La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Foto: Internet
En la comunidad El Pozo, San Juan Chamula, cuatro mujeres tzotziles fueron encarceladas por autoridades comunitarias por negarse a donar terrenos donde se encuentra un manantial que abastece de agua a los más de dos mil 500 habitantes.
Pobladores indicaron que la detención se registró cerca del medio día de ayer jueves 21 de agosto, durante una asamblea en la que las autoridades de la comunidad obligaron a las cuatro mujeres a firmar documentos, en los cuales otorgaban los derechos de predios donde se localiza la fuente del vital líquido.
Tras ser encarceladas en la prisión comunitaria, fueron liberadas tras la intervención de la Fiscalía de Justicia Indígena, quienes iniciaron una carpeta de investigación por este hecho.
Este caso se suma a otro reciente en la región, donde dos mujeres diabéticas fueron encarceladas por más de 48 horas en el Ejido de Hidalgo, municipio de las Margaritas en la región de la Selva Lacandona, presuntamente por una deuda que ya había sido pagada.
La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
Los estados más afectados son: Chihuahua, Jalisco y Chiapas.
La subdirectora señaló que los tres alumnos implicados ya fueron canalizados al DIF de Chalco para recibir atención psicológica.
Especialistas recomiendan reforzar el monitoreo geoquímico para mejorar la interpretación de datos y emitir alertas tempranas ante una posible erupción.
Los documentos aparecen registrados en el Sistema Integral de Impresión de Actas y cuentan incluso con CURP certificada.
El operativo concluyó con la detención de cuatro presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.
Pese a la destitución, el funcionario se negó a dejar su cargo.
Si el problema continúa, podría superar las 25 mil muertes anuales en 2030, un 279% por encima de lo proyectado por ONU.
La máxima casa de estudios confirmó su liderazgo al mejorar en varias áreas de humanidades.
La decisión se dio en medio de un contexto de presiones políticas de EE. UU. hacia los aliados del gobierno cubano.
Tijuana tiene una tasa de 138 homicidios por cada 100 mil habitantes, razón por la que ocupa el primer lugar del ranking mundial.
Este plan contempla un fondo de dos mil 223 millones de pesos para remediación ambiental, sin embargo, los afectados contemplan 20 mil millones.
Especialistas señalaron que la molestia principal radica en la falta de coherencia entre las promesas de combatir privilegios y corrupción.
Aunque se crearon más de un millón de puestos de trabajo, la informalidad laboral también creció.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.