
Se requieren alrededor de 1.2 millones de nuevos empleos al año para reducir la informalidad.
En 2024, el 57.6 por ciento de las personas acudió a estos centros, mientras que solo el 40.6 por ciento recibió atención en instituciones públicas.
Reportan gastos de más de 300 mil pesos en desayunos para funcionarios.
Los resultados de la encuesta también arrojaron que el 28 por ciento de los ciudadanos critica que Sheinbaum no tenga poder para tomar decisiones dentro de su partido.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).