Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
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A tan solo unos días de que se realicen los plebiscitos para elegir al presidente de la junta auxiliar de Olomatlán, perteneciente a Tecomatlán, Puebla, integrantes del Movimiento Antorchista denunciaron las ilegalidades cometidas por la planilla del partido Morena “Unidos X Olomatlán”, algunos de cuyos integrantes están comprando votos, agrediendo a quienes no piensan como ellos en torno a las votaciones y han amenazado de muerte a quien será presidente de la mesa receptora de votos.
En conferencia de prensa, Sara Yolanda Reyes Hernández condenó las acciones de personas y funcionarios públicos afines a la planilla “Unidos X Olomatlán”, en específico del diputado morenista Pavel Gaspar, luego de que a inicios de semana llegara a reunirse con personas de Olomatlán para que sigan desestabilizando el proceso: como la amenaza de muerte contra quien será el presidente de la mesa receptora de votos.
Esa amenaza, hecha de forma personal en el trabajo del que será el próximo presidente de la mesa receptora de votos, también se la hicieron mediante una publicación en la red social Facebook, en un comentario del usuario Alex Castelán, quien escribió en una publicación del perfil “Pueblo Olomatlán”: “Nomás digan y le damos piso”, como se dice en el lenguaje del crimen. Y sostienen que impedirán que ejerza su función el domingo 26 de enero.
Además, “el día 8 de enero, estuvieron repartiendo tinacos, láminas en la comunidad de La Unión que pertenece al municipio de Tecomatlán y que fue una prueba a todas luces de que fue solo para los integrantes de Morena. A esa entrega llamaron a la gente de Olomatlán, porque para ellos eran esos apoyos”, señaló.
Expresaron su preocupación por la seguridad de los ciudadanos, así como de los candidatos, toda vez que se han registrado amenazas en la página de Facebook “Pueblo Olomatlán”, a cargo del representante de la planilla “Unidos X Olomatlán”, donde se incita a la gente a la violencia.
“Estamos preocupados porque están intimidando a la gente en sus casas y a través de publicaciones de las redes sociales. El diputado Pávez Gaspar fue a Olomatlán acompañado por Alonso Aco, un cacique de la Sierra Norte de Puebla, y a quien la prensa ha señalado como autor intelectual del asesinato de Manuel Hernández Pasión, presidente de Huitzilan de Serdán, en octubre de 2017. Morena está llevando a Olomatlán a caciques y a gente que la prensa poblana ha señalado como autor intelectual de asesinatos”, afirmó el líder antorchista Luis Enrique González Soto.
Diputado Pávez Gaspar junto con el cacique de la Sierra Norte de Puebla, Alonso Aco, en una reunión con habitantes de Olomatlán.
Los que están haciendo las amenazas de muerte en Olomatlán están plenamente identificados y tenemos pruebas contra ellos muy claras, mismas que serán usadas ante la justicia en caso de que algún ciudadano de Olomatlán sufra un atentado o sea agredido.
“Si hay heridos o muertos en este proceso, todo el antorchismo en el estado exigirá cárcel para los criminales e iniciaremos una lucha contra los agresores y contra quienes están dándoles ánimos para ejercer violencia, sean diputados o sean caciques”, dijo Luis Enrique González Soto.
Los habitantes de Tecomatlán pidieron a las autoridades garantizar un ambiente de paz en los comicios del domingo 26 de enero. “Con mucho respeto, le pedimos al gobernador Alejandro Armenta que garantice paz y seguridad en las elecciones de este fin de semana. Él puede hacerlo para bien de la población. Es muy temprano en el gobierno del Doctor Alejandro Armenta para que se desate la violencia y eso no le conviene ni al gobierno ni a la ciudadanía”, dijo Soraya Córdova, líder de Antorcha en la capital poblana.
“Nosotros sí vemos la necesidad de que el gobierno intervenga para que haya seguridad en las elecciones, desde el momento en que se abran las casillas, hasta el momento en que se del resultado final de la elección”, dijo.
Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
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Escrito por Redacción