El trabajo manual productivo es un elemento formador irremplazable en la educación de los jóvenes. No solo es necesario para el desarrollo más completo posible de las capacidades cognitivas sino que, además, permite a sus actores conocer la fuente de riqueza, su propia capacidad creadora, el trabajo cooperativo y el orgullo de formar parte de la clase trabajadora. Sin embargo, hay situaciones en las que el trabajo está marcado por la monotonía y la automatización de ciertas tareas, las largas jornadas de labor, la insalubridad y las condiciones leoninas de los salarios.

Si estas condiciones son adversas para un trabajador adulto, mucho más embotadoras y riesgosas resultan para la salud de los individuos que apenas se hallan en una etapa de desarrollo físico endeble, como el de los infantes. La protección a los niños, los adolescentes y las mujeres en el ámbito laboral generaron una de las primeras leyes promovidas por los gobiernos preocupados por evitar que la explotación de los trabajadores causara mayores estragos en estos segmentos sociales.

En México, originalmente se prohibía emplear a niños menores de 12 años; actualmente ésta prohibición existe para menores de 15 años; y los términos legales para contratar a jóvenes establecen edades mínimas entre los 16 y 18 años, de acuerdo con el Artículo 123° de la Constitución de 1917. Pero lo que advierte la Carta Magna no aplica en la realidad nacional, porque buena parte de la niñez y la adolescencia de México trabajan. Y esto es así porque la mayoría de esta población forma parte de familias pobres y si los chiquillos no trabajan, no comen, visten ni calzan.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2019 reveló que los mexicanos entre los cinco y los 17 años, con actividades productivas, eran más de 29 millones; que 3.3 millones de ellos ejecutaban labores prohibidas por la ley porque ponían en riesgo su salud física y mental. Es decir, que 11 de cada 100 eran niños y que cuatro de cada 11 eran menores de 14 años. Además, esa encuesta reportó un incremento de más de 100 mil menores entre 2017 y 2019.

Este incremento rompió con la tendencia a la baja que se había registrado en 2007, cuando se levantó por primera vez una ENTI. Hace unos días, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia denunció que los niños y los adolescentes de México son los sectores más golpeados por la política de austeridad aplicada en los presupuestos de egresos federales recientes; ya que, en el bienio pasado, se cerraron comedores públicos, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y se redujeron las becas para los estudiantes de educación básica.

Además de los niños, el principal blanco de estas acciones gubernamentales han sido sus familias, que forman parte de los sectores más pobres de la sociedad mexicana. Las actividades laborales de los niños no son objeto de elección propia o de sus familiares, porque la mayoría son prácticas de sobrevivencia, entre las cuales se hallan las realizadas en su propio hogar y por las que no reciben ingresos. Por ello, no es casual que el trabajo infantil se concentre en los estados más pobres del país: Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla, cuyas principales actividades son la agricultura y el comercio.

La ENTI 2019 reporta la situación que prevalecía antes de la pandemia, por lo que no podemos esperar a que las estadísticas de trabajo infantil hayan disminuido este año, ya que con la emergencia sanitaria y la negligencia gubernamental de la “Cuarta Transformación” han aumentado sustancialmente la pobreza y la desigualdad.