La propuesta plantea una transición gradual entre 2026 y 2030, además de establecer dos días obligatorios de descanso.
Nacional
Guanajuato investiga más abortos que feminicidios; colectivos denuncian criminalización
Los municipios con más investigaciones por interrupción de embarazo son: Celaya con 44 casos; Irapuato con 30 y la capital del estado con 12.
En Guanajuato se criminaliza a las personas gestantes más que los asesinatos de mujeres, denuncian colectivos feministas, quienes, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportan que la entidad acumuló 180 carpetas de investigación por aborto, frente a 160 por feminicidio, esto desde el año 2018 hasta abril de 2025.
Además, precisaron que en 2018 se registraron 30 carpetas por aborto y en 2020 un total de 31; mientras que los feminicidios en esos mismos periodos sumaron 21 y 19, respectivamente; asimismo destacaron que los municipios con más investigaciones por interrupción de embarazo son: Celaya con 44 casos; Irapuato con 30 y la capital del estado con 12.
Cabe destacar que, en el estado de Guanajuato, el Código Penal permite el aborto en sólo dos casos, cuando no es provocado y cuando la mujer sufrió una violación. En los últimos siete años se han sentenciado a ocho personas por aborto, ninguna pena recayó sobre las féminas, pero sí sobre quienes las apoyaron.
Al respecto, Paulina Urbieta, integrante de Verde Aquelarre, lamentó la penalización social que enfrentan mujeres que deciden sobre su maternidad; además, criticó que, aunque las cifras oficiales no reflejan criminalización directa, el entorno social y legal castiga a quienes optan por interrumpir un embarazo.
La activista cuestionó que el derecho a ejercer la objeción de conciencia tenga reconocimiento, mientras que el derecho a practicar abortos seguros se mantenga sin protección.
Actualmente, solo una clínica en todo el estado, ubicada en Celaya, cuenta con servicios de aborto seguro, situación que deja sin acceso real a personas de otros municipios, donde la estigmatización y el temor a consecuencias legales inhiben a médicos de prestar este servicio.
Según el Código Penal de Guanajuato, la mujer que consienta un aborto puede recibir entre seis meses y tres años de prisión, además de multas; además, quienes lo practiquen con su consentimiento enfrentan sanciones mayores y la cancelación de su cédula profesional.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.