A pesar de que el Gobierno de la República intentó descentralizar algunas dependencias federales enviando sus sedes al interior del país, la Ciudad de México (CDMX) permanece como centro neurálgico; en ella se concentra parte considerable de la actividad política, económica y social; durante las últimas semanas, en esta metrópoli se han incrementado las protestas; en cinco años, entre 2021 y 2025, sumaron 25 mil manifestaciones, es decir, más de cinco mil por año; y en promedio, 13 movilizaciones diarias.

En un documento titulado Manifestación, movilidad y derechos humanos: una propuesta de aproximación desde los estándares internacionales, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), destaca el derecho tanto al libre tránsito como de las personas que se manifiestan; en torno a ello, según el documento, es como se dan las tensiones, los principales problemas o inconformidades al realizar una manifestación; también se plantea el derecho al trabajo, cuando supuestamente se ve afectado por las molestias o los retrasos; y refiere que las molestias son mayores en el ámbito del comercio, de bienes y de servicios públicos.

El análisis en cuestión aclara que la CDHCM recomienda garantizar el derecho a la movilidad y a que las personas decidan sobre sus propios movimientos y el tipo de transporte que más les convenga; además, apunta que quienes viven y transitan en la CDMX tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público (avenidas o calles) que quienes se manifiestan y ejercen su derecho a la libre expresión y manifestación; y precisa que son las autoridades las que deben supervisar acciones y planes que permitan el ejercicio de ambos derechos.

El órgano defensor de los derechos humanos establece que “frente a dichas tensiones, la actuación de la autoridad debe enfocarse en permitir el ejercicio armónico de ambos derechos; por lo que tiene el deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho a la reunión, sin arriesgar el derecho a la movilidad”; sin embargo, el documento termina ahí, no plantea las causas de las protestas, su trasfondo, cuáles son sus motivos; y tampoco cuál sería la verdadera solución para evitar las manifestaciones.

Así que la consigna: “Si hubiera soluciones, no habría marchas ni plantones”, que nunca falta en las protestas, tanto de la CDMX como en cualquier capital o ciudad del país, ya se ha convertido en un emblema y símbolo de exigencia de los ciudadanos cuyas demandas son ignoradas por las instituciones o por las comisiones de Derechos Humanos, las cuales se limitan a reportar que las movilizaciones se han incrementado.

El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales; y ahora se difunde que hay libertad de derechos: “marchen todo lo que quieran y deseen, total: ya se agotarán y cansarán”, mientras aumentan las carencias cotidianas; mientras la pobreza y marginación se profundizan debido a que los gobernantes no atienden peticiones de obras ni servicios: no hay servicios dignos de salud, educación, agua potable, luz eléctrica o drenajes; falta vivienda para millones de ciudadanos y, para colmo, el salario, a pesar del incremento nominal, todavía resulta insuficiente para proyectar una vida mínimamente digna.

Lo que el documento de la CDHCM Manifestación, movilidad y derechos humanos: una propuesta de aproximación desde los estándares internacionales señala es cierto; en promedio se realizan 13 protestas (o más) diarias; pero “olvida” mencionar que cualquier protesta es “un termómetro” que nos llama a considerar que, en México, hay malos gobernantes; que llegaron al poder con promesas de cambiar la situación del pueblo y, ya encumbrados en el gobierno, ignoran a los ciudadanos colectiva o individualmente.

Un ejemplo claro de esto son las manifestaciones realizadas por miles de mexicanos, organizados en el Movimiento Antorchista Nacional, en el Estado de México, CDMX, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Veracruz, Sonora, Sinaloa, entre otras entidades federativas durante junio y julio, protestas sociales que han sido totalmente ignoradas, sobre todo por los gobiernos emanados de las filas morenistas. Parece que el gobierno actual no está considerando que el tiempo avanza y pronto habrá elecciones y el pueblo podría no votar por ellos. Por el momento, querido lector, es todo.