La ambigüedad en algunos artículos de los Lineamientos de Derechos de las Audiencias abre suspicacias para la censura.
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Michoacán castiga la apología del delito, periodistas rechazan medida
Castigarán con tres o seis meses de prisión a quien incite públicamente a cometer un delito, promueva el consumo de sustancias ilícitas o justifique estos actos.
Con 24 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó una reforma al Código Penal local para tipificar como delito la apología del crimen y la provocación a delinquir, con ello pretende frenar la impunidad de quienes promuevan o glorifican conductas delictivas en el estado.
Como parte del castigo, se establecieron sanciones de tres a seis meses de prisión para quien incite públicamente a cometer un delito, promueva el consumo de sustancias ilícitas o realice apología a estos actos.
En caso de que el delito no se ejecute, también se contempla una multa de 80 a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Periodistas rechazan nueva disposición
La ley también considera como autores o partícipes a quienes, por cualquier medio, expresen ideas, difundan imágenes o mensajes que inciten a la criminalidad o exalten a personas vinculadas con grupos delictivos, lo cual provocó el rechazo de periodistas, quienes protestaron en el salón del pleno por considerar que la disposición legal representa “una amenaza grave y latente contra la libertad de expresión”.
Además, el gremio periodístico aseguró que la reforma atenta contra la libertad de expresión, la crítica pública, la expresión artística, la participación política y la organización ciudadana.
Ante este panorama, el colectivo Periodistas Unidos anunció que emprenderá acciones legales para impugnar la reforma, al considerarla incompatible con el principio de legalidad penal, con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y con los valores constitucionales que sostienen una sociedad democrática.
Además, exigió que el Estado garantice la seguridad sin criminalizar el pensamiento ni penalizar la palabra, pues la libertad de expresión no representa una concesión del poder, sino un derecho que defenderán con toda la fuerza de su palabra.
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