En 2025 murieron casi el doble de personas de las que nacieron en la isla caribeña.
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SCJN advierte: México no puede ignorar a la ONU en casos de detenciones arbitrarias
México enfrenta un problema significativo de detenciones arbitrarias que, según la ONU, derivan frecuentemente en tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
México enfrenta un problema estructural de detenciones arbitrarias que no puede ser ignorado por las autoridades, advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al señalar que las opiniones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esta materia deben ser consideradas como criterios relevantes en la protección de los derechos humanos.
Durante una sesión celebrada este martes, el máximo tribunal del país recordó que las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU no derivan de un tratado internacional y, por tanto, no son jurídicamente vinculantes. Sin embargo, enfatizó que las autoridades mexicanas no pueden simplemente desestimarlas sin una justificación clara y fundamentada.
El pronunciamiento se dio a partir del caso de un hombre indígena que fue detenido arbitrariamente, liberado y posteriormente reaprehendido, presuntamente torturado y obligado a autoinculparse. A pesar de haber denunciado estos hechos ante el Grupo de Trabajo de la ONU, el afectado continúa privado de la libertad sin que su situación jurídica haya sido resuelta.
De acuerdo con el Grupo de Trabajo de la ONU, la detención arbitraria es una práctica generalizada en México y suele derivar en violaciones graves a los derechos humanos, como tortura, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Además, el organismo internacional ha alertado sobre el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa.
En su resolución, la SCJN estableció que, si una autoridad decide no seguir una recomendación del Grupo de Trabajo, debe explicar de manera detallada las razones de su decisión y demostrar que esta es compatible con la Constitución, los instrumentos internacionales y el marco legal aplicable.
La Corte también destacó que atender las recomendaciones internacionales es clave para armonizar la legislación nacional con los estándares globales de derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia, asegurar la reparación del daño a las víctimas y establecer políticas eficaces para prevenir y sancionar las detenciones arbitrarias.
La SCJN reiteró que el Estado mexicano tiene la obligación de analizar y responder de forma responsable a las observaciones internacionales, especialmente cuando están relacionadas con violaciones graves a los derechos humanos.
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