El Partido Comunista de Venezuela rechazó el acuerdo que contempla desarrollar 17 campos petroleros con un potencial de 65 mil millones de barriles y cuestionó la participación de Estados Unidos en el negocio energético venezolano.
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Tras comunicar oficialmente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión de retirarse del Estatuto de Roma, el gobierno de Venezuela anunció el inicio del proceso para abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), conforme al artículo 127 de ese tratado, que establece el procedimiento para que un Estado deje de formar parte del tribunal internacional con sede en La Haya, Países Bajos.
El medio teleSURtv informó que la Cancillería venezolana justificó su salida al asegurar que la Corte mantiene un supuesto sesgo geográfico en la selección de los casos que investiga, al concentrar gran parte de sus procesos en países de África y América Latina. Según la postura oficial, esta situación afecta a las naciones del denominado Sur Global y contradice el principio de igualdad ante la ley que dio origen al organismo.
Asimismo, el canciller Félix Plasencia afirmó que la actuación de la CPI ha sido utilizada como un mecanismo de lawfare, término con el que algunos gobiernos describen el uso de instrumentos jurídicos con fines políticos. En ese sentido, sostuvo que el tribunal ha contribuido a profundizar desigualdades y a vulnerar los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Además, aseguró que mantiene su respaldo a una justicia internacional que, a su juicio, sea imparcial y respetuosa de la soberanía de los Estados. Con la denuncia del Estatuto de Roma, Caracas busca dejar constancia de su desacuerdo con el funcionamiento de la Corte Penal Internacional y abrir formalmente el proceso para concretar su salida del organismo.
Cabe destacar que el anuncio del gobierno venezolano de abandonar la Corte Penal Internacional ocurre 202 días después del secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores; desde entonces, Delcy Rodríguez asumió la presidencia como encargada.
El Partido Comunista de Venezuela rechazó el acuerdo que contempla desarrollar 17 campos petroleros con un potencial de 65 mil millones de barriles y cuestionó la participación de Estados Unidos en el negocio energético venezolano.
México registró 51 nuevas acciones urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU entre marzo y septiembre de 2025, la misma cifra que Irak. En total, el organismo acumula 819 solicitudes relacionadas con desapariciones ocurridas en México.
Con el secuestro de Maduro como antecedente, el nuevo marco petrolero formaliza el control total de Washington sobre el subsuelo venezolano.
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Presuntamente, Ucrania prepara una operación con armas rusas para introducirlas a México, Colombia y Venezuela.
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Un grupo de 19 relatores y expertos de la ONU denunció ataques contra zonas residenciales, hospitales y refugios, además del desplazamiento forzado de población y las restricciones al ingreso de ayuda alimentaria en la Franja de Gaza.
Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que Washington busca provocar la "rendición" de Cuba mediante el endurecimiento de las sanciones económicas; reiteró la disposición al diálogo, pero advirtió que la soberanía del país será defendida.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.