El capital construye casas cuando le rinden al menos lo que otro negocio, sin importar cuánta gente las necesite.
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Este lunes 19 de enero de 2026, manifestantes bloquearon los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, para exigir que se mantenga el Artículo 60, el cual limita los desalojos forzados.
Durante la protesta, Eduardo Alanís, integrante del Frente Anti-Gentrificación, denunció presuntos fraudes en juicios de desalojo, así como la falta de protección institucional para las familias en situación de vulnerabilidad.
Aunque el Artículo 60 fue derogado en 2019, actualmente la ministra María Estela Ríos González impulsa un proyecto que busca validar su eliminación definitiva. De acuerdo con los manifestantes, dicho artículo establecía que los desalojos forzados solo podían realizarse en casos excepcionales y garantizaba derechos fundamentales a las personas afectadas, entre ellos el derecho a no ser discriminadas, a recibir indemnización por pérdidas materiales e inmateriales y a contar con una audiencia ante un juez.
Asimismo, obligaba a las autoridades a realojar a las personas desalojadas en un radio no mayor a 15 kilómetros de su lugar de origen.
En este contexto, los inconformes advirtieron que lo que está en juego es el derecho a una vivienda digna para miles de personas en la Ciudad de México, la protección de las familias vulnerables frente al poder del sector inmobiliario y la defensa del arraigo comunitario y la identidad cultural.
Ante la presión social, la Suprema Corte aplazó la discusión del proyecto, mientras los manifestantes exigen la apertura de un debate público y que se escuche a las víctimas de desalojos.
El capital construye casas cuando le rinden al menos lo que otro negocio, sin importar cuánta gente las necesite.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera